Por Elisa Corzo | El salto inflacionario que se registra desde febrero y la continuidad de la intervención gubernamental de las paritarias, dieron como resultado en los primeros meses de 2025 un nuevo escenario de ajuste sobre el salario real, con impacto heterogéneo. Así lo advirtieron desde el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA en un informe publicado ayer en el que analizan el “cambio sustancial” en la dinámica de las negociaciones salariales que se registró en los primeros meses del año.
“Ya en diciembre el Gobierno Nacional había comenzado a dejar trascender que no homologaría aumentos que estuvieran por encima de una pauta no escrita, pero que estaría en línea con un escenario de caída de la inflación que, al menos en el plano discursivo, era defendido por las autoridades oficiales”, repone el estudio.
Y explica que “la intención oficial apuntaba a, en el mejor de los casos, congelar el salario real en los niveles de fines de 2024”. “Para el sector privado registrado ello hubiera implicado en promedio volver a los niveles de noviembre de 2023, mientras que para el sector público se trataba de establecer una nueva normalidad salarial aceptando un recorte en torno al 15% en términos reales. Considerando un período más extenso, el nuevo equilibrio salarial hubiera implicado, de ser exitosa esta política oficial, una caída salarial del 20% en el sector privado y del 35% en el sector público en comparación con finales de 2017”.
Sin embargo, “la inflación de febrero, levemente superior a la de enero (2,4% contra 2,2%) puso en duda que el Gobierno fuera a conseguir este objetivo. El 3,7% de marzo mostró el fracaso de la política oficial en este punto y volvió a poner presión sobre el salario real y sobre las paritarias. Frente a un escenario de precios acelerándose, el congelamiento de las paritarias necesariamente tiene como consecuencia una caída del salario real”, subrayan.
La escena sindical se recalienta
El mencionado informe de la CTA también hace un racconto de los sectores más afectados por el ajuste del salario real, lista que encabezan las trabajadoras de casas particulares y los judiciales nacionales, con pérdidas superiores al 6%. Le siguen los textiles, sanidad, perfumistas y alimentación con caídas de más de 4%. En el mismo pelotón se ubican los metalúrgicos y los estatales, que esta semana ya anunciaron medidas de fuerza. Por salarios pero también por la pérdida abrumadora de puestos de trabajo.
Así, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó sobre el inicio de un plan de lucha nacional con un cronograma progresivo de medidas que incluye: diez días de asambleas en todas las fábricas, y un paro nacional de 24 horas, seguido por paros de 48 y 72 horas, en caso de no obtener respuestas por parte de los empresarios y el Poder Ejecutivo.
“Ya perdimos 22.000 puestos de trabajo y están en riesgo entre 30.000 y 50.000 más por la apertura indiscriminada de importaciones. Nos quieren imponer condiciones que no tienen relación con la realidad económica que estamos viviendo”, aseguró el secretario general de la UOM, Abel Furlán, sobre la situación que atraviesa el sector.
En paralelo, luego de rechazar el acuerdo paritario por contener un ofrecimiento salarial muy por debajo de la inflación (1,3 contra 3,7% que fue el IPC de marzo), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el Estado de Asamblea Permanente en toda la Administración Pública y decidió realizar protestas simultáneas en todos los organismos públicos y ministerios el miércoles 23 de abril, en el marco de una jornada nacional de lucha.
“No le podemos dar tregua a un Gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales con la complicidad de otro sindicato en la última paritaria es irreparable. Tenemos que multiplicar las protestas en todos los sectores», indicó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar.
Según informaron, las protestas comenzarán el miércoles 23 a las 11 con asambleas, paros, radios abiertas, cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo y no se descarta que en algunos casos puedan existir bloqueos.
Los trabajadores docentes y nodocentes universitarios, otro de los sectores que viene sufriendo con dureza el ajuste del gobierno de Milei, también convocó a medidas de fuerza. La CONADU Histórica dio a conocer que realizará un paro de 48 horas los días 22 y 23 de abril, en coincidencia con el aniversario de la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública realizada en 2024.
La medida de fuerza se da en el marco del plan de acción gremial en reclamo por la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el gobierno nacional desde el 7 de octubre de 2024. En marzo –denunciaron- los sueldos del sector recibieron un 0% de aumento. “Mientras la inflación acumulada llega a 197% (desde que asumió Milei), la actualización salarial fue del 68% al 86% (según el cargo)”, apuntaron.
Otros sectores que también están en conflicto son los del neumático nucleados en el SUTNA, los de prensa tanto escrita como televisada, los del Correo Argentino de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECOYT), y los colectiveros de la línea 60, que hoy protestaban en la cabecera de Ingeniero Maschwitz. La medida se da en el marco de una reunión entre el sindicato las cámaras empresarias y el gobierno, mientras transcurre una conciliación obligatoria.
En este marco de malestar salarial y conflictos sindicales crecientes, también la Confederación General de Trabajo sorprendió con el anuncio de una movilización para el miércoles 30 de abril, en conmemoración por el 1 de mayo y en coincidencia con una nueva movilización de jubilados.