Redacción Canal Abierto* | “Este proyecto ni siquiera respeta al pie la letra la Ley de Presupuesto Mínimo para Bosques Nativos, entonces están generando ordenamiento territorial nuevo que permitiría el desmonte de 700 mil hectáreas de bosque nativo”, sostiene Benigno López, miembro de la Coordinación del Frente Nacional Campesino (FNC).
El Frente, recientemente incorporado a la CTA Autónoma, acaba de alertar sobre las consecuencias de que mañana el Senado de Salta apruebe el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial presentado por el Ejecutivo provincial, a cargo del gobernador Gustavo Sáenz.
Se trata del avance sobre los bosques nativos y la intensificación de desalojos que pueden darse en Salta y el Chaco, en un marco ya complicado establecido por el megadecreto inaugural de Javier Milei, el DNU 70/23, la Ley Bases y el RIGI, que ponen los recursos naturales disposición de grandes corporaciones nacionales y extranjeras.
“Toda la vida hubo desalojos y falta de respeto a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, cuyo ordenamiento territorial estaba garantizado por las provincias. También había una ley de reparación histórica para la agricultura familiar que nunca se implementó. Pero con estas herramientas se agudiza —explica López—. En esta vieja e histórica disputa, donde avanzaba la empresa agropecuaria de la mano de los negocios agroexportadores, había quita de tierra a poblaciones campesinas históricas y a comunidades originarias. Con estas leyes, y también la derogación de la Ley 26.160 de propiedad comunitaria, avanzan los desalojos sobre comunidades campesinas, criollas y comunidades originarias”.
En defensa de la soberanía alimentaria
En los últimos años, de manera ilegal, ya desmontaron alrededor de un millón de hectáreas de bosque nativo. Se trata de tierras habitadas por familias campesinas criollas, que viven de la producción agropecuaria. “Además hay que entender que el monte es fuente de vida”, dijo el coordinador del FNC.
Paralelamente, en Salta se renovó el artículo 9 de la Ley 5.878, de pequeños productores rurales, que permitió suspenden los desalojos. “Por lo cual no debería haber desalojos, pero sabemos que en la práctica, pese a estas leyes, seguramente se produzcan igual”, cuenta.
En la misma línea, un ordenamiento territorial en Chaco, aprobado en los últimos días, habilitaría el desmonte de un millón de hectáreas en El Impenetrable, en lugares donde hay poblaciones campesinas e indígenas. En Santiago del Estero, las familias campesinas organizadas en el MOCASE llevan 40 años resistiendo a los desalojos por el avance de una empresa transnacional.
En este contexto, se profundiza la organización del campesinado: “El Frente Nacional Campesino resiste por seguir en sus posesiones de la tierra, en sus propiedades, y en defensa de un modelo productivo que está en el marco de soberanía alimentaria, contra el cambio climático, en defensa de la sustentabilidad, de la vida, y contra los emprendimientos nacionales y extranjeros de los agronegocios”, indica el referente.
Finalmente, destaca la importancia estratégica de la lucha junto a toda la clase: “Como organización, nos estamos adecuando a esta etapa que vivimos los argentinos, y decidimos ser parte de la CTA Autónoma, entendiendo la importancia estratégica entre trabajadores, empleados y desempleados, porque consideramos que el campesinado es trabajador de la tierra, y productor agropecuario, y parte de la clase trabajadora”.
*Fuente: Equipo de comunicación de la CTA Autónoma.