Por Pablo Bassi | Juan Carlos Schmid, exsecretario general de la CGT, es ahora un eslabón clave en la articulación del abanico multisectorial que el 1° de mayo lanzó el Manifiesto Nacional por la Soberanía: un programa con medidas que ya está en manos del presidente Alberto Fernández.

“Es un documento con lineamientos generales que habrá que ir precisando en un verdadero plan de gobierno, con una filosofía totalmente distinta a la que nos ha tenido acostumbrada la política en los últimos años”, definió en diálogo con Canal Abierto.

“El manifiesto propone un debate sobre temas postergados”, agrega. Entre ellos, una ley de cupo de alimentos y un salario universal social, la creación de un banco de desarrollo y un plan de tierra y vivienda, la sustitución y control estricto de importaciones, un impuesto permanente a las grandes fortunas. 

Schmid califica de “auspiciosa” la pluralidad de convocantes: los trabajadores portuarios de FEMPINRA (que lidera el entrevistado), CTA Autónoma, ATE, los trabajadores de la economía popular de la UTEP, Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, Federación Gráfica Bonaerense, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Consejo Productivo Nacional de las pymes, Federación de Inquilinos, La Cámpora, Unidad Popular, Canillitas y la UOM de Quilmes.

En esta entrevista, Schmid -también presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y secretario general de Dragado y Balizamiento-, responde sobre Vicentín, el pacto social, teletrabajo, el estado general de las paritarias y la actualidad de la CGT.

-El manifiesto presentado al presidente Fernández proyecta, prácticamente, un nuevo Estado con propuestas muy audaces. ¿Es una salida a la crisis profundizada por la pandemia?

-Un documento de esa naturaleza tiene lineamientos generales, que después habrá que ir precisando en un verdadero plan de gobierno. Hay una mirada y un protagonismo sobre el Estado, que el Estado todavía no ha alcanzado. Suelo decir, que el Estado presente en los últimos años en la Argentina no nos sirve: es pesado, burocrático. Necesitamos un Estado inteligente, que intervenga en áreas estratégicas, formateado profesionalmente y que, sobre todo, tenga recursos. De modo tal, que el manifiesto es un planteo general con una filosofía totalmente distinta a la que nos ha tenido acostumbrada la política en los últimos años.

-Suscriben sindicatos de la CGT, CTA Autónoma, movimientos sociales, empresarios, partidos. ¿Qué perspectiva tiene este espacio?

-El de dar un debate postergado. Es bienvenida su ampliación, incluso que el manifiesto sea modificado. Porque al fin y al cabo pueden aparecer ideas nuevas. Si están mejor orientadas, habrá que reformular el documento. Es auspicioso, porque las medidas que ha tomado el Gobierno fueron valiosas, pero atrapadas en la pandemia, recostadas en lo sanitario. Y hay que expresar lo que viene después. No será sencillo desalojar del escenario años de pensamiento académico y de maneras de razonar lo “social”. Cuestiones que ya están asentadas sobre el inconsciente colectivo y que hay que modificar. Y en eso, hay un desafío para el sindicalismo tradicional, porque indudablemente, las plataformas, la economía digital, el teletrabajo aceleraron a caballo de la pandemia. Demostraron que la cosa puede funcionar de otra manera. Entonces, nosotros tenemos la obligación de visibilizar que la sociedad también funciona de otra manera en los lugares donde no llega el Estado (y ahora estoy hablando de los movimientos sociales). Una manera básica y rudimentaria, pero valorando la preservación de la vida. Es interesante que todo esto se amplíe y se sostenga. No sé qué título darle, se lo tendríamos que poner entre todos. 

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-Entre las propuestas, plantean la independización de la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera como instrumento de soberanía alimentaria. La expropiación de Vicentín, por ejemplo, ¿va en este sentido?

-Creo que hay que ser creativos: a veces, nos enamoramos de las terminologías. Soberanía alimentaria tiene, muchas veces, una doble interpretación. Lo que hemos puesto allí, es nuestra idea de lo que es la soberanía alimentaria. Pero en el comercio internacional, esa terminología se utiliza por nuestros clientes para implementar restricciones y obstaculizar nuestros productos en otros lugares.

