Redacción Canal Abierto | “Hoy se cumplen siete años de la desaparición de Santiago que estaba acompañando el reclamo de la comunidad mapuche, la Pu lof en resistencia de Cushamen, reclamando por las tierras, por los bienes comunes, por la igualdad, por la no discriminación. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la abogada Verónica Heredia, quien encabeza la querella de la familia Maldonado desde aquel agosto de 2017.
Luego de siete años, son muchas las preguntas que quedan sin responder sobre cómo se produjo la muerte del joven que estuvo desaparecido cerca de dos meses y medio, tras lo cual el 17 de octubre se encontró su cuerpo semisumergido en las aguas del río Chubut en un lugar que había sido rastrillado sucesivas veces.
Hasta el momento, la causa tuvo dos jueces que por distintas circunstancias fueron apartados por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tras las apelaciones de la querella: el juez federal de Esquel Guido Otranto, recusado por el “temor de parcialidad” del magistrado, evidenciado por la familia del joven, y el juez federal de de Rawson, Gustavo Lleral, apartado por su “inactividad”.
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Esta misma instancia revocó el archivo de la causa y el sobreseimiento de los gendarmes imputados, ordenó que se lleven a cabo nuevas medidas de prueba y dispuso enviar al caso al juez federal de Ushuaia Federico Calvete.
Las preguntas
“En esta tercera etapa de la causa en que tenemos un tercer juez y un tercer fiscal, se comenzaron a hacer las preguntas que solamente nosotros hicimos contra el famoso informe de los 55 peritos de la autopsia, que no fueron 55 y tampoco fue un informe contundente y final de una autopsia. Todas esas preguntas que hicimos en el primer momento, recién ahora el juez ha decidido empezar a formularlas”, sostiene la letrada Heredia.
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Los primeros movimientos del juez, que según Sergio Maldonado y su abogada se ha demostrado presto a trabajar y llevar la causa adelante, son en torno a los informes de dos de las peritas: la bióloga Nora Maidana, experta en diatomeas, y la encargada de estudiar el polen, la palinóloga Leticia Povilauskas.
La presencia de diatomeas -algas microscópicas presentes en cualquier cuerpo de agua- son un valor fundamental que se estudia para determinar si una persona ha fallecido por sumersión. Se observan la cantidad de diatomeas, adónde se las encuentra, las especies que se hallan. “En el caso de Santiago se encontraron dentro del cuerpo diatomeas diferentes a las que tenía la ropa y a las que había en el agua del río. Es un dato fundamental que surge del famoso informe de autopsia y nadie cuestionó, excepto nosotros”, explica Heredia.
Ahora, el juez le pregunta a la perita si es posible que el cuerpo haya estado en otro lugar. “Son preguntas fundamentales que recién ahora se están haciendo”, sostiene la abogada.
Respecto al informe de la palinóloga, la experta afirmó que en la ropa de Maldonado se encontró polen que no podría haber permanecido más de 30 días en el agua. Según el relato oficial construido por Lleral, Santiago estuvo sumergido 77 días.
Heredia insiste, “son preguntas fundamentales que nadie hizo en su momento, sólo nosotros. Pareciera que se abrió la puerta que estaba totalmente cerrada para escuchar lo que venimos diciendo desde el primer momento. Entendemos que este es un punto muy importante para la causa”.
La testigo protegida
En abril del 2022, una persona declaró ante el fiscal que los gendarmes habían dicho que “habían detenido a uno” y su declaración fue incorporada a la causa. La testigo, empleada civil de la fuerza, relata lo que ella escuchó en el escuadrón de Gendarmería de Esquel desde el 1º de agosto y los días siguientes: que había un procedimiento, que había salido todo bien, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie y que lo tenían en el puesto de Gendarmería en lo de (Luciano) Benetton.
También declaró ante el fiscal que Juan Pablo Escola, el comandante a cargo del operativo, unos días antes de que se produjera el allanamiento del destacamento de Esquel, le entregó una caja diciéndole: “guárdame esto porque va a haber un allanamiento”.
Este es otro de los tantos cabos sueltos de los que Lleral se negó a tirar. Heredia explica que por el momento el juez no convocará a la mujer que se encuentra bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos.
“El juez recién toma contacto con la causa a finales de junio y sostiene que primero debe tomar vista de todo y después irá evaluando las otras medidas que hay dando vueltas. Lo que sí tiene que hacer son las medidas que la Cámara de Apelaciones ordenó hacer cuando revocó, en dos oportunidades, el archivo de la causa que había dispuesto el juez Lleral”, explica Heredia, a la vez que sostuvo que “tenemos muchísimas más preguntas, muchísimo más testigos, entre ellos la testigo protegida”.
Consultada sobre las perspectivas de este nuevo impulso a la causa, Verónica reflexiona: “Siempre tenemos expectativas porque sino, luego de siete años de tanto trabajo, de tanto hostigamiento y cuando vemos que tenemos enfrente nuevamente a la misma ministra, a un gobierno que quiere negar todo, que quiere tapar todo, si no tenemos expectativas nos sería muy difícil seguir trabajando”.