Por Alejandro Asis | Como consecuencia de las políticas públicas de constricción salarial impulsadas y ejecutadas por el gobierno de Mauricio Macri, el sector estatal que incluye a trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales del país concluirá con una pérdida de ingreso salarial de más de 30% en relación a la asunción de Cambiemos en diciembre del 2015.

Según los datos aportados por los Consejos Directivos Provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado, más del 70% de las y los trabajadores de las administraciones públicas provinciales no alcanza a cubrir, con sus ingresos, el valor estimado por la última canasta familiar medida por los técnicos de la Junta Interna de ATE en el INDEC.

Tomando como referencia de análisis las categorías donde reviste el mayor número de empleados públicos provinciales, el promedio general de salario ronda allí los 26.000 pesos mensuales contra los 35.647 pesos que insume el valor de la canasta básica para una familia tipo.

La base de la caída del 30% del salario entre las estatales tiene dos elementos gravitantes: uno que el aumento salarial registrado en la mayoría de las provincias en estos cuatro años nunca alcanzó a equiparar el índice inflacionario. Salvo contadas administraciones que para el 2018 y el 2019 decidieron adoptar la cláusula gatillo, la mayoría ató las subas salariales a aumentos fijados en paritarias, a veces complementado con el pago de bonificaciones, pero que aún así no alcanzaron a igualar la pérdida  del poder adquisitivo.

El segundo elemento a tener en cuenta es que en salarios donde el consumo de alimentos se lleva la mayor parte, la caída es más alta porque la inflación de los insumos alimenticios ha sido 6 o 7 puntos más alta que la inflación general.

Según los datos de la ATE INDEC, en 3 de los 4 años de gobierno de Macri hubo caída del salario y solo en uno, el 2017, se registró alguna paridad.

Aunque en la pérdida del salario hay una responsable mayor que es el gobierno nacional, ello no exonera a los gobiernos provinciales. Desde el fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación que obliga a devolver el 15% de los fondos coparticipables las provincias han aumentado sus recursos financieros y casi ninguna hoy tiene déficit fiscal. Sin embargo ello no ha sido trasladado a mejoras salariales, ni a una mejor distribución del ingreso a las comunas bajo sus jurisdicciones. Un ejemplo que ha sido recurrente de ello es que cuando los gobiernos provinciales han fijado un mínimo salarial para todo su territorio, han sabido equiparar los mínimos salariales correspondientes a  los trabajadores que están a su cargo, pero no han hecho ningún aporte a las municipalidades, de manera que se han mantenido las viejas asimetrías salariales entre provincias y municipios, que históricamente ATE reclama aunar.

Municipios

Si a nivel provincial el salario promedio da 26.000 pesos, en los municipios el salario promedio arroja 17.000 pesos mensuales, siempre y cuando sean de la planta permanente. Esta aclaración vale porque en los municipios existe un altísimo número de trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de contratados. En este marco salarial los CDP´s de ATE estimaron que el porcentaje de trabajadores de planta permanente que no llegan a cubrir la canasta básica sube al 90% de total de los mismos.

En los municipios el problema se intensifica porque es salarial y también laboral. Los datos aportados por los ATE provinciales indican que en promedio casi el 50% de los y las municipales son contratados y contratadas.

En este estado de precarización laboral la ATE ha contabilizado la existencia de hasta 17 modalidades distintas de contratación. En los municipios es común oír hablar de monotributo, becas, tutorías, planes de inclusión, o jornalizados, entre otras variables. En este grupo de trabajadores los salarios se comprimen en una franja que va de entre los 5.000 y 8.000 pesos.

Y el problema es abismal: no solo casi el 100% de total no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica, la inmensa mayoría de ellos perciban salarios por debajo de los 16.875 pesos, establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

Son trabajadora/es que están a la deriva, precarizada/os al extremo. Hay proyectos de ATE que fueron planteados a las legislaturas provinciales para que se vote la implementación del SMVyM, como política inclusiva y obligatoria de los gobiernos. Pero el proyecto gremial por la equiparación salarial tiene fuerte resistencia. Son las propias administraciones provinciales (y luego las municipales) quiénes boicotean estos proyectos haciendo valer el amparo que les brinda la autonomía constitucional (la nuestra es una República Federal) y esquivan de esta forma tener que hacerse cargo del “costo financiero”, que significa igualar los salarios (y las condiciones de trabajo) hacia arriba.  Así aplican el viejo axioma de la política que “es mejor sentarse sobre los recursos superavitarios que derramarlos”.