-Volvamos a Vicentín

-Nosotros creemos que el caso Vicentín es un caso donde hay que intervenir para salvaguardar el trabajo argentino. Segundo, para tener un enclave nacional en un espacio altamente extranjerizado.

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-Proponen también una reforma tributaria, sobre la que AFIP estaría trabajando. ¿Sabe si el Gobierno evalúa implementar alguna de las otras medidas planteadas en el manifiesto?

-Lo desconozco, pero hay que ir hacia una nueva fiscalidad. No solamente por el impuesto a las grandes fortunas. Hay que revisar toda la cadena tributaria. Soy el secretario general del transporte (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), donde hemos confrontado duramente con varias administraciones por el impuesto a las ganancias sobre los haberes. No me anoto entre los que dicen que los salarios altos no tienen que pagar absolutamente nada. Soy polémico, en todo caso. Pero no puede ser que paguemos impuestos los que vivimos de ingresos y nada quienes realizan transacciones financieras.

-El pacto social propuesto por el Gobierno a principio de su gestión parecía encaminado, pero la pandemia vino a desdibujar una posible convergencia de intereses en el corto plazo. ¿Cómo cree que evolucionará esta tensión?

-No hay que gastar la bala de plata en lo que implica un Consejo Económico y Social. La experiencia dice que todos los consejos de este tipo funcionan cuando la economía está más o menos normalizada. El pacto es un paso previo. Creo que si no adoptamos un acuerdo mínimo para recuperar el país, volveremos al tironeo salvaje que nos sometieron los planes económicos. Hay que intentar esa vía, sabiendo que el país creció con los convenios colectivos y la estructura laboral que tiene hoy. 

-La discusión paritaria está congelada, a excepción de un puñado de gremios. ¿Es una incorrección política demandar aumento de salario?

-No puede haber una norma general. Hay rubros de la economía donde la paritaria salarial funciona perfecta y se discute sin problema. En otros, hay problemas. Sí tiene que haber un plan general del gobierno y creo que lo está intentando por las distintas medidas que viene tomando. Para que arranque la economía, tiene que haber consumo y el consumo se da a través de ingresos.

-¿Qué opina del teletrabajo?

-Estuve muy afuera de las discusiones cotidianas. No tengo todos los argumentos, pero creo que no es el mejor momento para regularlo, porque en todo caso tendríamos que haberlo discutido con tiempo, teniendo en cuenta sus consecuencias en la producción y organización social. Esta discusión hay que darla con el trabajo fuera de la casa, con la tranquilidad de discutir una legislación para los próximos años. No estoy a favor de los analistas que dicen “yo tengo mi propio trabajo, lo regulo”. Yo ahí les voy a responder como sindicalista: “Nosotros creemos en el espíritu colectivo y solidario. Estamos en contra del individualismo”. 

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-Mientras era secretario general de la CGT, usted bregó por el ingreso de las organizaciones sociales. Un intento que fracasó. ¿Cuál era la apuesta?

-Que progresivamente se vayan modificando los estatutos para su incorporación. Pasar de un modelo de reglas para asalariados a uno para no asalariados, donde el patrón no está físicamente, no es sencillo. Y que empiecen a formar parte de un movimiento de los trabajadores. Parece un juego de palabras “movimiento obrero” y “movimiento de trabajadores”, pero no lo es, porque supone abandonar nuestra condición de trabajo alrededor de una fábrica, o al servicio de un patrón único o visible. 

-¿Qué debates atraviesa la CGT?

-El ministerio de Trabajo postergó el mandato de sus autoridades, a causa de la pandemia. El año que viene habría elecciones y mi postura es que tal vez, en una discusión franca, en un debate intenso, en un congreso que no sirva sólo para renovar autoridades sino también para elaborar un programa de trabajo que exceda el mandato de una determinada gestión, estaríamos en condiciones de que los que tengan más calidad, más representatividad, mejor criterio político y más contenido, sean electos. Si no, funciona el aparato. Y vale para los sindicatos más combativos y los que no lo son. Vale para todo el mundo, no lo digo únicamente por los que están en CGT. Tiene que haber una discusión mucho más horizontal a la hora de elegir autoridades. 

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