Redacción Canal Abierto | Con el denominado Sistema de Evaluación Pública (SEP), el gobierno de Javier Milei obligó a miles de trabajadores estatales a rendir un examen de idoneidad para determinar su continuidad laboral.
Según datos oficiales, aprobaron un 98% de los 41.532 evaluados, lo que echa por tierra la estrategia de estigmatización pretendida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.
“Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si son idóneos”, había advertido meses atrás el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Entonces, ¿qué sentido tuvo invertir tiempo, dinero y esfuerzo en este proceso? Desde el gobierno, se argumentó que el examen buscaba garantizar la calidad del empleo público, pero los números sugieren que el objetivo trunco fue siempre otro: abonar la narrativa oficial que los señala como un lastre.
En este sentido, ATE insistió que el SEP es innecesario ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional.
El dato que vino a confirmar lo malicioso del asunto es que, ni bien su fueron conociendo los primeros resultados, desde la cartera Sturzenegger dejaron trascenderte que el examen “va a ser un requisito necesario pero no suficiente”. En otras palabras, que su aprobación no garantiza a los contratados la continuidad de su lugar de trabajo.
Lo cierto es que la operación estuvo lejos de resultar barata: hasta el momento, los exámenes del Gobierno costaron al menos $2.570.996.928, calculando los días de trabajo perdidos por los estatales que debieron destinar su horario laboral a rendirlos. Esa cifra, además, no contempla los gastos para la elaboración del material de estudio, el personal que realizó las evaluaciones, la utilización de un inmueble del Estado, entre otros conceptos.
“A esta altura podríamos hablar de criptoexámenes, porque terminaron siendo una verdadera estafa para toda la sociedad. La plata que gastaron proviene del pago de impuestos de todos los argentinos de bien. Imaginamos que después de demostrado este perjuicio multimillonario, alguien va a renunciar”, apuntó Aguiar.