Redacción Canal Abierto | La represión a la movilización contra la Ley Bases ordenada por el gobierno de Milei el miércoles pasado continúa cosechando observaciones y repudios de instituciones y organizaciones. Se alerta que nuestro país atraviesa un deterioro institucional desde la llegada del libertarianismo a la Rosada con una vieja conocida de la política tradicional como lo es Patricia Bullrich al mando de las políticas de seguridad.
Mientras da los últimos ajustes al informe que surge del monitoreo que realizaron duarnte la jornada y que será difundido en los próximos días ante la sociedad pero también presentado a la Justicia, la Comisión Provincial por la Memoria lanzó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en miércoles pasado.
En un comunicado titulado Ni sedición ni terrorismo: brutal represión y persecución política, en el que el organismo reseña la jornada señala que “en horas de la tarde y mientras todavía se estaba desplegando el operativo represivo y las detenciones, el presidente Javier Milei publicó un comunicado expresando: `La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina´”.
“La referencia oficial que califica lo ocurrido durante la manifestación como hechos de terrorismo orientados a producir un golpe de Estado es un hecho de gravedad institucional que requiere el más enérgico repudio porque constituye un escalón más en la búsqueda de limitar y criminalizar el derecho a la protesta social. No se trata de una referencia aislada sino que se da en un contexto en el que la actual gestión de gobierno ha decidido limitar severamente el derecho a la protesta de todos los sectores que se manifiestan en rechazo de sus políticas e impulsar su judicialización inscribiéndolos como organizaciones criminales”, señala el escrito.
El texto de la CPM no se limita al Poder Ejecutivo. También analiza el rol que tiene el Poder Judicial, del que algunos funcionarios parecieran trabajar en un juego de pinzas: “Utilizando como base la publicación del Presidente de la Nación, y aún sin contar con elementos concretos más que las referencias de algunos medios de comunicación, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió la prisión preventiva de todas las personas aprehendidas durante la manifestación, considerándolas autoras de delitos contra el orden público, y pretendiendo aplicar la agravante genérica del artículo 41 del Código Penal bajo la figura de actos terroristas”.
“La desmesura intencional de calificar estos hechos como actos de terrorismo, sedición y golpe de Estado representa la notoria búsqueda de colocar un nuevo y peligroso mojón en la sustracción de las garantías constitucionales que preservan el ejercicio de derechos fundamentales como el de libre expresión, asociación, libre circulación y petición a las autoridades de quienes se constituyen como grupos opositores. Todos estos derechos fundamentales para el sustento y desarrollo de la democracia” prosigue el escrito.
Y denuncia que “el golpe institucional es el que está imponiendo el gobierno con la anuencia de sectores de la justicia, pues la limitación de las garantías constitucionales es entrar lisa y llanamente en un generalizado estado de excepción sin ninguna justificación”.
También destaca que “los actos de quema de autos, tan publicitados por el gobierno como parte de la propaganda política, se realizaron ante la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad que no actuaron preventivamente a pesar del enorme despliegue de fuerza y equipamiento”.
“La cacería de personas se lanzó horas después y a notable distancia de los hechos. Las detenciones fueron arbitrarias y muy violentas a personas de distinta procedencia y ocupaciones, que por diversas razones estaban allí”, agrega.
Tras describir que “una vieja granada y ningún arma de fuego serían los elementos con que pretendieron derrocar al gobierno”, la CPM advierte que “el gobierno de Milei y Bullrich ingresa en un camino sin retorno que puede terminar con la democracia”.
También se pronunció al respecto la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia que congrega a un centenar de organizaciones y referentes sindicales, sociales, políticos, religiosos y de DDHH.
En un escrito presentado a la Justicia bajo la institución del amicus curiae, se plantea la necesitdad de “intervenir en este caso para asegurar que se respeten los derechos de las personas detenidas y se lleve a cabo un proceso justo y conforme a derecho”.
La presentación está encabezada con las firmas del Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Adolfo Pérez Esquivel, el titular de la CTA Autónoma Hugo «Cachorro Godoy», la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic, la presidenta de la LADH Iris Avellaneda y el titular de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal.
Además, entre las adhesiones se encuentran nombres como el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el juez español Baltasar Garzón, la analista Stella Caloni y el padre Francisco «Paco» Olveira.
Allí se señala que “la brutal represión a la protesta social, que ya es política del actual Gobierno, se ha mostrado en toda su magnitud el día 12 de junio pasado con un operativo que, podemos dar cuenta de ello, incluyo infiltrados para perpetrar provocaciones, y un despliegue de violencia desproporcionado por partes de las fuerzas de seguridad, que incluyó a diputados de la nación entre los heridos. Esto por sí mismo, debiera merecer una investigación y determinación de los responsables materiales e intelectuales”.
Los firmantes consideran que “encontrándose afectado gravemente el derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como el derecho a peticionar ante los poderes públicos, en razón de los hechos que se ventilan en las citadas causas, sobra cualquier otra fundamentación para dar cuenta del legítimo interés de la CTA en el resultado de estos actuados”.
Y concluye: “se impone la necesidad de efectuar una revisión seria y profunda de las detenciones ordenadas ya que no se encuentran presentes a nuestro entender los extremos para sostener a las personas detenidas privadas de su libertad, ni de ser objeto de esta criminalización”.
Afuera también se enteraron
Como si no le bastara con las denuncias presentadas en nuestro país, el presidente Milei tiene para atender también el cuestionamiento hecho por Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El funcionario del organismo internacional se refirió a nuestro país en su intervención en la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Si para llegar a los estándares económicos de Estados Unidos, Alemania o Irlanda se necesitan de políticas libertarias por entre 30 y 50 años, Türk plantea que en materia de derechos humanos Argentina ya rankea con países como como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití.
“Insto a las autoridades a que sitúen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva. Esto implica también el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”, sentenció Türk en su discurso.
Y lamentó que “en Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos”.
No es la primera vez que la mirada de organismos internacionales de derechos humanos se posa en la Argentina de Milei. El 11 de julio se realizará una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación de la protesta social en nuestro suelo. Esto surge a partir de una presentación hecha por el CELS en la que se plantea el deretioro de derechos desde la llegada de La Libertad Avanza a la Rosada. También Amnistía Internacional adelantó que realizará presentaciones internacionales en el mismo sentido.