Por Claudio Lozano* | Se cayó la Ley Ómnibus y, por cierto, es un hecho auspicioso. Esa era una de las herramientas con las que Milei pretendía alcanzar la suma del poder público para impulsar una verdadera reforma constitucional sin cumplir los pasos que la Constitución establece para este objetivo. Pero la otra herramienta en la misma dirección que impulsó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mantiene su absoluta vigencia.
Dicho DNU incluye la totalidad de las emergencias que se discutían en la Ley Ómnibus y que el Poder Ejecutivo estableció y que hoy están vigentes, y a la vez le otorga superpoderes al Presidente de la Nación para gobernar por decreto y sin el Parlamento Nacional.
Por lo tanto, la tarea prioritaria del Congreso Nacional es la de autoconvocarse para rechazar un decreto inconstitucional por donde se lo mire que avasalla la división de poderes y hace desaparecer el rol del Parlamento en la vida democrática de la Argentina.
A la vez, es también la hora de que la Justicia salga de la siesta en la que se encuentra (salvo honrosas excepciones) y haga el control de constitucionalidad que le corresponde y termine con un decreto de necesidad y urgencia cuyo único objeto es legalizar un verdadero golpe en el propio seno de las instituciones democráticas.
La tarea política de la hora es generar las condiciones de organización, debate y movilización política de la comunidad para que podamos garantizar voltear, del mismo modo que ocurrió con la ley ómnibus, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023.*Presidente de Unidad Popular (UP), ex diputado nacional y ex director del Banco Nación. Recientemente ha denunciado penalmente, junto a otros referentes, a la vicepresidenta Victoria Villarruel por estar “incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU”, sesión que han solicitado ya hace dos semanas cinco senadores. De esta manera, dice la denuncia, “obstaculiza el mandato constitucional y la Ley 26.122 de tratamiento inmediato del DNU”.