Por María Fernanda López y Natalia Carrau (*) | Entre el 6 y el 7 de diciembre se realizó la Cumbre del MERCOSUR con la presencia de los cuatro mandatarios del bloque en Río de Janeiro, Brasil. Los días previos, 4 y 5 de diciembre tuvo lugar la Cumbre Social del bloque, un espacio de diálogo entre organizaciones y movimientos sociales que hacía siete años que no se convocaba. Pero esta no fue la única novedad ya que los anuncios previos de autoridades y mandatarios indicaban que, a pesar de las declaraciones positivas, el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR podía no firmarse en esta instancia.
Días antes de la Cumbre de Presidentes comenzaba la Conferencia de las Partes (COP) Nº 28 sobre cambio climático, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron sostuvo en rueda de prensa: “Estoy en contra del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. Es un acuerdo completamente contradictorio con lo que Lula está haciendo en Brasil y con lo que nosotros estamos haciendo. Este acuerdo en el fondo no tiene en cuenta la biodiversidad y el clima”. Cuatro días después de estas declaraciones, el mundo observó la protesta de gremialistas y trabajadores agrícolas franceses rociando con estiércol, calabazas y ramas edificios gubernamentales manifestando en contra de la política agrícola de Macron. Por más que las autoridades de la UE se muestren alineadas y presionando en un unísono por la firma de este acuerdo, algunos países como Francia nunca dejaron de colocarse a la defensiva respecto de sus propios intereses.
Pero vale la pena recordar que las voces de discrepancia con los contenidos del acuerdo son históricas, trascienden las esferas gubernamentales y surgieron primero en el MERCOSUR. Desde la esfera gubernamental, estas voces críticas volvieron a ser potentes con el regreso de Luiz Inácio “Lula” da Silva a la presidencia de Brasil. Enseguida de haber asumido la presidencia, Lula marcó fuertemente la cancha respecto a este TLC planteando la necesidad de reabrir las negociaciones, ya que en las condiciones en las que fue firmado no beneficia los intereses de su país, no respeta el derecho al desarrollo, en particular no permite impulsar la reindustrialización.
Con esta posición el nuevo gobierno de Lula ha salido al cruce de las presiones de la UE por lograr firmar y cerrar el acuerdo. También ha sido muy claro al señalar las intransigencias del bloque europeo, en particular la veta neocolonialista de las afirmaciones tanto de autoridades europeas regionales como nacionales. En respuesta a Macron, Lula, que también estuvo presente en la COP 28, planteó:
“Si no tenemos acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no se diga más que fue por causa de Brasil, y que no digan más que es por causa de América del Sur. Asuman la responsabilidad de que los países ricos no quieren hacer un acuerdo en la perspectiva de hacer cualquier concesión. Es siempre ganar más. Y que ya no estamos colonizados, nosotros somos independientes. Y nosotros solo queremos ser tratados con respeto de países independientes que tenemos cosas para vender, y que las cosas que nosotros tenemos para vender tienen precio. Si no hay acuerdo, por lo menos que quede patentado de quien es la culpa de no tener acuerdo.”
El domingo 4 de diciembre, el Comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, quien tenía previsto asistir a la Cumbre del MERCOSUR, cancela su viaje dejando en claro que la firma del TLC en la Cumbre ya no era un atractivo para hacerse presente.
Lo que también queda patentado con este desenlace es que la relación “histórica” de la UE con el MERCOSUR y con América Latina y el Caribe es traída como un aspecto positivo, casi siendo parte de un imaginario postcolonial. Sin embargo, esconde un residuo profundamente colonial y una sobrevaloración del papel de la cooperación de la UE para el desarrollo de nuestra región. Esto no solo se puede apreciar en las presiones y las formas en que se expresaban estas presiones del bloque europeo hacia el MERCOSUR. También se ve reflejado en los propios contenidos del acuerdo.
Te puede interesar: El modelo, la inserción internacional y el ambiente en el MERCOSUR: el gobierno de Lula como oportunidad
Un acuerdo que niega la industrialización y profundiza la injusticia ambiental
Como se viene insistiendo de parte de organizaciones y movimientos sociales tanto de la región del MERCOSUR como de la UE, el TLC no trata solamente de rebajas arancelarias para el intercambio de bienes. Aborda temas regulatorios detrás de las fronteras, como el comercio de servicios, el comercio electrónico, las compras públicas o la propiedad intelectual. Estos capítulos comprometen la capacidad regulatoria de los Estados. La evolución de las agendas de libre comercio han impuesto la liberalización de sectores estratégicos de la economía a través de restringir la capacidad del Estado de regular el mercado y sectores económicos y de implementar políticas públicas.
