Redacción Canal Abierto | Mientras quedan sistemáticamente impunes las decenas de denuncias por la feroz represión desatada en el marco del “Chubutazo” de 2021, avanza la persecución a quienes salieron a la calle a defender el agua y el ambiente contra la reforma que amplió la entrega, los beneficios y facultades de las empresas mineras en la provincia.
En el día de hoy ocho manifestantes que participaron de aquella histórica pueblada que detuvo el avance de la megaminería debían recibir el veredicto.
Sin embargo, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut y la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia informaron que uno de ellos se quitó la vida horas antes del inicio de la audiencia.
Se trata de Lautaro Martínez, acusado de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado” por lo que afrontaba una posible pena de cuatro años de reclusión.
Los otros imputados que finalmente fueron condenados son Mauricio Vargas, acusado del delito de “incendio intencional con peligro común para los bienes, en concurso real, con hurto agravado” para quien la fiscalía pidió seis años de prisión. El mismo pedido de cárcel le corresponde a G.V. (adolescente) por “daño y hurto agravados”. Nicolás Díaz (hurto agravado) tiene una condena solicitada de tres años de cárcel. Damián Díaz fue sentenciado por daño agravado y se solicitó 1 año y 8 meses de encierro. Para Lurdes Molina Leguiza (daño agravado), en cambio, la fiscalía pidió dos años. A Lucas Espinoza se lo imputó por “daño agravado” solicitando una pena de 1 año y 8 meses.
Brian Díaz estaba acusado de “daño agravado” y fue absuelto.
“Como ya venimos denunciando hace años, la fiscala María Florencia Gómez, amiga del poder político de turno, arma causas –sin pruebas- y lleva a juicio a luchadores sociales solo por el placer del pretendido disciplinamiento, aunque finalmente, muchos sean sobreseídxs o absueltos; ella parece disfrutar el proceso de escarnio público y fusilamiento mediático que pesa sobre ellxs cuando realiza las falsas acusaciones”, dicen las organizaciones.
“La Jueza María Tolomei –sigue el comunicado-, en el año 2020, al terminar el juicio oral donde el Ministerio Público Fiscal criminalizó a seis luchadores de No A La Mina por el solo hecho de manifestarse, sentenció: “Concluiré con una frase que entiendo refleja una síntesis perfecta de la relevancia o trascendencia que posee el sometimiento a juicio de cualquier persona imputada. Se sostiene allí que “Binder (Introducción p. 245) resalta con acierto que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable (…) así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aún de descrédito público. Por tal razón, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la decisión de someter a juicio al imputado no sea superficial, apresurada o arbitraria””
“No hay consuelo. Desde la Red de Organizaciones por los DDHH en Chubut nos queda abrazar fuertemente a su familia y continuar la lucha en defensa de nuestros derechos denunciando toda operación autoritaria”, sintetizaron.