Redacción Canal Abierto | Esta tarde, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los sindicatos de docentes y nodocentes como CONADU y CONADU Histórica -acompañadas por las tres centrales sindicales y organizaciones sociales y políticas- se movilizan al Congreso de la Nación para exigirle al Gobierno que dé marcha atrás con la decisión de vetar la Ley de Financiamiento Educativo.
Según vienen explicando hace meses, la norma sancionada por ambas Cámaras –que representa un aumento del gasto de solo el 0,14% del Producto Bruto Interno, lo mismo que se le descontó a los más ricos con la baja de Bienes Personales, por ejemplo- es fundamental para compensar la pérdida salarial de los trabajadores de las universidades, que ronda el 50%, así como el recorte a los fondos destinados al funcionamiento de los establecimientos o a las becas para los estudiantes.
Pese a la claridad del planteo, el Gobierno insiste con el veto y apela a su método habitual: la propagación de información engañosa para desacreditar una institución que goza de un apoyo mayoritario y transversal por parte de la sociedad argentina.
Salarios millonarios vs. salarios de pobreza
El principal foco de los ataques de estos días estuvo centrado en deslegitimar el reclamo por salarios. Lo encabezó el propio Presidente Javier Milei, pero también se sumaron otros como José Luis Espert o los propios responsables del área de Políticas Universitarias –dependiente de Capital Humano-, entre ellos, el subsecretario Alejandro Álvarez, quien llegó a relacionar los altos salarios de los rectores con los malos salarios docentes y nodocentes.
Un informe publicado en septiembre por las universidades nacionales de Río Negro y San Martín, y validado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, es tajante respecto a la situación salarial de los universitarios: “En lo que va del año, los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real”. Además, “los aumentos decretados por el gobierno actual desplazaron a más del 85 % de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza”, agregaba el estudio.
En ese marco, se comprende el rechazo de los gremios universitarios a la propuesta de aumento salarial del 6,8%, que ayer el ministerio de Capital Humano intentó usar como un argumento en contra de la marcha universitaria.
Mientras, esta mañana en una entrevista con María O’ Donnell, el decano de la Facultad de Veterinaria de la UBA aportó datos que zanjan cualquier discusión:
Afirmó así que, por ejemplo, en su facultad, en el escalafón de cargos docentes, un ayudante de 1° -“que sería el rango mejor rentado de los ayudantes”, con título universitario y con 17 años de antigüedad cobró $212.000. Mientras que un ayudante de 1° con exclusividad, con título de doctorado que otorga un plus en el salario y 15 años de antigüedad cobró $786.475.
También detalló de qué iban las dedicaciones parciales sobre las que se estuvo hablando en distintos medios. “Esas dedicaciones parciales que uno dice son 10hs significa estar al frente de una materia, de una comisión, dos veces por semana, entre 3 y 4 horas por clase; con lo cual, que un docente de dedicación ‘simple’ renuncie significa que buscar un profesor para esa comisión”, aclaró el decano. Además, contó que producto de los bajos salarios en lo que va del año renunciaron en esa casa de estudios unos 48 docentes, de un total de 500.
Las auditorías
El mencionado posteo de Capital Humano también vuelve sobre una crítica clásica de la gestión: la “urgencia de auditorías”; tema sobre el cual también viene tuiteando intensamente Milei. Sostienen así que “la UBA no ha rendido el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022. Las universidades deben rendir cuentas”.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, en reiteradas ocasiones, explicaron que en las universidades ya existen auditorías tanto internas como externas, pero que además, la Auditoría General de la Nación es la que tiene la potestad de llevarlas adelante. En efecto, son varias las universidades que publican las auditorías a sus páginas web, como la UBA, la UNS de Bahía Blanca o la UNSAM (San Martin), que días atrás celebró estar en el podio del ranking de transparencia institucional que realiza de forma semestral la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que monitorea a 220 organismos estatales.
En efecto, no es la única universidad pública con buena performance. La Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo, están entre los primeros diez puestos, por encima incluso del ministerio de Capital Humano.
Más abajo, pero también con buena desempeño, figuran otras instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Universidad Nacional del Nordeste de la Provincia de Buenos Aires o la Universidad Nacional de La Plata.
La Secretaría de Inteligencia de Estado a la que el Gobierno no tuvo ningún empacho en aumentarle el presupuesto en $100 mil millones está en el podio del ránking, pero de las instituciones más opacas, con solo 5 puntos. La UNSAM, por ejemplo, tiene 96.7 puntos.
Los alumnos fantasma
La tercera gran falacia que impulsa el Gobierno para deslegitimar el reclamo es que las universidades inflan el número de alumnos para justificar más requerimientos de fondos. Concretamente, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades públicas de “inventar alumnos”.
Rápidamente salió a contestarle el rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Morínigo. “La cantidad de alumnos no manda a la hora de la situación económico-financiera por parte del Estado”, sintetizó el rector al tiempo que lamentó que a diez meses de asumir Torrendell todavía muestre un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario.
“Lo que dice el gobierno es que, analizando la base de datos, surge que hay un 38% de alumnos que no registran actividad alguna con la universidad”, expresó el rector en una entrevista con Eduardo Feimann. A su vez, aclaró que esto podía deberse a múltiples factores: “Los chicos por cuestiones de vocación ingresan, rinden mal, no les va bien, tienen problemas con la secundaria; son un montón de problemas que seguramente tenemos que mejorar”, afirmó.
Amenazas
Como evidentemente las fake news no surtieron el efecto buscado, ayer la ministra de Seguridad directamente dio un manotazo de ahogado. Y es que según distintos medios, y según confirmó la presidenta de la FUA, Piera Fernández De Piccoli, el Gobierno no tendría garantizados los apoyos en el Congreso para sostener el veto.
En el programa de Jonathan Viale, Patricia Bullrrich, agitó el fantasma de la represión y habló de que en la marcha universitaria participarían personas que estaban preparando un golpe -o “golpesito”– , en un intento de infundir miedo para que la gente no se sume a una manifestación que promete ser pacífica.
Foto portada: @dicoluciano