Redacción Canal Abierto | Este viernes 5 de abril a las 9.30, en el Salón Perón de la Legislatura porteña (Perú 160, CABA) se realizará una conferencia de prensa para denunciar el intento de desmantelamiento de la estructura del Ministerio de Defensa que se encarga de relevar y analizar los archivos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico militar. El sector, del cual fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores, lleva adelante un trabajo clave para acceder a información, vincularla con fuentes documentales, probar hechos, identificar autores y entender lógicas represivas durante el terrorismo de Estado. Además ha realizado aportes vitales para que la justicia investigue y juzgue el accionar de los genocidas.
El encuentro está convocado por la diputada por la Ciudad y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Victoria Montenegro, que además es una de las Nietas recuperadas por Abuelas, y Alejandrina Barry, legisladora del FIT e hija de desaparecidos.
Participarán organismos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, “quienes denunciarán este grave intento de hacer retroceder los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, según subraya la convocatoria.
Amparo
Por su parte, este miércoles fue presentado en el juzgado de Daniel Rafecas un amparo contra el cierre del área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. La solicitud fue hecha por los abogados querellantes en juicios de lesa humanidad Pablo Llonto y Mariana Maurer.
Le piden al juez que dicte una cautelar que disponga el mantenimiento de los expertos en el trabajo de archivos que fueron despedidos y que se proteja la documentación, informó hoy el diario Página/12.
Estado y DDHH
Rápidamente, ATE Nacional había denunciado y repudiado los despidos y el virtual cierre del sector.
“Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los derechos humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales. En el marco de dicha política, y en contribución con los compromisos internacionales y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Estado nacional, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los Archivos de las Fuerzas Armadas”, advirtió el sindicato estatal.
“Exigimos la continuidad de esta política pública de prestigio nacional e internacional y la reincorporación a sus puestos de trabajo de todos los profesionales despedidos, para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto”, reclamó ATE.