Redacción Canal Abierto | Corporación Buenos Aires Sur, Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP) y la agencia estatal Télam son las empresas públicas alcanzadas por el nuevo capítulo en la ofensiva gubernamental para “modernizar” el Estado. Todas fueron reconvertidas formalmente en sociedades anónimas, salvo Télam, que fue directamente disuelta.
La decisión fue publicada este jueves —un día antes de anunciar un nuevo endeudamiento con el FMI— y lleva la firma del Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona. Y, como curiosidad o provocación, fue registrada por la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo el título “Motosierra”.
“Es un paso clave para poner fin al uso político de estas empresas”, argumentó Justicia, y aseguró que éstas “ahora deberán de rendir cuentas y presentar sus balances como cualquier compañía”.
Desde sectores sindicales, sociales y vinculados a los derechos humanos denunciaron una ofensiva ideológica que utiliza la bandera de la eficiencia para avanzar sobre áreas sensibles del Estado. Además, advirtieron que el proceso de reconversión podría abrir la puerta a futuras privatizaciones, aún cuando el Gobierno evite utilizar ese término de manera explícita.
En paralelo, el Ejecutivo gana puntos ante el FMI, al mostrar avances concretos en la reducción del gasto público y en la “racionalización” del Estado.
Más ajuste
La privatización de facto se enmarca en una seguidilla de decisiones en el mismo sentido que el Ejecutivo ha tomado en las últimas semanas, como la intervención sobre organismos de derechos humanos y la suspensión de fondos públicos asignados al Espacio Memoria y Derechos Humanos, de la ex ESMA. Además, el 3 de abril, el Ministerio de Justicia anunció la interrupción de pagos por más de $3.000 millones destinados a 13 organismos, bajo el argumento de falta de fiscalización.
Rápidamente, las entidades publicaron un comunicado conjunto donde rechazaron la acusación y explicaron que todos los fondos estaban debidamente controlados por el Estado.
Las reformas, sin embargo, se implementan en un clima de creciente tensión social. Las próximas semanas podrían ser escenario de nuevos conflictos gremiales, litigios judiciales y/o protestas callejeras, mientras el Gobierno sigue apostando su capital político a un ajuste sin anestesia, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina.