Redacción Canal Abierto | En medio de su primera gran crisis política y con una estabilidad económica atada con alambres, el gobierno de Javier Milei continúa con su vocación de destruir al Estado, en particular, al que asiste a los sectores más vulnerables. En efecto, la nueva ola cesantías golpeó principalmente a Capital Humano (el ex Desarrollo Social) con 2.000 despedidos, pero también a la ACUMAR, el organismo encargado del saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Los trabajadores fueron notificados el viernes 28, en la previa al feriado de Carnaval, y entre los cesanteados hay precarizados cuyos contratos caían este mes, pero también agentes de planta permanente.
Entre las áreas afectadas dentro de Capital Humano se encuentran los Centros de Referencia, que son los que posibilitan que la política pública llegue a todos los rincones del país, y la Dirección de Emergencias, abocada a asistir a la población ante distintas situaciones límite. Los incendios en la Patagonia, los temporales en Bahía Blanca o las inundaciones de este fin de semana son algunas de las catástrofes en los que este área debería intervenir. Sin embargo, después de meses de vaciamiento, quedó desierta.
Así lo explicaban sus trabajadores durante una de las protestas que ATE llevó adelante hoy, frente a Desarrollo Social, en el marco de la jornada de paro nacional:
En diálogo con Canal Abierto, trabajadoras despedidas de la Dirección de Emergencias contaron que otro de los sectores afectados por los despidos fueron los famosos depósitos en los que la ministra Sandra Pettovello mantiene retenidos alimentos y otro tipo de mercaderías que sirven para asistir a los comedores, pero también, a la población en situación de vulnerabilidad o en casos de emergencias.
La situación en ACUMAR
En el marco de la jornada de paro y protestas, más temprano ATE se había movilizado frente a la sede de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde en la previa al fin de semana largo 350 agentes fueron notificados de que estaban despedidos. Sumadas a las 100 cesantías de 2024, la planta del organismo comprometido con el saneamiento integral de la cuenca en la que viven unos 6 millones de habitantes quedó reducida a la mitad.
Entre las áreas que quedaron desguazadas se encuentran las encargadas del monitoreo de calidad ambiental, del control de las empresas contaminantes, de la gestión de residuos, de la prevención de inundaciones, de la infraestructura, la salud y la educación ambiental, y de áreas de vivienda y fortalecimiento comunitario.
En un comunicado de prensa, la junta interna de ATE denunció además que con los despidos las autoridades del organismo estaban incurriendo en un “fraude laboral”, al pasar “por encima del convenio colectivo de ACUMAR que contempla la opción de reubicación por reestructuración en su cláusula de estabilidad laboral”. “Al mismo tiempo -denunciaron- más de 130 trabajadores fueron despedidos mediante causas truchas para evitar pagar indemnizaciones”.
Huelga general
Por su parte, desde ATE Nacional adelantaron que llamaran a un nuevo plenario de delegados para debatir la continuidad del plan de acción y proponer una nueva huelga general a concretarse en las próximas semanas. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que el crecimiento de la conflictividad era inevitable y caracterizó el momento que atraviesa el Gobierno como de gran debilidad.
En ese contexto, se refirió a la renuncia masiva de profesionales de los programas de vacunas, VIH, lepra y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación: “Empiezan a renunciar todos los profesionales porque ya no pueden cumplir con las prestaciones exigidas por ley. Con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social. Con este Presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano. Todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo, destruyendo”.
Durante la jornada de protestas en territorio porteño que también incluyó una manifestación en el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, el sindicato exigió la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados ilegalmente y demandó una recomposición salarial urgente para todos los ingresos del sector público que en 2024 perdieron el 44,4% de su poder adquisitivo.
“Cabe recordar que en lo que va del año el Ejecutivo otorgó tan solo un 1,5% para enero y 1,2% en febrero. Además, el último encuentro paritario realizado a fines de febrero pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida para una nueva reunión”, recordaron en un comunicado.