Siendo que uno de los objetivos promovidos por los defensores de este TLC fue siempre mejorar la colocación de productos de la región en el mercado europeo, los contenidos de lo que se conoce del TLC UE-MERCOSUR ni siquiera permiten afirmar que se aumentarán las exportaciones agrícolas-ganaderas con la entrada en vigencia del acuerdo. El comercio basado en bienes agrícolas, fundamentalmente las exportaciones de carne, constituye de los principales productos de exportación de la región. Las cifras que fueron divulgadas en 2019 (al momento del anuncio de la firma y cierre de las negociaciones y que no se han actualizado hasta hoy) no mostraban un aumento de la oferta que la UE ya había presentado en 2004. Por tanto, incluso en términos de bienes agrícolas este acuerdo era y sigue siendo, sobre todo, un mal acuerdo.
Resulta central recordar que el aumento de las exportaciones, la diversificación de la matriz productiva exportable y la mejora de la balanza comercial han sido y siguen siendo argumentos para promover este tipo de instrumentos comerciales. Las experiencias de los TLC que la UE firmó con otros países de la región como Chile y México nos enseñan que estos, más que argumentos, son mitos. La balanza comercial de estos países no mejoró después de la entrada en vigencia del TLC con la UE. En términos generales, tanto Chile como México continúan vendiendo el mismo tipo de productos con escaso valor agregado a la UE y lo que importan del mercado europeo sigue siendo mayor que lo que exportan, según información presentada en el Webinario regional ¿Qué nos dejaron los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea en la región? Experiencias de México, Chile y Colombia, organizado por REDES-Amigos de la Tierra Uruguay en octubre de 2023.
Los procesos de renegociación de los TLC con la UE también nos enseñan sobre la astucia de Europa al introducir “cláusulas progresivas” en sus tratados que plantean una suerte de renegociación obligada cada una serie de años de vigencia del acuerdo. Chile acaba de confirmar la renegociación de su TLC con la UE y México está en negociación del mismo. La UE le llama “modernización” a aumentar la agresividad de las condiciones de negociación y de los compromisos del tratado. Los Estados se comprometen a un nuevo ciclo de corset para su capacidad y derecho a regular.
Desde el punto de vista de nuestros países en la región, el acuerdo no solo es visto como perjudicial por las magras cuotas ofrecidas por la UE. Argentina sería uno de los países más golpeados por el posible impacto en la industria automotriz a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo. El sector automotriz y autopartes es sobre todo fuerte entre Argentina y Brasil aunque Uruguay se ha sumado en algunos eslabones de esta cadena con productos específicos con valor agregado.
Se puede decir que el sector es parte de una política regional industrial que cuenta con protección arancelaria al ser un sector estratégico (genera empleo e introduce valor agregado) y cuenta con regulaciones nacionales. Los acuerdos en este sector no son perfectos pero permiten evaluar el valor y peso que tiene pensar en términos de política industrial regional, sobre todo si lo evaluamos con vistas a la transición energética que urge y en donde el transporte será uno de los sectores claves. Varios estudios concluyen que al ser la UE altamente competitiva en este rubro, el impacto negativo del acuerdo en este sector sería significativo desplazando el comercio intraregional existente entre Argentina y Brasil.
Siguiendo con Argentina, otra de las principales preocupaciones fue siempre el impacto en general en el sector industrial-manufacturero y en particular en el empleo. Algunos estudios (Treacy, M. Los eventuales impactos del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Un abordaje crítico de los efectos económicos, ambientales y de género, 2022) señalan que la pérdida de empleos industriales podría alcanzar los 186.000, es decir el 11% del total de empleos en el sector manufacturas. Incluso el gobierno saliente de Alberto Fernández reconoció luego de concluida la Cumbre del MERCOSUR los impactos negativos del acuerdo. El ex canciller argentino, Santiago Cafiero afirmó el 5 de diciembre que el acuerdo “es una escalerita para bajar aranceles y lo único que provoca es poner en riesgo la industria nacional y la del MERCOSUR”. Retomó la crítica de Lula de no ser un acuerdo balanceado subrayando que Argentina “no va a firmar un acuerdo que incremente las asimetrías”.
En el caso de Uruguay, el acuerdo no sólo no promovería el desarrollo industrial sino que profundizaría la inserción periférica y primarizada del país. El top 3 de la matriz está basado en la soja, la pulpa de celulosa y la carne con diferente orden y volumen dependiendo del año. Dos de estos rubros -soja y celulosa- señalados fuertemente también por sus consecuencias en términos de justicia ambiental. La insustentabilidad del modelo del agronegocio sojero y forestal es un problema regional. Diversos estudios señalan las formas en que el cambio en el uso del suelo a partir de la expansión de los monocultivos forestales y sojeros está impactando profundamente en todo el mundo. Los impactos no son simplemente la modificación del paisaje rural. Por el contrario, estamos hablando de un modelo que expande la emisión de CO2 a la atmósfera, degrada los suelos, afecta la capacidad de cosecha de agua y contamina el agua, provoca la pérdida de biodiversidad entre otros impactos. Esos impactos refieren en este caso a Uruguay, pero es posible trasladarlos a la región ya que el bioma pampa caracterizado por los pastizales es compartido con países de la región y es el que se ha visto más arrasado producto de la expansión de los monocultivos sojeros y forestales.
