Redacción Canal Abierto | En la primera semana de marzo, cuatro trabajadores fueron asesinados en Rosario. Todo indica que los homicidios fueron ejecutados por sicarios de organizaciones narcos, en respuesta al endurecimiento de la política carcelaria que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro y que el disparador fue la publicación de una foto con presos siendo sometidos a una requisa “a lo Bukele”.
Luego de esos hechos que sacudieron al país, al implementar el Comité de Crisis, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto a su par de Defensa, Luis Petri, y el Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, dieron a conocer una serie de medidas con el fin “restablecer la seguridad interior en la provincia” y “eliminar de raíz el accionar de bandas narcoterroristas”.
Entre otras, se anunció el envío -por onceava vez- de fuerzas federales a la provincia, y un operativo de saturación. Pero además, se reflotó la propuesta de modificar la ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas puedan intervenir, como expresó Petri, en “tareas de prevención que garanticen la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos”.
En diálogo con Canal Abierto, Manuel Tufró, director del área de Justicia de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó el origen histórico y la importancia de mantener separadas las áreas de Defensa y Seguridad, y las competencias de policías y militares. Así, porque mientras los primeros se ocupan de garantizar la seguridad ciudadana con un uso de la fuerza que debe ser “gradual” e “incremental”, los otros tienen como objetivo “aniquilar a un enemigo”, y por tanto, el uso letal de la fuerza aparece como primer recurso.
Una propuesta ideológica y el caso de “Los Zetas”
En ese marco, analizó que lo que se presenta como una medida pragmática es en realidad “ideológica”. “Cuando uno escucha qué es lo que harían los militares, en verdad harían lo mismo que hacen las fuerzas federales, solo que están peor entrenadas, porque están entrenadas por otra cosa”, apuntó.
En esa línea, Tufró también se refirió a las tensiones políticas que, al interior del Gobierno, atraviesan la discusión, y que se vieron con claridad cuando la vicepresidenta, Victoria Villarruel, salió a cruzar la propuesta de Bullrich en una entrevista televisiva. En este marco, el factor Estados Unidos, país con el que el gobierno de Javier Milei viene tejiendo relaciones cada vez más estrechas, juega un rol clave.
Para el especialista, mientras Villarruel busca revalorizar a las fuerzas armadas al involucrarlas en un problema actual, lo que plantea Bullrich tiene directa relación con la doctrina de Seguridad que Estados Unidos quiere para América latina. “Donde esto ha avanzado más, como Colombia o México, el efecto que ha tenido es el de escalar la violencia y escalar el problema”, afirmó.
El caso de “Los Zetas”, un cártel que se formó a partir de la deserción masiva de integrantes de un grupo de élite de la fuerza aérea mexicana, es un ejemplo paradigmático de las consecuencias que puede traer exponer a las fuerzas armadas a una tarea de estas características, advirtió el especialista.
La carta ganadora
Tufró también se refirió a un informe que el CELS elaboró junto al Equipo de Investigación Política y que se publicó semanas atrás en Revista Crisis, sobre la designación de militares retirados en cargos clave del ministerio de Defensa y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En ese marco, habló de las diferencias entre la inteligencia estratégica y la inteligencia militar, y dio algunas pistas para repensar una cuestión de fondo: ¿cuál podría ser el rol de las fuerzas armadas en democracia?
“Creemos que efectivamente, en los últimos años, en Argentina faltó y falta un debate sobre el rol de las fuerzas armadas: ¿fuerzas armadas para qué?, ¿de qué tipo?, ¿de qué tamaño?, ¿con qué tipo de armamento? Y ahí si hay un déficit del campo político progresista de no tener una propuesta clara, lo que facilita que cuando del otro lado sí la hay, parezca una carta ganadora”, señaló.
Entrevista: Elisa Corzo