Redacción Canal Abierto | Con 35 votos a favor y 10 en contra, la Legislatura de Río Negro aprobó la adhesión de la provincia al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” incluido en el controvertido proyecto de la Ley Bases aprobado por el Congreso Nacional.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck el pasado 8 de julio, a horas de que la ley sancionada fuera publicada en el Boletín Oficial. Los bloques legislativos del ARI y legisladores libertarios también llevaban propuestas en la misma línea. La aprobación se alcanzó con los votos del oficialista Juntos Somos Río Negro, la UCR, Coalición Cívica-ARI, PRO y Primero Río Negro y el rechazo de los bloques peronistas, PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.
En una provincia con una fuerte presencia de comunidades mapuche-tehuelches, el RIGI atenta contra los derechos indígenas vigentes. No contempla el derecho a la consulta previa, libre e informada que establecen el Convenio 169 de la OIT, y tiene rango constitucional, y el Acuerdo de Escazú, recientemente rubricado por nuestro país que establece la garantía de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y sostiene que todas las personas tienen derecho a desarrollar acciones sociales y políticas para defender y cuidar el ambiente.
Este Régimen de Inversiones supone actividades de alto impacto en los territorios indígenas, no menciona los derechos ambientales y su afectación ni contempla los pasivos ambientales producidos y las formas de remediación. La sesión legislativa se hizo nuevamente a espaldas de las asambleas ambientales rionegrinas, las comunidades indígenas y otros colectivos que se manifestaban afuera de la Legislatura en Viedma.
Atrás de la planta de GNL
Weretilneck declaró que la celeridad a la hora de presentar esta iniciativa en la Legislatura provincial tiene el objetivo de ganar la disputa con la provincia de Buenos Aires para quedarse con la inversión para construir la planta de Gas Natural Licuado (GNL) para exportar el gas de Vaca Muerta que la petrolera nacional YPF tiene acordada con la malaya Petronas.
Las opciones para la radicación del proyecto, que prevé una inversión aproximada de 50 mil millones de dólares, son Bahía Blanca o Punta Colorada, en la provincia patagónica.
Este lunes 15 de julio, el gobernador Axel Kicillof salió a responder al presidente de YPF, Horacio Marín, y a la jugada del gobernador rionegrino y propuso un Régimen de Inversiones Bonaerense.
Marín había enviado una comunicación a ambos gobernadores con condiciones para la instalación del proyecto que incluían incentivos económicos, permisos y en la que insistía en que las provincias adhieran al RIGI que Kicillof rechaza.
En una conferencia de prensa en La Plata, el mandatario sostuvo que “en 2022 se firmaron los acuerdos para realizar una planta de GNL en Bahía Blanca”, que con el cambio de gobierno aparecieron estas novedades y calificó de extorsión la jugada de YPF.
“Ya existía un anuncio, un acuerdo y una ley de promoción” (la ley de GNL con media sanción de la cámara baja provincial), resumió Kicillof. “El RIGI es más generoso que la Ley de GNL”, destacó.
Por último, anunció que enviará un proyecto de ley para un “régimen especial de fomento de inversiones estratégicas. A través de esa ley pretendemos englobar los requisitos que presenten las compañías para concretar el proyecto en Bahía Blanca”.