Redacción Canal Abierto | De acuerdo a las denuncias que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y Greenpeace realizaron, entre el 15 de marzo y el 31 de mayo se deforestaron 7.759 hectáreas en la provincia. Durante la cuarentena aumentaron los desmontes y las comunidades advirtieron los daños.

Con este desmonte lo que se afecta es la producción potente, diversa, integral que cultivan principalmente las poblaciones indígenas, una forma de producción de alimentos. Lo que muchas veces interpretan los jueces o funcionarios públicos es que nuestra forma, nuestro modo es un modelo que atrasa. Pero milenariamente, ese sistema productivo ha dado origen a lo que es la agricultura que hoy continuamos haciendo, versus el sistema del agronegocio que hacen estos empresarios al desmontar”, señaló Deolinda Carrizo, del MOCASE en diálogo con Canal Abierto.

 Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas. Entre 1998 y 2018 perdió 1.879.982 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).

Miles de hectáreas fueron puestas, con la venia del sistema judicial, a disposición de la plantación de soja y maíz transgénico para exportación. Se trata de la disputa de un modelo de producción: uno que se basa en la agroecología, en la producción comunitaria, en manos trabajando la tierra, y el otro es monocultivo para exportación, para los de afuera. “Es la soberanía alimentaria en juego”, dice Carrizo.

Actualmente, Greenpeace realiza el monitoreo de la deforestación en el norte argentino mediante imágenes satelitales. En poco más de dos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio se desmontaron 14.906 hectáreas, de las cuales 7.759 pertenecen a Santiago del Estero, 3.073 a Formosa, 2.435 a Salta y 1.639 a Chaco. 

Pero la deforestación no fue lo único que sucedió en estos últimos meses. Las comunidades también vivieron situaciones violentas y de represión. Hubo casos a 20 kilómetros de Sumampa, en Aguas Blancas, en las cercanías al Río Utis. “En Caspi Corral detuvieron a dos compañeros acusándolos de usurpadores de tierra, pero ellos viven hace cinco generaciones allí. También en Campo Gallo hay un compañero de 70 años con prisión domiciliaria denunciado por usurpación. Lo que quieren es que él salga de su territorio para meter a un empresario”, comentó la referente del MOCASE.

“Ha habido una arremetida del poder judicial en este tiempo, en complicidad con los empresarios. Tanto las detenciones como las medidas que se están tomando afectan a poseedores ancestrales de los territorios, perjudican a las familias campesinas y favorecen a los empresarios”, agregó Carrizo.

Por más de 30 años se ha perpetuado el atropello a estas comunidades por parte del sistema judicial. La tenencia de las tierras debe ser dirimida en fueros civiles, sin embargo se penaliza y criminaliza a las comunidades ancestrales sin siquiera verificar su realidad.

“Es muy difícil hacerle entender al Poder Judicial, que tiene un corte clasista casi anticampesino, esta situación. Incluso hay fiscales que hacían declaraciones refiriéndose a nosotros como `estos delincuentes tendrían que estar de por vida metidos en la cárcel´. Son fiscales que tendrían que estar velando por el derecho de la ciudadanía, o en este caso del campesinado, y no hacer estas declaraciones. Ahí se ve claramente su pensamiento, pero nosotros insistimos en hacerles ver que somos campesinos, indígenas, productores de alimentos en las tierras y aquí nos vamos a quedar”, explicó Deolinda Carrizo.

Como defensores de la soberanía alimentaria, la respuesta del campesinado ante este nuevo avasallamiento durante la cuarentena fue distinta. “En este tiempo las comunidades campesinas hemos estado abasteciendo también con alimentos, carne, huevos y verduras a los comedores comunitarios. Como organización estamos en 15 comedores, merenderos y fogones comunitarios dando platos de comida a un total de 5.000 personas de pueblos cercanos y barrios populares”, contó Carrizo.

Por otra parte, junto a Greenpeace están impulsando una petición para que los gobernadores de las provincias afectadas por las topadoras prohíban los desmontes de manera inmediata. A su vez, el MOCASE prepara su informe para presentar ante las Naciones Unidas.

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