Redacción Canal Abierto | La media sanción del proyecto de Ley Bases incluyó un título vinculado a la legislación laboral que lleva adelante gran parte de lo incluido en el DNU 70, pero que fue frenado en la Justicia. Así, el gobierno de Javier Milei logró avanzar en el proceso iniciado en la dictadura y en los 90. Esto lo intentó Mauricio Macri, pero fue impedido por la movilización popular.
Leonardo Elgorriaga es el vicepresidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y entrevistado por Canal Abierto planteó que “si uno analiza los puntos que contiene esta reforma es de todo un poco: hay un poco de los 90 y un poco de Macri. Gran parte de lo que se aprobó el otro día en Diputados estaba en el proyecto de reforma laboral de Macri. Varios puntos vienen de ahí y hay otros que son regreso de los 90”.
“Puntualmente, el caso de la ampliación del plazo del periodo de prueba. Recordemos que ya en sí mismo, el periodo de prueba nació en los 90 con Menem y esta idea de extenderlo más allá de los tres meses estaba en lo que fue la ley Banelco, que fue la ley de flexibilización de la Alianza, de la recordamos obviamente toda esa etapa de polémica con coimas en el Senado, que un poco es un fantasma que está rondando ahora también en torno a la cuestión del tratamiento en el Senado”, planteó.
La década del 90 vio menguar gran parte de las protecciones de las que gozaba la dictadura. Tras la caída del modelo neoliberal, se dio marcha atrás en algunos aspectos, pero parte de ese espíritu no pudo ser extirpado. “Lo central que no se no se modificó es todo lo relacionado con la tercerización. Es algo que en realidad viene de la dictadura. Esa fue una reforma también feroz, pero ni siquiera fue tanto como esta, por lo menos como el DNU. De todos modos fue una reforma feroz y el punto crucial de la reforma de la dictadura estuvo relacionado con la tercerización, que es algo que realmente no se revirtió”, sentenció Elgorriaga.
Y agregó: “en los 90 se profundizó con el crecimiento de la empresa de servicios eventuales que es algo ya hoy por hoy es normal y habitual su existencia. Eso se se mantuvo todos estos años y la verdad es que no hubo modificación alguna, sino crecimiento de la tercerización”.
Uno de los puntos más novedosos, pero no por eso menos polémicos es la figura del emprendedor que puede tener a cargo hasta cinco empleados en condición de monotributistas. “No se entiende cómo se va a llevar a la práctica. Supongamos que es como lo define la ley, un emprendedor que tiene hasta 5 trabajadores en esta condición y los mete en este régimen especial. Pero supongamos que a la empresa le va bien, aumenta los trabajadores y ahí van a empezar a tener seis o siete. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuando aumenta la cantidad de empleados van a estar en una relación laboral o van a estar como los otros? Es muy confusa la situación”, expuso el letrado.
El capítulo laboral del proyecto de ley toma aspectos que estaban en el del DNU 70, cuya parte laboral se encuentra frenada por la justicia. En momentos de negociación, la oposición amigable al oficialismo planteó como un triunfo haber podido dejar en el camino otros aspectos. “Lo que quedó es lo que primero necesita la parte empresarial en este momento de crisis de baja del consumo y de achicamiento del mercado en el cual se claramente se visualiza que van a haber despidos y precarización. Esto va a ser el primer fenómeno que se va a producir. Por eso la reforma laboral arranca con estos puntos. Por eso han priorizado esta cuestión, pero si uno analiza las cosas que han quedado afuera son cuestiones, que si se quiere son graves también, pero han quedado más secundarias para esta necesidad inmediata del gran capital que es la necesidad de despedir y al menor costo posible. Eso es lo que significa esta reforma”
“Se vende esta reforma como que sería para frenar la supuesta industria del juicio y que no haya juicio laborales, con la idea de que quitando derechos no va a haber juicios porque el derecho no va a existir. Se puede hacer un paralelo con la estrategia económica del gobierno, que para frenar la inflación, sacándole la plata a la gente no va a poder comprar. Esto es lo mismo: no va a haber juicio porque no van a tener derechos”, señaló.
Una vez sancionado el texto, se plantea la duda acerca de su fundamento constitucional. Al respecto, Elgorriaga evaluó que “esta reforma es totalmente inconstitucional en su enorme mayoría. Por ejemplo, esta suerte de emprendedor con colaboradores es inconstitucional, pero brutalmente, de manifiesto. Claramente, una empresa que contrate en esas condiciones va a ser pasible de reclamo laborales sin ninguna duda. Porque por mandato constitucional no se puede dejar fuera de la protección de la normativa laboral a un trabajador por la cantidad de trabajadores de trabajo de la empresa. Es algo totalmente absurdo”.
Los defensores de la reforma argumentan que hoy hay un 40% de trabajadores y trabajadoras que “no tienen los mismos derechos que el resto”. Al respecto, Elgorriaga respondió que “esas personas tienen derechos, por más que lo que está sucediendo es que el empleador no cumple con su obligación, está violando esos derechos y por eso hay reclamos laborales”.
Y concluyó: “los reclamos laborales no son lo que está llevando a la quiebra de las pymes como se plantea. Porque es una ínfima cantidad de trabajadores los que reclaman finalmente, pero todo ese conjunto tienen derechos y los pueden invocar. No se pueden construir una política laboral en base al trabajo no registrado”.
Entrevista: Manuel Rodríguez