Redacción Canal Abierto | Pese al escándalo desatado por la existencia de miles de toneladas de alimentos sin repartir, y una cautelar judicial que obliga al Gobierno a repartirlas, la comida sigue sin ser distribuida y se le suman elementos cada vez más turbios a la rebeldía oficial.
La cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello por “incumplimiento de los deberes” y ratificada por la Cámara Federal le impuso al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que presentara un plan de distribución inmediata de los alimentos.
Como respuesta, el Ministerio tercerizó en la Fundación Conin, de Abel Albino, el reparto de los alimentos. Más allá de lo polémico de la figura floja de papeles de Albino –médico pediatra vinculado al Opus Dei con alta exposición por su oposición acérrima a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con argumentos medievales–, el Gobierno todavía no informó dónde ni cuándo entregará la comida.
Pero al escándalo original se le sumaron otros. De los galpones de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán), donde se almacenaban los más de 5 millones de kilos de alimentos que habían sido adquiridos durante la gestión de Alberto Fernández y destinados a cubrir la demanda de sectores vulnerables, faltan 157 mil kilos.
Así lo informó C5N, en línea con un rumor que circunda la causa judicial, según explicó Tiempo Argentino: que en los días previos a los allanamientos dispuestos el sábado 1 de junio por Casanello salieron seis camiones privados, de transportistas independientes, custodiados por dos vehículos particulares, desde el galpón de Villa Martelli con rumbo a Saladillo. Las querellas que propiciaron la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, Juan Grabois y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, escucharon versiones similares.
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Pedidos de informes y juicio político
Dada la situación, el senador pampeano Daniel Bensusán (PJ) acaba de pesentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional donde reclama que se haga pública la cantidad de mercadería que se encuentra en ambos depósitos, las fechas de vencimiento de los productos, y las razones por las cuales se cortó la entrega de alimentos a comedores y merenderos.
El bloque de Unión por la Patria en su conjunto ya había presentado la semana pasada la presencia de Pettovello en el Senado para que “brinde las explicaciones correspondientes” sobre los hechos.
El partido Unidad Popular –que conduce el economista Claudio Lozano-, la CTA Autónoma y organizaciones sociales también presentaron un pedido de juicio político contra Pettovello por mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.
Pero ni los reclamos ni la orden judicial ha logrado hasta el momento que el gobierno de Javier Milei reparta la comida. Tanto es así que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que apelarán la resolución y que Pettovello sólo presentó un plan de distribución para no “caer en desobediencia”.
Mientras tanto, al Gobierno con más bajas de la historia le siguen renunciando funcionarios en Capital Humano. El viernes fue el turno del jefe de Asesores de la propia Pettovello, Fernando Szereszevsky, manager de los Ratones Paranoicos.
“Desde que asumí sabía que en mayo tenía que trabajar en la gira de Ratones Paranoicos. Dilaté la renuncia todo lo que pude, pero los viajes y los compromisos privados son incompatibles con la gestión”, argumentó Szereszevsky en declaraciones a La Nación.
Sin embargo, el mismo día lo siguieron María Plá Alba, subsecretaria de Innovación Educativa; María de los Ángeles Reig, directora de Educación Secundaria; Silvana Gyssels, directora de Planeamiento; y José Richards, jefe de Gabinete de la Secretaría de Innovación.