Redacción Canal Abierto | El 14 de abril de 2010, a 79 años de la proclamación de la II República Española y amparados por el Principio de Justicia Universal, familiares de víctimas del franquismo se presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría.
Así nació la querella Nº 4591/10, el único proceso judicial en curso que investiga los crímenes contra la humanidad y el genocidio a manos del régimen franquista que comprende el período que va desde el 17 de julio de 1936 -fecha en la que comenzó el golpe cívico-militar- y el 6 de diciembre de 1978, cuando un referéndum aprobó la nueva Constitución democrática.
Esta semana, después de casi diez años de silencio mediático, la jueza Servini brindó una entrevista exclusiva al medio español El Salto en la que habló de las dificultades que enfrenta la investigación debido a la falta de cooperación del Estado español.
En paralelo, ratificó su convicción respecto a la posibilidad de avanzar con el juzgamiento de esos crímenes. En ese sentido, señaló que “Argentina va a poder avanzar en tanto y en cuanto el Gobierno de allá apoye la postura nuestra”. “Nosotros lo que podemos hacer es dar todo lo que tenemos y ayudar a España, pero siempre que las pruebas las quieran recibir o las pidan”, aseguró.
En el extenso artículo, la periodista Ana Delicado Palacios, hizo un racconto de las medidas solicitadas por la jueza y de los reveses sufridos: desde el pedido de detención de 20 imputados, entre quienes había un exvicepresidente, siete exministros, ocho expolicías, dos exjueces, un médico y un exintegrante del Consejo de Guerra, rechazado por la Audiencia Nacional y el Consejo de Ministro de España, hasta un fallo adverso de propia Justicia argentina que dio por tierra con el procesamiento de Martin Villa, que se había convertido en el primer y único representante del franquismo procesado por los delitos de lesa humanidad de la dictadura española.
En torno a este último caso está abocada hoy Servini, consigna el artículo de El Salto. Y es que en septiembre de 2022, la Cámara Federal de Casación dictaminó que faltaban pruebas para considerar que los crímenes del franquismo eran imprescriptibles, y habilitar así su juzgamiento. Por eso, ahora la jueza debe aportar más elementos para probar la existencia de un “plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
En el marco de ese trabajo, Servini obtuvo la primera señal favorable por parte del gobierno español. El 30 de octubre, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acusó recibo de su solicitud de auxilio judicial y confirmó que la había remitido “a las autoridades españolas competentes para su cumplimiento”. El pedido de la jueza se dirige a obtener los informes periodísticos que entre 1976 y 1978 hayan abordado la muerte de manifestantes o transeúntes por el accionar de las Fuerzas de Seguridad.
En este marco, y a pesar de los numerosos rechazos, la jueza de 87 años se declaró optimista. “Y no es que sea optimista siempre”, le aclaró a la periodista del medio español. “De acuerdo a cómo han ido las circunstancias, soy optimista porque veo que las cosas cambian. Si yo no tuviera esperanza de que hoy podemos llegar a algún acuerdo en algún momento, no estaríamos trabajando y no estaría con usted acá”.
En ese sentido, habló de su experiencia en los procesos judiciales argentinos en los que tuvo un rol central en la restitución de la identidad de nietos apropiados por el terrorismo de Estado. “Hemos descubierto muchas cosas con el tiempo, y el tiempo, aunque parezca mentira, es una gran ayuda”, afirmó.
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Nota original en El Salto
Portada: Sancho Somalo