Redacción Canal Abierto | El creciente debate desatado por el escándalo de las miles de toneladas de alimentos acumulados en galpones por el Ministerio de Capital Humano se da en un escenario de profundización de la pobreza y la indigencia y de aceleración del proceso de deterioro social.
Mientras, desde su llegada en diciembre, el Gobierno detuvo la entrega de mercaderías a las organizaciones sociales y comunitarias, acusándolas de ser intermediarias interesadas y criminalizándolas, a la vez que realizó una megadavaluación y favoreció un proceso inflacionario que, junto al estancamiento económico de más de una década, son los principales responsables del aumento de la pobreza.
Según datos publicados por UNICEF en un informe de marzo de 2024, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Argentina viven en la pobreza. Esto significa que 8,6 millones de menores de 18 años experimentan carencias económicas o privaciones de derechos básicos como la educación, la protección social, una vivienda digna, un baño adecuado, el acceso al agua o un hábitat seguro.
Según este informe la pobreza infantil en el país aumentó en el primer trimestre de 2024, pasando del 57,5% en el segundo semestre de 2023 al 70,8%. Por otra parte, UNICEF proyecta que el presupuesto destinado a las infancias caerá un 75% en términos reales este año y alerta que la implementación de políticas nacionales claves para las infancias ya dan signos de deterioro en lo que va de 2024.
1 de cada 5 menores viven en situación de indigencia (19,4%) -esto implica que los ingresos familiares no son suficientes para cubrir el valor de una canasta básica alimentaria-. En 2023, 630 mil menores se incorporaron a los hogares indigentes. En total, son alrededor de 2 millones los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema.
No todos los pobres son igual de pobres
“Los niños, niñas y adolescentes constituyen una población en desarrollo de sus capacidades y por ende son más vulnerables a los riesgos que supone un ambiente contaminado”, sostiene un informe publicado recientemente por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA titulado “Diagnóstico del Hábitat Infantil para un Desarrollo Sostenible”, elaborado por Ianina Tuñón, Matías Maljar y Nicole Robert.
El informe detalla otra variable de pobreza relacionada al acceso a un hábitat saludable y resalta que las infancias son la población más sensible a la contaminación ambiental, hacinamiento, la mala calidad del agua, condiciones de vivienda deficitarias e inseguridad ciudadana, entre otros factores. En este sentido, analiza cada dimensión del espacio del hábitat según desigualdades sociales y disparidades entre los distintos grandes aglomerados urbanos del país.
En el segundo semestre de 2023, estima el informe que casi la mitad de la población de niños/as y adolescentes en la Argentina urbana vivía en un espacio socioresidencial con algún déficit en las condiciones del medio ambiente de vida. Entre los problemas predominantes señalan: la inseguridad en los vecindarios (77%), la carencia de servicios públicos como desagües, veredas y pavimentos (56%), la presencia de drogas (54%), la falta de acceso a la red de gas (53%), la contaminación ambiental (48,6%), la ausencia de sistemas cloacales (38%), y en menor medida, situaciones de precariedad habitacional (19%), hacinamiento (18%) y tenencia irregular de vivienda (10%).
Agua corriente y saneamiento
Un punto señalado como crítico es el del acceso al agua ya que el 15,4% de los niños y niñas no dispone de agua corriente y el 20% reside en un barrio con mala calidad del servicio de agua. Respecto a esta privación, la situación es más grave para las infancias de los sectores más desfavorecidos económicamente del Conurbano Bonaerense y el Gran Tucumán.
La carencia de red de cloacas afecta a casi el 38% de la población de niños, niñas y adolescentes en el país. La incidencia mayor es para quienes pertenecen a los estratos sociales más vulnerables, y a los residentes del Conurbano Bonaerense, Gran Córdoba y Gran Tucumán.
Inseguridad ciudadana
Otra de las carencias analizadas en el informe es el alto nivel de inseguridad en que vive la población infantil. Son cada vez más las muertes de niños y niñas provocadas por balas perdidas o en situaciones en que son víctimas del fuego cruzado en enfrentamientos entre bandas o con la policía, reportadas en los medios.
El informe releva cuatro variables en torno a la percepción de inseguridad: a. Déficit de vigilancia policial; b. Inseguridad en el barrio de noche; c. Insatisfacción con la cantidad de policías en la cuadra; d. Venta de drogas en el barrio.
La población infantil y adolescente que vive en barrios en los que se percibe altos niveles de inseguridad alcanza al 77%; mientras que un 75,3% de los hogares están insatisfechos con la actuación de la policía en sus barrios. El 42% reside en barrios en los que carecen de suficiente vigilancia policial, y un 54,4% en barrios en los que se reconoce la existencia de venta de drogas.
En cuanto a la distribución geográfica, la inseguridad en el barrio se ubica por encima de la media en las poblaciones del Conurbano Oeste, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran Tucumán.
El déficit de vigilancia policial afecta a casi todos los aglomerados urbanos tomados en cuenta en la muestra, y es particularmente elevado en Gran Córdoba y el Gran Rosario.
La detección de venta de drogas es más elevada que la media nacional en el Conurbano Bonaerense (Oeste y Sur), en el Gran Rosario y en el Gran Tucumán.
Respecto a la incidencia por nivel socioeconómico, la inseguridad afecta más a los estratos sociales medios (obrero integrado y no profesional) y a los trabajadores marginales; con la diferencia de que el fenómeno de la venta de drogas en los barrios aumenta a medida que baja el estrato social.
Vivienda precaria
Aproximadamente el 10% de los niños, niñas y adolescentes residen en viviendas informales, factor que favorece la inestabilidad y vulnerabilidad en su entorno habitacional, y genera mayores posibilidades de afectar negativamente el bienestar psicológico de los adultos a cargo de su cuidado y crianza.
La mayoría de la población infantil y adolescente (71,8%) reside en una vivienda en la que los adultos señalan ser propietarios de la misma (casa o departamento), y un 17,6% residen en una vivienda alquilada.
- Un 18% reside en hogares con 3 o más personas por cuarto, viven hacinados. Esta situación alcanza al 30% de la población en el estrato trabajador marginal.
- Un 13% vive en hogares que no disponen de retrete en la vivienda o este carece descarga mecánica de agua o no tienen baño dentro de la vivienda.
- Un 19% reside en hogares que por su tipo (pieza, inquilinato, conventillo, casillas, rancho, piezas de hotel, vivienda en lugar de trabajo) o sus materiales (adobe con o sin revoque, maderas, chapa y/o cartón) resultan deficitarias. Alcanza al 29% de la población en el estrato trabajador marginal.
- Un 4% carece de servicio de internet y celular con datos en el hogar. Un dato curioso, el de la ciudadanía digital, parece ser el acceso a un bien social menos restringido.
Un Estado en falta con sus leyes y su infancia
La Constitución Nacional Argentina en su Artículo 41 establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, y el 14 bis, por su parte, sostiene el “derecho al acceso a una vivienda digna”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de la ONU, establecen en 4 de sus 17 objetivos, metas relacionadas al ambiente y el hábitat. Entre otros: reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo; garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Antes de a estas metas el Estado argentino adscribió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) que en su Artículo 24, inciso 2, establecer la adopción de medidas por parte de los Estados Parte, que aseguren “la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medioambiente”.
Estas, entre otras, son normas que el Gobierno incumple al detener y vaciar políticas públicas destinadas a paliar estas carencias que tienen consecuencias en el crecimiento madurativo y cognitivo de los niños y niñas, tanto en sus primeros años de vida como en su posterior desarrollo.