Redacción Canal Abierto | El viernes 13 de septiembre, en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, se registraron graves “hechos de violencia” contra los 19 jóvenes allí alojados, quienes terminaron “lastimados por las personas que están a cargo de su cuidado”. Así lo denunció el sábado el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
“Estoy al tanto desde el viernes a la noche que ocurrió el hecho. Efectivamente, hubo represión, hay chicos golpeados, chicos con contusiones de leves a graves”, le confirmó por su parte Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación a Tiempo Argentino. “A nuestro entender, además, hay un mal manejo en general de la institución que hace que se llegue a este punto”, agregó la funcionaria.
Y es que según pudo reconstruir ese medio, la paliza se habría producido como represalia a otro hecho ocurrido previamente, en el que los jóvenes habían retenido a uno de los vigilantes, amenazándolo con facas.
Cuando ese conflicto ya estaba resuelto y los jóvenes requisados y devueltos a sus módulos, se habría dado la golpiza, con la participación de unos 50 agentes del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia, que al igual que el Centro depende de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Nicolás Echarri. Según trascendió, por las lesiones, varios de los chicos debieron ser trasladados a los hospitales Rivadavia y Ramos Mejía.
El fin de semana también circularon videos que daban cuenta de la virulencia con la que se habían producido los hechos: una heladera y un televisor destrozados, ropa y zapatillas desparramadas por todos los pasillos de la zona de celdas, y hasta manchas y un charco de sangre en una escalera. Una foto, además, mostraba a uno de los jóvenes con heridas en la cabeza y en la pierna siendo atendido por personal de salud.
En diálogo con Canal Abierto, fuentes del Centro Cerrado que presenciaron el hecho indicaron que en el operativo habría estado presente y “dando órdenes” el exdirector operativo de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, Carlos Corrales, quien renunció al cargo en 2022 y que hoy aparece como Jefe del Despacho de la legisladora porteña por UCR-Evolución, Aldana Belén Crucitta. Documentación con registros de entrada y salida al que accedió este medio confirmarían esos testimonios.
Al ser consultado, el exfuncionario no negó haber estado presente, pero afirmó que por el momento no daría declaraciones.
La Defensoría de Graham informó en sus redes que en el caso ya intervenían la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad, y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo a cargo del dispositivo.
Pedido de información
Ante la poca información oficial en torno a un caso de extrema gravedad que involucra a jóvenes que si bien cumplieron la mayoría de edad continúan en custodia de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, la legisladora porteña por el FIT Unidad, Celeste Fierro, realizó una solicitud al Gobierno de la Ciudad.
“El mismo fin de semana se intentó hacer una visita de organismos de Derechos Humanos a partir de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y se negó, y el domingo se suspendieron las visitas de familiares”, explicó la legisladora sobre el hermetismo que también motivo el requerimiento.
Entre otras cuestiones, Fierro le pidió al Ejecutivo porteño que informe “quién era el superior a cargo de la institución ese día, si se encontraba presente en el momento de los hechos y cuáles fueron sus directivas”. A su vez, que se detalle el personal interviniente y se comunique “si se ha abierto una investigación para determinar el grado de responsabilidad del personal que maltrató y lastimó a los adolescentes que están a cargo de su cuidado”.
El SERPAJ, que en el mencionado comunicado calificó a los hechos como aberrantes, también exigió “el resguardo inmediato de los adolescentes, la investigación y sanción correspondiente a todos los responsables”. “El Estado está para garantizar derechos, no para violarlos”, expresaron desde el organismo de Derechos Humanos.