El bioma pampa que los países del MERCOSUR comparten está bajo riesgo y con este también está en riesgo nuestro futuro. La sequía compartida en la región entre 2022 y 2023 tiene que entenderse como parte del fenómeno del cambio climático pero mediado y profundizado por los efectos que el modelo productivo tiene en nuestros pueblos, territorios y naturaleza.
El TLC con la UE no modifica este modelo productivo en ninguno de los países socios del MERCOSUR y tampoco nos ofrece un camino para modificarlo. En Uruguay el sector lácteo en particular es uno de los rubros señalados por todos los análisis como un claro perdedor con el acuerdo. En los últimos tiempos la UE ha pasado de proteger su sector lácteo para el mercado regional propio a presionar por la apertura del mercado del MERCOSUR para sus lácteos. La industria láctea europea es beneficiaria de subsidios y posee una producción excedentaria que se destina a la exportación. De hecho se considera a sí misma como la mayor exportadora mundial de quesos y leche desnatada en polvo. Uruguay sería el país más afectado por el acuerdo en este sector en particular. El antecedente de Colombia en la negociación del TLC con la UE es un buen ejemplo de esto ya que se ejerció mucha presión para proteger al sector lácteo colombiano previendo el efecto que la industria láctea europea tendría en el mercado nacional.
La situación de Brasil es similar en cuanto a la reprimarización de la economía y se agrega la preocupación por la importación indiscriminada de agrotóxicos asociados al agronegocio. Pero además muchas empresas transnacionales europeas aprovechan la debilidad de las políticas de regulación de agrotóxicos en nuestra región para aumentar sus ventas. Amigas de la Tierra Brasil resalta que doce sustancias activas para plaguicidas que no están autorizadas en la UE están presentes en productos agrotóxicos que las empresas BASF y Bayer exportan a Brasil.
Brasil es un país emblemático sobre cómo los ataques a la democracia están vinculados con la desprotección ambiental. El ascenso del agronegocio se expresa en los territorios con el avance de la contaminación, la degradación de los suelos y, sobre todo, por el aumento de la violencia contra pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la extensión de tierras en conflicto viene aumentando desde 2015. La CPT también señala que en el primer semestre de 2022 registró 759 conflictos en el campo brasilero que involucran 113.654 familias. Gran parte de estos conflictos están relacionados con el uso de agrotóxicos. Es decir que los agrotóxicos tienen efectos en la salud de las comunidades, en los territorios, en la producción agroecológica y en los medios de vida de estas personas y constituyen también un factor que aumenta la violencia. En 2019, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en Brasil llamaron insistentemente la atención sobre la importación indiscriminada de agrotóxicos y el desmantelamiento de la protección ambiental que el gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro propició. De hecho, la alerta respecto a esta situación fue uno de los factores que provocaron el freno al cierre de las negociaciones en el bloque europeo.
Llama la atención que la alerta europea sobre un gobierno negacionista como el de Bolsonaro no se volviera a desplegar con fuerza con el triunfo de Javier Milei en Argentina, reconocido en su campaña electoral por declaraciones negando el cambio climático y por considerar que la cuestión ambiental al igual que la justicia social pueden ser sometidos a los designios del mercado.
Y aunque hoy corresponde celebrar que el TLC no se haya firmado en la Cumbre del MERCOSUR, el riesgo sigue existiendo ya que a pesar de la virulencia con la que Milei se refería a la región y los ataques dirigidos al gobierno de Brasil, una vez asumido el gobierno, los tonos se comienzan a ajustar y aquellas promesas esgrimidas al calor de la campaña se diluyen. Ya no se pronuncian insultos y agravios a mandatarios de países de la región y del mundo y tampoco hay un simple “dejar hacer al mercado” en términos de negociaciones comerciales. Quizás la pregunta más urgente al respecto es qué impacto tendrá en la región las medidas radicales y empobrecedoras que Milei está imponiendo en Argentina. Y también, cómo se responderá desde la región.