En otro tema también son tajantes la mayoría de la/os gobernadore/as e intendentes: se hace lenta la  implementación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), que ayudarían a aceleran la mejora en las condiciones laborales y salariales del/a trabajador/a estatal.

Cláusulas gatillos y bonos

Una política que ayudó a recomponer la pérdida del salario fue aplicar la cláusula gatillo. Sin embargo esta política que podría haber atenuado la pérdida del ingreso sólo fue utilizada por un tercio del total de las jurisdicciones provinciales. El resto se movió dentro de lo que fue la fijación de pautas salariales, también clausulas de revisión, sin obligatoriedad, y en algunos casos acompañar la pauta con la entrega de algún bono.

Donde se aplicó la cláusula disminuyó la caída del salario, pero casi siempre fue aplicada para trabajadores de la administración pública provincial, por lo que significó una gran discriminación hacia el personal de municipios que no tuvo el acompañamiento de la misma política, ni como quedó dicho, el apoyo provincial con recursos financieros.

En cambio donde se hubo establecido un aumento general para el año la caída salarial fue mayor. Principalmente porque las grandes devaluaciones de los años 2018 y 2019 sucedieron después del mes de mayo, cuando los aumentos ya estaban acordados. En algunos distritos provinciales esta caída fue compensada parcialmente con el pago de un bono. De nuevo los grandes perdedores resultaron ser las y las municipales.

Las cláusulas de revisión dependieron exclusivamente de la capacidad de recursos y acuerdos entre las partes, pero casi nunca alcanzaron a equiparar el alza inflacionaria.

Políticas salariales por regiones:

El Noreste (NEA) y el Noroeste argentino (NOA), son las regiones que concentran los salarios estatales más bajos del país. En el opuesto, los ingresos más altos están en la región Sur, explicada en los costos más elevados de la vida patagónica, aunque ello no siempre implica que el salario alcance para vivir.  En tanto la Región Centro, como Cuyo, registra mediciones salariales más parecidas al salario de los trabajadores del Estado nacional de la Región metropolitana.

NOA

Santiago del Estero tiene una política salarial bastante atípica, pero también dependiente para el/la trabajador/a estatal de la voluntad de quién gobierna. El salario promedio de los estatales provinciales orilla los 16.000 pesos y suele ser compensado con el pago de bonos dos o tres veces al año. Tiene una verdadera particularidad: a veces ese bono anual es mayor que el ingreso mensual. Este año, sólo entre octubre y diciembre el gobierno pagará en bono 18.000 pesos. Esta peculiar política salarial es imitada por los intendentes de la provincia. Sin embargo este bono no puede ocultar la política salarial constrictiva que aplica el gobernador Gerardo Zamora para una provincia donde también abundan -sobre todo en los municipios- distintas modalidades de contratación, cuyos pagos oscilan alrededor de los 7.000 pesos al mes.

En esa misma región Jujuy expresa a un gobierno de otro signo político (Gerardo Morales, del actual oficialismo nacional) pero con una idéntica política salarial. Según lo estimado por la ATE provincial el 90% de los trabajadores de la administración pública cobra por debajo de los 33.000 pesos que estipula la canasta familiar. Según el la ATE jujeña el promedio salarial es de 18.000 pesos mensuales y un cálculo propio estima que en los últimos 4 años, el estatal jujeño perdió un ingreso salarial de casi el 40%.

En la región los salarios promedios más altos lo tienen Tucumán, Catamarca y La Rioja, con entre 25.000 y 30.000 pesos mensuales y un poco más abajo Salta con 22.000 pesos mensuales.

Las provincias con más precarizados municipales son La Rioja, con 40%, y Catamarca, con 50%.

NEA

En las cuatro provincias que componen el NEA sus gobiernos representan a 3 signos políticos distintos: Chaco y Formosa, por el PJ, Misiones, Frente Renovador y Corrientes UCR. Este detalle, que debería refrendarse en la aplicación de políticas salariales distintas, contrariamente los unifica: el NEA registra el promedio salarial estatal más bajo del país.

