Redacción Canal Abierto | “A la fecha, 14 de agosto, los gastos reservados de la SIDE se usaron al 78,36%. Esto es: Milei decretó $103.438 millones y ya se devengaron $81.054 millones. ¡Esto pasó antes de que el Congreso llegara a discutirlo! La sesión es mañana”, tuiteaba anoche la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.
En el marco de la maratónica sesión que empezó el miércoles, Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, denunció esa situación y pidió que se le de tratamiento urgente al DNU 656/2024, pero fue rechazado por el oficialismo, parte de la UCR y el PRO.
Aún resta ver qué ocurre con la sesión especial que solicitaron para hoy Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto (aunque sin su firma), y la UCR, que según trascendió podría reprogramarse para la semana próxima.
De lograrse el rechazo, luego restará que defina Senadores, ya que para anular un DNU se requiere el pronunciamiento de ambas Cámaras. Mientras, el drenaje de fondos continúa.
De acuerdo a un cálculo comparativo llevado adelante por el medio especializado en datos chequeado.com, con el decreto, el Gobierno llevó los gastos reservados de los Servicios a niveles que no se veían desde 2010.
¿Para qué tanta plata?
En 2019, Cristina Caamaño fue designada como Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el mandato de “terminar con los sótanos de la democracia”. En una gestión que fue reconocida incluso por ajenos, recortó los fondos reservados a un inédito 9%.
El diálogo con Canal Abierto, explicó que, habitualmente, los servicios usan ese dinero secreto para cuestiones como perseguir terroristas, u obtener datos sobre posibles actos terroristas, o para comprar tecnología y que países extranjeros no se enteren.
“Cuando yo llegue como interventora, los gastos reservados eran del 99,64%, prácticamente el 100%, como ahora, y yo los baje al 9%”. Pero además, “el 91% restantes estaban en el presupuesto nacional. Cualquiera que mirara el presupuesto nacional podía saber en qué gastaba la AFI, menos ese 9% que era justamente para operaciones de inteligencia secretas”. “Así y todo -subrayó la especialista- nunca tuvimos un atentado”.
“Entonces, ¿para qué los va a usar este Gobierno? Y bueno, me parece que está bastante a la vista lo que está pasando: empezaron nuevamente los carpetazos”, afirmó.
Y agregó: “Me parece que eso va a servir para perseguir a todo el mundo, o por lo menos a la gente que ellos consideran enemigos. O incluso como hacía el propio Macri, que perseguía o hacía espionaje ilegal de los propios y de los ajenos”. “Porque el espionaje interno -aclaró- está prohibido por la propia ley de Inteligencia”.
En síntesis, indicó Caamaño, “yo creo que cuando necesitas tanta plata como gastos reservados es porque justamente vas a hacer es espionaje ilegal, acciones no legales”, remarcó.
El fruto del árbol envenenado
Sobre el retorno a una lógica que durante su gestión se intentó desarmar, Caamaño lamentó que el aumento de los fondos reservados se use para, “nuevamente, marcar una relación entre los jueces y los servicios de inteligencia en el armado de causas”. Por eso, insistió, “vamos a volver al law fare. Me da esa sensación”.
Y ubicó en ese marco lo ocurrido con la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández. “No estoy defendiendo ni atacando a ninguno”, aclaró. “Me llama la atención que después de que el Presidente da una entrevista, a la semana pasa esto. Y además, ella no había denunciado y de golpe denuncia, y de golpe agrava la denuncia”, reconstruyó.
“No digo que no le haya pasado, y ojalá que haya sido que fue su tiempo para poder declarar. Porque a veces no se puede contar y uno necesita cierto tiempo. Pero también, me llama la atención la sincronicidad”, reconoció.
Asimismo, cuestionó que el puntapié de la denuncia haya sido una filtración en el marco de la llamada causa de los Seguros, radicada en Comodoro Py. “Es lo que se llama el fruto del árbol envenenado”, ilustró.
“Evidentemente, en ese momento, el juez no lo podía mostrar”. Entonces, “esto es un carpetazo claramente”, despejó Caamaño. “Y segundo, no era válido legalmente por esto que te digo: es el fruto del árbol venenoso”.
“Pero se ve que la presionaron lo suficiente a Fabiola para que salga a hacer esta denuncia, que ella había dicho que no la iba a hacer. Entonces todo eso llama la atención y se da en este contexto”, explicó.
“Lo mismo lo de Tamara Petinatto -añadió- que no le importa a nadie. Sin embargo, es un carpetazo que hace que todos hablen de esto mientras están mandando oro a Inglaterra todas las semanas”, dijo, sobre las motivaciones políticas.
Nuevas formas, las mismas mañas
Semanas atrás, una investigación de la Revista Crisis mostró que detrás del doxeo a opositores al actual Gobierno, que en casos traspasó las pantallas y se convirtió en agresiones y en una virulenta persecución, estaba el accionar organizado de trolls con terminales políticas, y hasta puestos, en Casa Rosada.
Así, quedó más claro que la persecución política, aunque con nuevos formatos, sería el sello distintivo del Gobierno de La Libertad Avanza. En ese marco, como plantea Caamaño a partir de su experiencia, no es lejano imaginar el uso que se le quiere dar a los fondos reservados, y en general, al área de Inteligencia.
El juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, que para la especialista fue “horriblemente” llevado por la jueza María Eugenia Capuchetti -“a propósito”, “para no llegar a nada”- también da cuenta de las enormes falencias del Poder Judicial y en particular de Comodoro Py.
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“Cuando llegué a la AFI hice 12 denuncias que cuando llegaron a Comodoro Py desaparecieron. No se si las cajonearon, si las archivaron, si las usan para estabilizar el escritorio porque tambalea. Y había causas como la del espionaje a Cristina Fernández, que fue la primera que hicimos”, recordó. “Después estuvo la denuncia (por el espionaje a familiares) del ARA San Juan, que avanzó mientras estaba en Provincia pero cuando llegó a Capital dijeron que Macri había hecho todo bien. Lo mismo con la de la “Gestapro”, y así sucesivamente”, explicó.
“O sea, evidentemente hay un espacio en la Justicia que es inabordable y hasta que no se pueda modificar, y que los jueces entiendan que no son seres superiores sino funcionarios públicos que tienen que investigar cuando les toca investigar, y hacer las cosas bien, vamos a estar así”, lamentó.