Nada sin los pueblos
El freno a la firma del TLC con la UE no fue el único hito de esta Cumbre del MERCOSUR. Luego de siete años, el MERCOSUR retomó la convocatoria a la Cumbre Social, un espacio de debate y conversación amplia con organizaciones y movimientos sociales, con el potencial de institucionalizar un canal para el diálogo político, para la incidencia en las políticas públicas regionales y el fortalecimiento de la región
La participación resulta una demanda central de movimientos sociales en la región. Una demanda que es dirigida tanto a la institucionalidad (mecanismos efectivos, transparentes y claros para que esa participación sea posible) como también a los actores gubernamentales y las fuerzas políticas (la definición de la representatividad, el respeto por la autonomía de los movimientos sociales, el reconocimiento de los sujetos políticos de los cambios y las voces sociales en la hechura de políticas públicas).
Existen diversas e históricas tensiones en este sentido: cómo se participa, qué institucionalidad se crea para esta participación, como se garantizan las condiciones para que esa participación sea posible, qué sujetos políticos deben estar presentes, cuáles son los interlocutores legitimados y representativos para dar estos debates, qué se pone en discusión y cómo se garantiza la escucha y la incorporación de las demandas.
La Declaración de los movimientos sociales participantes en la Cumbre Social refleja la centralidad de estos debates: “Necesitamos retomar, evaluar y avanzar en la construcción de procesos de participación social en el MERCOSUR, asegurando la institucionalización de espacios y mecanismos, con financiamiento que aseguren condiciones efectivas de participación para la diversidad de voces y movimientos de la región. De tal manera que la dinámica de participación no sea vulnerable a cambios de situación y correlación de fuerzas y no esté sujeta a decisiones autoritarias u ocasionales de algunos gobiernos antidemocráticos.”
A los gobiernos les queda incómoda esta demanda de abrir a la participación de las organizaciones y movimientos sociales. Es un lugar incómodo porque hay interpelación con una perspectiva real de lo que atraviesan en el presente los sectores populares, los trabajadores formales y los trabajadores excluidos. Hay demandas, hay críticas, hay propuestas a las que responder. Al mismo tiempo, estos espacios habilitan también la construcción democrática y la incomodidad debe entenderse como parte de esa construcción. Incomodar gobiernos con la participación de movimientos sociales abre el espacio a ajustar procesos, a la crítica constructiva, al reconocimiento de errores y a una escucha activa que selle procesos de transformación social profunda.
La demanda por participación, transparencia y por procesos realmente democráticos es histórica en el campo de las relaciones comerciales y en muchos otros. Es una demanda que viene creciendo y pasa a ser grito cuando se instalan procesos profundamente regresivos, autoritarios y antidemocráticos. En cualquier caso, todos los movimientos sociales están planteando lo mismo: no se pueden tomar decisiones sobre la vida de las personas sin que esas personas estén involucradas, participando y siendo escuchadas de manera activa.
El mediano y largo plazo de la integración regional y lo común
El futuro de la región es aún una hoja en blanco y al mismo tiempo tiene en la integración regional muchas pistas con caminos a tomar. Claro que los caminos a tomar que ofrece la integración regional parten de una determinada perspectiva política. La integración regional es efectivamente un camino a tomar para quienes apuestan a un proyecto de transformación social profundo, con derechos humanos, con justicia, con participación, con solidaridad, con políticas públicas regionales y con respuestas emancipatorias a las transiciones que enfrentamos.
Los movimientos sociales de la región han marcado en el pasado el camino al respecto de esto. Se han encontrado en alianzas críticas por la integración regional e integración de los pueblos y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Desde estas alianzas se comparten desafíos y caminos posibles de integración desde una mirada que pone en el centro la sostenibilidad de la vida, el trabajo digno, la justicia ambiental, social y económica.
Así, fortalecernos como pueblos y fortalecernos en nuestras herramientas de lucha significa fortalecer la mirada regional, las políticas públicas regionales, la articulación de estrategias comunes para enfrentar las transiciones que hoy caminamos. La apuesta a la integración regional implica recuperar lo común que compartimos. Esto “común” no es simplemente la suma de lo que se repite en la realidad de cada uno de nuestros países y pueblos. Es mucho más que eso, es lo común en el sentido de lo co-dependiente y de lo interconectado. Es lo común también en el sentido de lo que enfrentamos porque las fronteras geográficas no aíslan derechas rancias y nostálgicas del pasado autoritario y porque las fronteras son permeables y los proyectos empobrecedores se filtran y nos llegan a todos.
La historia ha mostrado innumerables veces que las fuerzas que hacen posible los cambios son diversas, integradas, articuladas y construidas en base a síntesis y con las contradicciones que nos atraviesan. En el presente esto es un llamado a más unidad, más construcción programática, más síntesis política, más pienso estratégico en clave de integración regional y más diálogo con los pueblos.
Te puede interesar: Acuerdo Unión Europea-Mercosur: la gran estafa
* María Fernanda López integra Tierra Nativa-Amigos de la Tierra Argentina.
* Natalia Carrau integra REDES-Amigos de la Tierra Uruguay