En Formosa, provincia gobernada por Gildo Insfrán desde hace 30 años, el salario promedio de los trabajadores del sector municipal promedia los 10.000 pesos mensuales y entre los precarizados municipales oscila en los 6.000 pesos.

En Misiones, el “Frente Renovador” con 20 años en el gobierno provincial y además ocupando la conducción ejecutiva de todos los municipios, un área esencial como la Salud Pública tiene a casi el 40% de su personal precarizado, y los trabajadores del llamado programa promotor de la Salud, que prestan  servicios en los territorios, apenas tiene se ingreso mensual promedio 9.000 pesos.

Lo que está claro que signo político distinto no significa políticas distintas. En el Chaco del PJ y Corrientes de la UCR, así lo manifiestan. Casi como un calco los promedios salariales de la administración pública suman entre 15.000 y 17.000 pesos y entre 12.000 y 13.500 para los de planta permanente, municipales. Entre los precarizados los salarios varían entre los 6.000 y 8.000 pesos.

Lo único que cambia entre ambos distritos es el número de precarizados: Chaco registra un 38% y Corrientes, entre los municipales, arroja una cifra del 70%.

Centro

En la región la distribución del salario de las y los empleados de la administración pública provinciales muestra más parecidos entre Córdoba y Santa Fe: entre 30.000/ 35.000 provinciales; entre 20.000/25.000 en municipales; y entre 7.000/8.000 la/os precarizada/os.

Entre Ríos es la tercera provincia de esta región y se encuentra bastante rezagada  en términos salariales y de precarización: el promedio de la administración pública ronda los 26.000 y casi el 75% de su personal no accede al ingreso de 33.000 del costo de la canasta familiar. Entre los municipales el promedio es de 13.000 pesos. También existe una cláusula de garantía salarial mínima de 21.000, de la que la/os municipales están excluidos. Además en los municipios casi el 50% del personal es precarizado.

Cuyo

La región cuyana tiene parámetros salariales parecidos a los de Santa Fe y Córdoba. Si registra un porcentaje de 40% de trabajadora/es precarizada/os en los municipios del interior.

En esta región San Juan posee un salario más elevado para los estatales provinciales (entre 28.000/32.000) y municipales en 22.000 pesos mensuales, pero a nivel precarizado los salarios caen marcadamente con promedio de 7.000 pesos. En cambio en Mendoza redondea un promedio para municipales en una franja de entre 16.000/2000, pero los precarizados alcanzan los 14.000 pesos.

Patagonia

La región patagónica muestra dos caras salariales bien distintas: la de Río Negro y la Pampa, las provincias más norteñas de la región, con un ingreso promedio en la administración pública provincial de  25.000 a 27.000 pesos y una precarización laboral en los estados municipales que alcanza a casi el 60% del personal. En Río Negro los municipales tienen un ingreso promedio de 16.000 mensuales. En La Pampa el estatuto de trabajo sostiene la adhesión de los municipios a las políticas salariales de la provincia, pero ATE denunció que casi el 80% de lo/as trabajadore/as municipales quedan fuera de esta equiparación salarial porque los municipios no abonan estas diferencias salariales.

Para Chubut y Santa Cruz los costos de la canasta básica son bastantes más altos: entre 45.000 y 50.000 pesos al mes, salarios al que casi el 70% de lo/as estatales no llegan a alcanzar. Con salarios que se sitúan en 40.000 para trabajadore/as de la administración pública provincial, entre lo/as municipales apenas promedian entre los 20.000 y los 25.000 pesos mensuales, que imposibilitan a casi la totalidad de ello/as cubrir el costo de la canasta básica.

Región Metropolitana

Los datos de la región establecen que el salario promedio en la administración pública provincial ronda los 21.000 pesos mensuales contra una canasta de 34.000 pesos y que la precarización laboral en los municipios llega a casi el 60% del total de sus plantas.

Sólo existen salarios que superan el valor de la canasta básica en aquellos municipios más ricos de las áreas agrícola- ganadera del interior de la provincia de Buenos Aires.

 

Publicado en ATE.org.ar

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