Redacción Canal Abierto | En septiembre de 2005 el Congreso de la Nación aprobaba la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) para “garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”.

Uno de los aspectos salientes del texto planteaba la creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que debía cubrirse en un plazo de 90 días de sancionada la ley.

Sin embargo, recién por estas horas -a más de 13 años- los legisladores se prestan a concluir el proceso de selección de quien representa los intereses y garantiza que se cumplan los derechos de 13 millones de chicos y adolescentes de nuestro país.

Entre tanto, este sector de la población –uno de los más vulnerables- sufre la crisis y el ajuste como ningún otro. De hecho, un informe de UNICEF revela que en Argentina hay 6,3 millones de chicos y chicas (un 48% del total) que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.


De ese total, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas”, como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años, mientras que un 4,9% viven en la «extrema pobreza» (no alcanzan a cubrir una canasta básica de alimentos). 

Aunque estremecedor, estos datos no son más que un reflejo global de otras cuentas pendientes, como por ejemplo el hecho de que uno de cada diez niños y niñas realice algún tipo de trabajo infantil, que siete de cada diez sufren castigos físicos o maltratos psicológicos, o bien que cada 10 minutos una niña/adolescente se convierte en madre (muchos de esos embarazos son consecuencia de abusos sexuales).

Este 25 de abril se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y aprobar la ley 26.061, el Estado argentino asumió el compromiso de garantizar cada uno de los derechos allí enunciados. A esta altura hay muchas deudas pendientes, tantas como políticas públicas ausentes.

 

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