Redacción Canal Abierto | Acompañados por diputados y diputadas nacionales y de la ciudad, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado presentaron el jueves en los tribunales de Comodoro Py un amparo para preservar los sitios de memoria y frenar su vaciamiento por parte del gobierno nacional.
La presentación se realizó en el juzgado federal 3, de Daniel Rafecas, y 12, de Ariel Lijo, a cargo de las causas circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y ESMA respectivamente. Allí solicitan que se adopten las medidas necesarias para la preservación de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires (“Club Atlético”, el “Olimpo”, “Automotores Orletti”, “Virrey Cevallos” y la Escuela de Mecánica de Armada) y que se garantice “el adecuado y normal desarrollo de las tareas que se venían llevando adelante allí”, según dio a conocer el diario Tiempo Argentino.
El pedido de no innovar fue presentado por sobrevivientes y querellantes de las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración que funcionaron en territorio porteño. Estuvieron acompañados por la legisladora porteña Victoria Montenegro (Unión por la Patria), nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, las diputadas nacionales Myriam Bregman (FIT) y Paula Penacca (Unión por la Patria), y por abogados querellantes en estas causas como Pablo Llonto, Luis Zamora y representantes del CELS.
“Los Sitios de memoria continúan siendo prueba judicial de las causas por delitos de lesa humanidad. Desde hace meses el gobierno de Milei avanza contra los trabajadores, disuelve áreas esenciales y desfinancia las obras y el mantenimiento de los espacios”, denunció Victoria Montenegro en sus redes.
La preservación de los sitios y las tareas de memoria que se realizan allí se vieron interrumpidas en los últimos meses por el desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, de quien depende la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria.
Esta área, a cargo del cuidado, gestión, señalización y difusión de los espacios, fue una de las más afectadas por los despidos realizados en julio, con 29 trabajadores y trabajadoras echados que se ocupaban de las actividades pedagógicas, de la conservación y preservación de los excentros clandestinos de detención, arquitectos, arqueólogos, personal de mantenimiento, entre otros.
Si bien esta semana se lograron revertir la mayoría de esos despidos porque impedía que los espacios funcionaran, con cada vencimiento de contratos (fueron postergados por tres meses) hay riesgo de que la situación se repita.
El lunes 29 de julio se conoció una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para prorrogar por tres meses, hasta fines de septiembre, las tareas de quienes padecen contrataciones precarias en el marco de lo que se denomina “artículo 9” en la jerga estatal.
La medida de no innovar pedida busca que se prohíba modificar, alterar, destruir o introducir cambios en la construcción edilicia de los sitios y que se adopten las medidas necesarias para mantener en sus puestos de trabajos a las y los trabajadores.
En el texto destacan que el Estado debe garantizar la preservación a los fines de facilitar las investigaciones judiciales y la preservación de la memoria de lo acontecido durante la última dictadura cívico militar. Recuerda también las obligaciones que establece la ley 26.691 a la Secretaría de Derechos Humanos en el mantenimiento, preservación, señalización y difusión de los excentros clandestinos de exterminio que funcionan como espacios de memoria y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y que están consagrados en la Constitución.
Desde que asumió Javier Milei al frente del Ejecutivo y Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, el área demonizada por la gestión libertaria sufrió ya 107 despidos, que se concretaron en los meses de enero, marzo y fines de junio. La motosierra se ensañó con tres sectores especialmente sensibles: las leyes reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria y espacios para la memoria que funcionan en excentros clandestinos de tortura y exterminio que dependen del Estado nacional, como Automotores Orletti, Olimpo o Club Atlético, que por ende vieron reducidas sus plantas de trabajadores y afectada su función pedagógica en la transmisión del relato histórico sobre el terrorismo de Estado.
Con información de Tiempo Argentino y InfoGremiales