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Un tercio de los inquilinos se tuvo que mudar por no poder pagar el alquiler

Así lo revelan los resultados de la última encuesta de Inquilinos Agrupados. El informe también muestra que un alto porcentaje de los no propietarios, afectados por la derogación de la ley 27.551, piensa que el Estado debe regular el precio de los arrendamientos.
Publicado 31/03/2025 5 minutos para leer
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Redacción Canal Abierto | Inquilinos Agrupados dio a conocer los resultados de la última encuesta sobre la situación habitacional, contractual y económica de los hogares que alquilan en Argentina, correspondiente a marzo de 2025. El estudio, que recoge los testimonios de 1.402 personas, evidencia que desde la derogación de la Ley 27.551 en diciembre de 2023 (con el DNU 70), la realidad del sector no muestra signos de recuperación y más bien empeora.

En ese sentido, hay un dato alarmante: un tercio de los hogares encuestados tuvo que mudarse por no poder afrontar el precio del alquiler. En el mes de diciembre ese porcentaje era del 25%, lo que marca “un aumento en la crisis habitacional”. En ese contexto, el 88% de los encuestados considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses.

La situación laboral también mostró un declive. Mientras que en diciembre de 2024, el desempleo registrado por la encuesta era del 5%, en marzo la problemática alcanza al 9.2% de los inquilinos. Además, el 35.3% está buscando más trabajo y el 67% está preocupado por la cantidad de horas de trabajo. Y otro dato preocupante: el 27.7% afirmó tener un familiar que perdió el trabajo.

Otra problemática que ya es estructural de los hogares que alquilan es el endeudamiento: este alcanza al 65% de quienes respondieron a la encuesta. De acuerdo al estudio, los principales motivos son: el pago de las tarjetas de crédito (51%), la compra de alimentos (38%) y el pago del alquiler (el 30%). A esto se suma un atraso en los pagos, en el 38% de los casos.

El relevamiento también indaga en la percepción de los inquilinos sobre las políticas públicas en materia habitacional. Así, el 87,4%,  manifestó estar “nada de acuerdo” con la prerrogativa de que “el mercado se regula solo”, mientras que el 76,8% dijo estar “muy o bastante de acuerdo” con que “el Estado debe regular el precio del alquiler”.

En línea con esos posicionamientos pro-regulaciones, el 56,5% afirmó estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con que “hay que limitar la cantidad de viviendas por persona o empresa”, y un abrumador 83,4% aprueba que prohíban las viviendas ociosas por más de tres meses.

Expensas por las nubes

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) es otra de las instituciones que viene siguiendo la situación de los precios de los alquileres, aunque circunscripto a CABA. Así, porque “si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primer -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso”.

 “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –agregan desde el instituto que coordina Andrés Asiain- los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad. Esto motivó la creación del presente informe mensual”.

En esa línea, el último estudio del centro, con datos a enero de 2025, mostraba que el precio promedio de un monoambiente era de $400.000, un departamento de 2 ambientes los $500.000 y uno de 3, los $700.000.

¿Qué pasará con los alquileres si se deroga la Ley?

De esta forma, el 2025 “arranca sosteniendo precios de oferta de alquileres que tienden a aumentar a un ritmo inferior al de la inflación”. Esto se debe, en parte, al “incremento en la cantidad de unidades ofrecidas en pesos y la caída en el poder adquisitivo”.

Sin embargo, y en contraposición, observaban que se agravaba la situación por un aumento superior de las expensas. Estas, advirtieron, “suben más que los alquileres (como consecuencia de los aumentos en los servicios), incrementando su peso relativo”, que para el mes estudiado trepó al 22% respecto al precio de oferta del alquiler.

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