Redacción Canal Abierto | Ayer se publicó el decreto 1107/24 que introduce una modificación regresiva de las leyes de seguridad nacional y seguridad interior. La reforma otorga al Presidente la facultad de disponer de manera discrecional de las Fuerzas Armadas para intervenir en cualquier conflicto o asunto de seguridad interna.
Luego de autorizar el despliegue de fuerzas militares a pedido del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el Ejecutivo le otorgó al Estado Mayor Conjunto una excepcional capacidad operacional y autorizó al Sistema de Defensa Nacional para actuar hasta en el “ciberespacio, espectro electromagnético y espacio exterior”.
Además, decretó una serie de principios y definiciones de lo que a partir de ahora serán “las amenazas” contra las cuales las Fuerzas Armadas podrán actuar. Y todo bajo la “cooperación y complementación” entre organismos militares argentinos y de otros países.
Inmediatamente, el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una detallada advertencia sobre los alcances de la medida.
“Desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. Es decir, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)”, postearon en X.
“Las Fuerzas Armadas –alertó el organismo- podrán estar afectadas a la defensa de “objetivos de valor estratégico”, cuya definición es vaga: “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional”.
“Este decreto implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de Seguridad sino también el de las Fuerzas Armadas”, sintetizan.
La decisión establece que “se considerarán agresiones” o “amenazas” a las acciones que “provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros”, así como también “de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales” que el Gobierno crea peligrosas.
Por su parte, la CTA Autónoma emitió un comunicado en el que denuncia: “El DNU habilita la militarización de cualquier “objetivo de valor estratégico”, lo que incluye, entre otros, protestas, manifestaciones y conflictos sociales en empresas o establecimientos públicos. De este modo, el Gobierno busca incrementar el control social, pudiendo reprimir ya no solo con las fuerzas de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich, sino también con los militares”.
“Esta medida rompe el consenso político y social que mantiene a las FFAA fuera de los conflictos internos, limitando su actuación a la defensa nacional, lo cual constituye un logro fundamental de la democracia en nuestro país”, agrega la central sindical.
El texto enumera una serie de hechos de violencia institucional y represión en el marco de la avanzada del gobierno contra los movimientos populares, como el allanamiento del domicilio de una referente del Cuba-MRT en La Matanza, los despidos en el Ministerio de Justicia, el asesinato de una bagayero por parte de la Gendarmería en Orán, Salta, y la reapertura de la causa contra militantes de Montoneros impulsada por defensores de represores y por el genocida Kalinec.
“Rechazamos enérgicamente esta escalada represiva que restringe las libertades democráticas. No podemos permitir que el gobierno de Milei utilice la militarización como herramienta para sofocar a la protesta social y nuestras organizaciones, en favor de los sectores dominantes de poder y en contra del pueblo trabajador”, concluye el texto.
Otros dirigentes y referentes sociales y políticos también cuestionaron el DNU. Por ejemplo, la reconocida abogada Natalia Salvo, escribió: “Cualquier reclamo será amenaza. Saben que esto termina en estallido social y preparan las armas para sofocar”.
En igual dirección se pronunció la dirigenta del PTS/FIT, Myriam Bregman.