Redacción Canal Abierto | Para la gran mayoría de los medios de comunicación, la clave del reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal es que determina que los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y la mutual judía de la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah.
Lo cierto es que la sentencia del 11 de abril no corresponden al expediente central del caso AMIA —que investiga el atentado y a sus autores materiales e intelectuales, hoy paralizada en la Justicia— sino a la causa del encubrimiento del atentado, que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Por otra parte, los jueces Carlos Mahíques (uno de los magistrados del escándaloso viaje a Lago Escondido), Diego Barroetaveña y Angela Ledesma determinaron que el último y más sangriento de los ataques es un “crimen de lesa humanidad”, algo que ya había hecho el ex juez Rodolfo Canicoba Corral en el expediente principal del caso.
Las novedades que sí arrojó la sentencia de esta semana es la confirmación de algunas condenas, pero por sobre todas las cosas la reducción de penas que beneficían, entre otros, al juez José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy. “En su mayoría, funcionarios menemistas del área de inteligencia”, indica Laura Ginsberg, familiar de una víctima y referente de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA).
En esta entrevista con Canal Abierto, la familiar de una de las víctimas del atentado analiza los pormenores de lo que en los medios se presentó como un “fallo histórico” y explica por qué aún estamos lejos de que la Justicia derribe la impunidad. Sobre la utilización política del caso, advierte: “En su alineamiento con Estados Unidos e Israel, el Gobierno decide jugar en el tablero geopolítico; en este momento, ese es un rol sumamente riesgoso para nuestro país”.
Entrevistador: Diego Leonoff (@leonoffdiego)