Por Néstor Espósito | La motosierra selectiva y direccionada hacia abajo del presidente Javier Milei puso en jaque al Poder Judicial. Esa “casta” podría quedarse sin recursos para pagar los sueldos en los próximos meses. Milei repite todo el tiempo que “no hay plata”. Con esa consigna que le permitió hachar salarios de trabajadores registrados y de jubilados y propiciar una brutal transferencia de recursos desde los sectores más humildes hacia los más poderosos, ahora pone en riesgo la actividad judicial.
Cierto es que, tal vez, no sea tan malo después de todo.
El tema presupuestario ya ha generado conversaciones (en tono de preocupación) en el Consejo de la Magistratura. El cuadro de situación indica que si se toma como prorrogado el Presupuesto 2023, sin las decisiones administrativas que lo complementaron, y la inflación continúa con valores de entre el 15 y el 20 por ciento en los próximos meses, el dinero alcanza para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial hasta abril próximo.
En términos concretos, “con el Presupuesto del 2023 a secas lo que hay aguanta hasta abril de este año”, graficó una fuente del Consejo. Pero los salarios en el Poder Judicial no permanecen estáticos ante la galopante inflación. Se actualizan con aumentos que reclaman los gremios y la Corte, a veces un poco remolona, termina concediendo. Los analistas económicos del Poder Judicial explican que cada mes que se da un aumento es un mes menos que puede durar el presupuesto. Es decir que el cálculo de funcionar hasta abril puede, incluso, ser exageradamente optimista. Y eso que abril está a la vuelta de la esquina.
Hasta hace dos años, la Corte Suprema administraba su propio presupuesto y el Consejo de la Magistratura, el del resto del Poder Judicial: juzgados nacionales y federales. Después del fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo después de 15 años de funcionamiento bajo otro formato, el presidente de la Corte y del Consejo son la misma persona: Horacio Rosatti. No es un cargo personal; si mañana el presidente de la Corte fuera otro, también encabezaría el Consejo.
Lo que sí queda claro es que ambos presupuestos ahora están en manos de una misma persona. Y eso significa una unificación –de hecho- a la hora de la interrelación con el Poder Ejecutivo, que es el que, a través de la ley de Presupuesto y mediante la Jefatura de Gabinete, provee los fondos.
En los poco más de dos meses que lleva de gestión el presidente Milei, el funcionamiento del Poder Judicial no aparece entre sus prioridades. Un síntoma de ello es que todavía no fue designado el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La semana próxima se retomarán las actividades en comisiones en el Consejo y vuelve a faltar un miembro.
Hasta diciembre pasado, eran 19 sobre 20 porque el senador Luis Juez no podía asumir hasta que la Corte le diera su aval. Lo hizo, pero entonces cambió el gobierno, el representante del anterior –Gerónimo Ustarroz- cesó en el cargo y esa silla quedó vacante.
No es un tema menor. El representante del Ejecutivo siempre fue un puente, un facilitador de diálogo en cuestiones administrativas y operativas.
¿Qué temen los “pasilleros” de tribunales? Que áreas administrativas y técnicas directamente dejen de funcionar si no se soluciona rápidamente la cuestión presupuestaria. Confían en que la sangre no llegará al río, pero por si acaso ya empezaron a evaluar alternativas y a enviar mensajes y emisarios a Balcarce 50 y a la Quinta de Olivos.