Redacción Canal Abierto | “Se terminó el jueguito político. Tomamos el toro por las astas”, aseguró el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el domingo por la noche en una entrevista televisiva, al explicar cuáles serían los aumentos que el Gobierno le otorgaría a jubilados y pensionados. Pero a las pocas horas, cuando se conoció el decreto que establecía una nueva fórmula previsional a partir de julio (y no de abril como habían adelantado) y un mecanismo de transición, los especialistas encendieron las alarmas. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, fue tajante: “Se va a tener que rectificar”, dijo, apuntando al “Messi de las finanzas”.
Y es que debido a otro decreto emitido la semana pasada, que pone un tope de ingresos totales de $204.445 para la percepción del bono de $70.000, quienes lo cobran, a medida que con los aumentos se acerquen a ese monto van a dejar de percibir la suma extra, licuando así cualquier recomposición.
Ante este panorama, ya el lunes a la tarde comenzó a circular en los medios que Economía sacaría un nuevo decreto para revertir la situación. Como explicó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA, tal como están las reglamentaciones hoy, los jubilados que cobran el bono llegarían a junio perdiendo en términos reales un 35% de su poder adquisitivo.
Las críticas también llegaron desde la política, de punta a punta del arco opositor. “La compensación porcentual que fija para abril, los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa”, fustigó Margarita Stolbizer, diputada bonaerense de HCF, el interbloque de Miguel Pichetto.
Al respecto también se manifestó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien dijo que la medida era “un atraco a los jubilados”, y Soledad Carrizo, de la UCR cordobesa. “Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado por una economía que necesita mejorar su funcionamiento”, dijo después de tildar de insuficiente el anuncio. Desde la vereda de en frente, Nicolás Del Caño (FIT-PTS), coincidió: “Por decreto Milei y Caputo vuelven a congelar en abril las jubilaciones mínimas que perciben 5 millones de adultos mayores. Volverán a cobrar $204.000. Ratifican el brutal ajuste a los que trabajaron toda su vida. El déficit cero es con el hambre de los jubilados”, señaló.
¿Qué estableció el decreto 274?
1) Cambio de fórmula: De salarios y ANSES a inflación
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dispuso que, a partir del mes de julio, los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC.
La variación que se tomará como referencia será la de dos meses antes. Así, por ejemplo, “en julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024. En agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente”, precisa el decreto en su anexo.
De esta manera, desde mediados de año, queda sin efecto la fórmula implementada por ley en 2021, que preveía aumentos trimestrales de acuerdo a un índice compuesto mitad por recaudación de ANSES y mitad por variación salarial.
2) Aumentos de transición que se absorben en junio
El decreto también estableció un mecanismo de transición entre la fórmula nueva y la vieja, que sigue vigente y se aplicará por última vez en junio. En ese lapso, o sea, en abril y mayo, se otorgaran aumentos según lo que marca el IPC pero -atención- “a cuenta” del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad en junio.
Así, como explico Eugenio Semino en declaraciones radiales, si por la ley de movilidad anterior “los jubilados ajustan 30 puntos, le van a restar los 25 puntos de estas sumas de emergencia de abril y mayo, y va a quedar 5 puntos”.
Para los que cobran el bono, a esto se suma el problema del decreto que puso el tope de $204.000, como se explicó más arriba.
3) Por último, el decreto dispone para abril un “incremento extraordinario por sobre el Índice de Precios al Consumidor”, de 12,5 % para todos los haberes jubilatorios. Este 12,5 sería el único aumento en limpio que recibirían quienes cobran el bono, entre ellos, los de la mínima, que son dos tercios del total de los jubilados y pensionados.
Las jubilaciones al freezer
A pesar de la confusión que reinó el lunes por las inconsistencias del DNU y por las contradicciones respecto a lo que el mismo Gobierno había adelantado apenas unas horas antes, los especialistas coinciden en que el anuncio no soluciona la grave pérdida salarial que vienen padeciendo los haberes previsionales desde hace años y que solo en tres meses Milei licuó en un 60%.
Según datos de marzo, la Canasta Básica de Jubilados se ubica en $685.000, y con el último aumento otorgado ese mismo mes, de 27,18%, un jubilado o pensionado que percibe la mínima cobra de bolsillo $204.445, con el bono de $70.000 incluido. Para alcanzar una recomposición, se calcula que se necesita un aumento del orden del 300%, señala Luciano González Etkin, abogado previsional de ATE, en diálogo con Canal Abierto.
Por su parte, Luis Campos, explica que, sin contar los bonos, en junio las jubilaciones estarían en el mismo nivel de diciembre de 2023, pero que a partir de ahí la nueva fórmula lo que hace es congelarlas en términos reales. “No va a perder por la inflación pero tampoco le va a ganar”, indicó.
“Esto significa freezar en niveles de diciembre de 2023, que eran un 40% más bajos que los de diciembre de 2019, y más de un 50% más bajos respecto del promedio 2012-2017. Es decir, después de la tremenda licuación que tuvieron en todos estos años, lo que hace esta fórmula es congelar los haberes en esos niveles que históricamente son muy bajos”, analizó el especialista en temas laborales.
Para González Etkin, el mayor problema de la nueva fórmula tiene que ver con el desenganche de las jubilaciones respecto de los salarios. “Primero, porque la jubilación es salario diferido, producto de la lucha de los trabajadores. Entonces, si los trabajadores logran mejoras en su Convenio Colectivo, no se van a traducir a las jubilaciones, porque éstas solo van a estar atadas a la inflación”.
En ese marco, explica que la fórmula que se estableció durante el gobierno de Alberto Fernández, que sí incluye el componente salarial, no funcionó por la falta de una cláusula gatillo que contemple el contexto inflacionario.