Redacción Canal Abierto | Desde las redes y sus principales líderes de opinión, que provienen del mismo mundo virtual, el Gobierno no esconde sus intenciones de emprender una suerte de auditoría ideológica sobre el Estado en su conjunto, que entiende como parte de la batalla cultural que está peleando desde que Javier Milei cobró notoriedad, allá por 2021.
Pero ahora, con la sartén estatal por el mango, la cruzada se está traduciendo en hechos que amenazan con vaciar de talentos uno de los organismos públicos más prestigiosos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
La situación cobró estado público la semana pasada, a través de la carta de renuncia del exdirector del CONICET Manuel García Solá. En ella asegura que no callaría “cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas”.
Solá no es un “progresista”. Lejos de eso, mantenía su cargo dentro del Directorio desde 2022 como representante de las corporaciones empresariales del agro, a pedido de la Sociedad Rural Argentina, a cuyo presidente, Nicolás Pino, dirigió su carta.
“Me pidieron la renuncia por objetar persecución ideológica a los becarios e investigadores”, aseguró en una entrevista a Página/12. Luego ejemplificó este tipo de hechos con la exposición que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó en la Cámara de Diputados, donde explicitó que la evaluación a los investigadores del organismo se iba a “someter a una segunda evaluación de corte político”.
“Algo parecido ocurrió en las últimas semanas con algunos becarios y fue lo que me llevó a mí a señalar que estaba en desacuerdo con esos procedimientos y, evidentemente, eso no gustó. A alguien no le gustó y se canalizó de la manera que se canalizó”, agregó.
Las consecuencias
Como consecuencia, desde los trabajadores del CONICET agremiados en ATE manifestaron su repudio y plantearon que el Gobierno “pretende iniciar un proceso de persecución ideológica en el Estado cuyo primer ensayo es Cancillería”, donde los trabajadores recibieron una notificación llamándolos a renunciar si no acordaban con las ideas oficialistas.
“No vamos a permitir que conviertan al CONICET, que hoy es uno de los organismos científicos más reconocidos del mundo, en una usina libertaria. Exigimos el alta inmediata de quienes fueron seleccionadxs en los concursos de ingresos y que no se aplique ningún criterio discriminatorio ni en esta ni en futuras convocatorias”, aseguraron en un comunicado.
Desde el exterior también se hicieron eco. La prestigiosa publicación Science, órgano de expresión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), publicó una nota titulada “Cienticidio: la fuerza laboral científica de Argentina se reduce mientras el Gobierno aplica medidas de austeridad”, en la que asegura que el CONICET “ha perdido el 9% de sus empleados desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo el año pasado”.
Todos comunistas
El hecho persecutorio tiene antecedentes. Hace menos de dos semanas, uno de los esbirros de la comunicación mileísta, Daniel Parisini —más conocido como el Gordo Dan—, planteó en su streaming Carajo que el Gobierno debía hacer una selección “ideológica” para evitar “comunistas”, por más formados que estén.
Lo hizo tras la eyección de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones Exteriores por haber votado a favor del levantamiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde los 60 en las Naciones Unidas, lo que alcanzó para ser tildada de “zurda” por el ejército de trolls que responden a Santiago Caputo.
Al estilo de las purgas stalinistas de las que se declaran en las antípodas, Parisini planteó: “Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, que literalmente son comunistas. Hay que poner a los propios. Amigos, conocidos, que están con la ideología adecuada”.
Luego agregó: “Tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica”.