Por Elisa Corzo | El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó esta mañana frente al Ministerio de Salud, en Avenida 9 de julio y Moreno, para exigirle a Mario Lugones una respuesta urgente ante la grave crisis que atraviesa al sector.
“El Gobierno abandona a las personas con discapacidad”, se leía en una de las pancartas que trabajadoras en ambo y chicas en silla de rueda les mostraban a los automovilistas cada vez que se ponía en rojo el semáforo en la avenida más ancha del mundo.
El atraso en los aranceles que se pagan a las prestatarias de servicios -como educación, transporte, rehabilitación, entre otros- fue la demanda central de una jornada que reunió a una multitud, entre personas con discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones del sector, quienes también reclamaron por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proyecto que ya cuenta con cuatro dictámenes en la Cámara de Diputados plantea una recomposición para al menos retrotraer los aranceles a los niveles de noviembre de 2023.
Según denunció durante la jornada el coordinador del Foro, Pablo Molero, por la falta de actualizaciones el atraso en los aranceles ya llega al 73%, lo que vuelve insostenible la continuidad de muchas prestatarias.
“Hemos presentado notas al ministro Mario Lugones en febrero y en abril, y todos los meses le enviamos pedidos al director de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pero seguimos sin ningún tipo de respuesta. Y sabemos que la idea es no dar aumentos porque no hay presupuesto para esto”, señaló el sacerdote, en diálogo con Canal Abierto.
Y sobre la grave situación del sector, sostuvo: “Ya hoy, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, hay mucha gente que pasa a buscar un tratamiento y no lo encuentra, especialmente quienes no tienen ninguna cobertura”.
¿Fin a las auditorías masivas?
Eduardo Maidana, Secretario de AIEPESA, una entidad que nuclea a distintas instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales, se refirió por su parte al decreto firmado hoy que dispuso la derogación de la resolución 187, que establecía auditorías masivas para las pensiones por Discapacidad. “Estamos muy contentos por la derogación de la resolución que hacía de las pensiones una estigmatización”, planteó.
Y agregó: “Esperamos que el Gobierno recapacite en función de cómo auditar las pensiones. No estamos en contra de que las pensiones mal dadas sean quitadas, estamos en contra del maltrato hacia las personas con discapacidad en este tipo de evaluaciones, y de que se les quite a quienes realmente lo necesitan”, aclaró.
En ese sentido, señaló que en Argentina hoy hay dos millones y medio de personas con discapacidad en situación de pobreza, y poco más de un millón de pensiones otorgadas. Por tanto, “hay muchas personas en situación de pobreza que todavía necesitan pensiones para tener acceso a la educación, la salud y los distintos servicios que son esenciales para ellos”, afirmó.
Al respecto también se pronunció Pablo Molero, quien puso el ojo sobre cuál va a ser el nuevo criterio que se aplicará en las auditorías. “Si la decisión es seguir evaluando las pensiones con perspectiva de incapacidad laboral, van a dejar a mucha gente afuera”. Así, “porque muchas de las pensiones existentes se han otorgado por cuestiones de discapacidad y por la situación de pobreza”, detalló.