Redacción Canal Abierto | Este martes desde la 16 horas, el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda se reunirá para debatir distintos proyectos de ley que apuntan a modificar el Régimen Penal Juvenil. El impulsado por el Poder Ejecutivo con el apoyo de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal) lleva la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años, y admite penas de hasta 20 años de prisión.
En este marco, la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia que integran decenas de organizaciones -entre otras, la CORREPI, la Federación Judicial Argentina, ATE, la CTA- publicó un pronunciamiento en el que denuncia que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil presentado por el Gobierno “vulnera en forma gravísima la libertad y los derechos de lxs pibxs y, de igual forma afectan sus derechos, los proyectos que proponen bajar la edad de punibilidad”.
La Mesa también convocó a una radio abierta en las puertas del Anexo de la Cámara de Diputados (Rivadavia 1841), en paralelo a la sesión del plenario de comisiones. “Nos encontramos para seguir diciendo lxs pibxs no son peligrosxs. Están en peligro. Se necesitan políticas públicas que garanticen a las niñeces y adolescencias su derecho a una vida digna de ser vivida”, señalan en la convocatoria.
El próximo viernes 9 también hay una invitación para debatir el tema pero desde el Foro por la Niñez. La cita es a las 13.30 en la sede de la CTA Nacional (Mitre 744), en el marco del Día Nacional de Acción por la Niñez.
10 puntos sobre el proyecto de reforma
En el documento titulado “No a la baja de punibilidad”, la Mesa sintetizó en diez ítems los principales riesgos de los proyectos de reforma de Régimen Juvenil. Entre otros, alerta sobre estos aspectos sobresalientes:
1. El proyecto dice abordar el problema del delito juvenil desde una perspectiva integral, cuando asistimos al desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.
2. El proyecto dice, falazmente, responder a la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero bajar la edad de la punibilidad y ampliar la actuación del sistema penal va en contra de esa afirmación. Los órganos especializados, por el contrario, afirman que la criminalización a temprana edad es reproductora de la conducta delictiva (vg. Comité de los Derechos del Niño, Obs. Gral. 24 de 2019, recomienda a los Estados, no reducir la edad mínima). Así, los problemas de inconstitucionalidad que ya tiene la actual ley se agravan si se establece una edad menor.
3. El proyecto propone un modelo retrógrado, basado en enfoques que ya fracasaron hace más de 100 años. Agrava el actual sistema penal y retrotrae al paradigma tutelar y de judicialización de la pobreza. Entre las medidas que lo agravan está la de bajar escandalosamente la edad de punibilidad, hoy pautada a los 16 años, a los 13 años. Y entre las que nos retrotraen al derogado sistema tutelar, encontramos la torpeza técnica de confundir competencias penales con las de las políticas públicas y de la justicia civil y de familia, a la que, además, subordina a la justicia penal.
4. El proyecto dice que la reforma es necesaria porque las bandas criminales usan niñxs en el delito. Pero omite que el hecho de que sean captados por bandas criminales, se debe a la decisión política de dejar zonas liberadas al narcotráfico con connivencia policial, judicial y del poder político. Por eso mismo, deben ser tratadxs como víctimas de las bandas criminales y no como responsables, por la captación. (Así lo aconseja la OIT, 2009, El trabajo forzoso y la trata de personas).
5. Por sobre todo, omite que, la mayor vulnerabilidad a ser captado por las bandas criminales se produce por las condiciones creadas por el propio Estado, que deja sin recursos el abordaje de los consumos problemáticos o los problemas de salud mental que aquejan a lxs adolescentes, asediadxs por falta de oportunidades, necesidades insatisfechas y nula perspectiva de futuro.
6. En sus fundamentos, el proyecto miente cuando afirma que la ley actual impide perseguir a personas de menos de 16 años por la comisión de un delito y omite indicar de qué manera bajar la edad contribuyó a combatir el delito en los países que lo hicieron y toma de ejemplo. La ley actual posibilita la intervención judicial y por eso hay niñxs privadxs de la libertad por debajo de los 16 años en la Argentina.
7. El proyecto también tergiversa la verdad cuando indica que, como las tasas del delito aumentan, es necesario bajar la edad de punibilidad. Por el contrario, las mismas estadísticas a las que recurre, no justifican, sino que contradicen esa afirmación. Así es como en base a estadísticas oficiales, se demuestra que la mayoría de los hechos cometidos por adolescentes son de mayores de 16 años y que, solo una ínfima proporción son atribuidos a adolescentes de menos de esa edad. Además, en arrolladora proporción, se trata de delitos contra la propiedad y no de carácter más violento.
8. El proyecto dice responder al debido proceso y prevé sanciones para jueces que dilaten las actuaciones, pero no indica un plazo razonable ni crea condiciones para evitar el colapso del sistema de justicia y ministerios públicos. Los procesos penales juveniles deberán ser afrontados con los mismos insuficientes recursos con los que hoy cuenta el sistema penal de menores.
9. En ningún artículo hace mención al presupuesto destinado a su implementación, evidenciando que las provincias deberán financiar su ejecución. De modo que ya es posible vaticinar un colapso del sistema, en especial de los ministerios públicos, y muy particularmente, de la defensa pública. A su vez, en las provincias donde la tasa de delitos cometidos por menores de edad y más aún por no punibles, es ínfima. Por tal motivo, no justifica el montar todo un sistema nuevo bajo el argumento de incluir a quienes hoy son no punibles, dado que sería un alto costo y una mala optimización de los escasos recursos con los que hoy cuentan las provincias.
10. El proyecto no desarrolla criterios de especialidad y proporcionalidad, en relación con el hecho y la persona. La pena privativa de la libertad admitida en 20 años es contradictoria con el principio de derecho penal mínimo. Es regresivo por bajar la edad de punibilidad, pero también por no mantener (como la actual ley) delitos respecto de los cuales niños, niñas y adolescentes no serán considerados punibles. Amplía el ámbito de aplicación del sistema penal sobre hechos intrascendentes en discordancia con los principios de racionalidad, lesividad, intrascendencia y especialidad que deben prevalecer y son de aplicación incluso en el sistema de adultxs.
“En síntesis- concluyen desde la Mesa de Articulación- esta avanzada punitiva amplía la criminalización de la infancia y adolescencia, en el marco de un ajuste feroz de las economías trabajadoras, el ataque al lazo comunitario que ofrecen las organizaciones y el recorte de los sistemas de garantía de derechos, incluido el derecho a la alimentación y a la salud. Se repone el tema de bajar la edad de punibilidad, pese al arrollador consenso que el año pasado tuvieron expertxs en la temática en contra del proyecto, dejando en evidencia que se hace uso del tema para desviar la atención de los escándalos que complican la responsabilidad criminal del propio presidente de la nación, objeto de investigaciones internacionales, como así también de los distintos pedidos de juicio político y que revisten tal gravedad institucional que debieran ser motivo de debate en ese recinto, ya que verdaderamente hacen peligrar los destinos, la seguridad, las libertades y las economías de la inmensa mayoría de lxs habitantes de la nación y atentan contra la institucionalidad democrática”.