Por Manuel Rodríguez | A través de un decreto, el Gobierno dio la estocada final al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y al Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) al plantear su cierre definitivo, tras una sangría iniciada con la eliminación del impuesto PAIS, cuya recaudación nutría esos fondos.
El dato llamativo es que se trata de dos entidades creadas por los gobiernos por los que el presidente ha manifestado admiración. El FONDOTEC fue implementado en 1990, cuando Carlos Saúl Menem estaba en Casa Rosada. Más cerca en el tiempo, el FISU se puso en marcha bajo la gestión de Mauricio Macri.
El FISU es producto del Régimen de Regularizaión Dominial para la Integración Socio Urbana, medida con fuerza de ley que fue votado por unanimidad en el Congreso de la Nación. Hasta la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, estuvo a cargo de Fernanda Miño.
En un tweet publicado en su cuenta, el vocero presidencial, que hoy es también candidato a legislador porteño Mauel Adorni, expuso que “el FONDOTEC sólo utilizó 33 millones de los más de 28.000 millones de pesos que le fueron asignados entre 2022 y 2023. Por su parte, se detectó que el FISU compraba terrenos contaminados, concedía obras a cooperativas sin antecedentes y demoraba el desarrollo de las mismas”.
En el caso del FISU, destinado a obras de infraestructura, llama la atención como varía la evaluación de su desempeño de un lado al otro de la General Paz. Si para el hoy porteño Adorni no fue bueno, el armador bonaerense Sebastián Pareja, que es quien sucedió a Miño al frente del FISU, planteó respecto de esta área que “si no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, pega en el palo”.
No puede aducirse que esto responda a internas dentro del oficialismo, ya que ambos funcionarios reportan a Karina Milei. Quizá la bravuconada de Adorni vaya en sintonía con su rol como candidato y haya que entenderla en la lógica de batalla cultural con este tipo de posteos que parecen gustarle a su núcleo duro.
Juan Del Pino fue el jefe de gabinete del FISU durante la gestión de Miño y, en diálogo con Canal Abierto, advirtió que “lo presentan hoy como el desarme de una supuesta caja negra, pero en realidad lo que están haciendo es quitarle fondos específicos y asignados a parte del tesoro nacional y liberarlos para que sean gestionados con discrecionalidad por el ministro Caputo”.
“Lo que viene haciendo el gobierno es no aprobar ningún tipo de presupuesto, prolongar el presupuesto de la gestión anterior con una inflación acumulada altísima, por lo cual, imaginate que el presupuesto 2023 hoy en día no tiene ningún sentido”, señaló el ex funcionario.
“Así, como el grueso de la plata queda por fuera del presupuesto, lo manejan a discrecionalidad y encima van desarmando todas las estructuras estatales que destinan los fondos a algún fin específico, como en este caso a la integración de los barrios más postergados, de las villas y asentamientos de todo el país”, agregó.
La línea que plante el Gobierno, particularmente el ministro de Desergulación del Estado, Federico Sturzenegger, es que el Estado no debe ocuparse de actividades que las resuelva el sector privado. En este caso, es dudoso que alguien invierta en la urbanización de zonas vulnerables, ya que es juntamente población que por esa condición no tendría posibilidad de pagar para recuperar esa inversión. Ni pensar en generar un rédito económico.
En tal sentido, Del Pino planteó que “el Gobierno tiene una concepción del privado únicamente como la empresa que tiene un fin de lucro, pero eso no es así. O sea, hay muchas fundaciones, ONG o cooperativas que son entidades de gestión privada, pero que no están movidas por un fin de lucro y que el gobierno es hostil frente a eso. Es decir, no solamente hay una opción por el privado, sino por el privado que quiera hacer negocios”.
Y agregó que “este es el sector al que el Gobierno busca beneficiar. Y ni siquiera es a todo ese sector, sino a una parte de ese sector. Una de las críticas que hacen es que el FISU financiaba cooperativas, que son efectivamente entes privados”.
Sobre este último punto, Del Pino recordó que “eso estaba definido por una ley que es la misma ley que crea el Fondo de Integración Socio Urbana, que manda que el 25% de los fondos sean gestionados por cooperativas y organizaciones de la economía popular. Así que lo que estaba haciendo el FISU era cumplir la norma, no haciendo nada extraño”.
“En su momento, en campaña, Milei decía que las familias se tenían que organizar para hacer las cloacas. Bueno, eso es lo que viene sucediendo históricamente, no es lo novedoso. En las villas y asentamientos de todo el país, las familias efectivamente se organizan para hacer las cloacas, para hacer su pasillo, para hacer su tendido de luz irregular, que es un peligro obviamente para todos, pero especialmente para las criaturas. Este dejar hacer no es algo nuevo, sino que y lo que produce es efectivamente barrios irregulares, como sucede en todo el tercer mundo”, señaló Del Pino.
“Previo a que a que gane Milei, algo que solíamos decir era que si queremos saber lo que es la ausencia del estado, tenemos que ir efectivamente a la villas y asentamientos. Ahí la ausencia del estado es realidad, no es promesa, es realidad efectiva. Y lo que pasa cuando no hay estado, sobre todo en lo en donde viven las familias más humildes, es que la vida se precariza, crecen la violencia y la inseguridad. Entonces, a donde nos están llevando es a un proceso de africanización acelerada, de pauperización de la vida de las mayorías populares”.
Respecto del caducado FISU, Del Pino rescató que “fue un área nueva, gestionada por Fernanda Miño, que es una figura que no venía de una trayectoria en la política partidaria y pudo articular con gobiernos de todos los colores, provinciales, municipales, con las iglesias, cooperativas. La verdad es que se gestionó bárbaro”.
Y añadió: “al ser un área nueva también pasó que la estructura era fresca. Hay veces que lo que pasa en el Estado es que, con el tiempo, si no se le pone mucho empeño, las estructuras se van solapando y después cuesta moverlo. Como esta fue un área nueva, entonces fue muy ágil. Esto lo remarco porque creo que es algo de lo que tenemos que tomar nota para el futuro, hay que renovar las estructuras del Estado para hacerlas más ágiles y más efectivas”.
Durante los años de funcionamiento, desde el FISU se implementaron distintas políticas y obras como construcción de viviendas, mejoras habitacionales a partir de programas como “Mi Pieza” y provisión de infraestructura básica, todo con participación de las comunidades.
“Cuando se aborda una problemática tan masiva como es el déficit de infraestructura y de vivienda en los sectores populares, toda acción de gobierno es limitada. No podés resolver todos los problemas al mismo tiempo. Así que tenés que hacer un recorte que de alguna manera, obviamente, al que queda afuera del recorte le resulta injusto Entonces, el Gobierno opera sobre esa sensación de injusticia”, planteó Del Pino.
“Hay dos formas de no ser injusto. Una es resolviendo todo al mismo tiempo, que es imposible. La otra es no haciendo nada, entonces vos no beneficiás a ninguno. Obviamente, al no hacer nada terminás beneficiando a quien no precisa de nada”, agregó.
Y concluyó: “así es más fácil venderse como alguien que no es injusto. Esa es otra una parte del relato que han que han venido construyendo para justificar estos a estos ajustes”.