Por Nahuel Croza | “Desde el territorio de las comunidades Kinxikew y Melo queremos desmentir lo que salió en los diarios de hoy en la mañana (se refiere al lunes 19 de mayo) de que se había frenado el desalojo por una mesa de diálogo”, explica la logko Amancay Quintriqueo, del lof homónimo, desde el resguardo en que las familias mapuches, allegados y amigos resisten la posible ejecución de la medida dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la IV Circunscripción con asiento en Villa La Angostura, Francisco Bonorino.
“No se suspendió porque el juez Bonorino hoy dictaminó que no va a generar la mesa de diálogo, que no va a aplicar el protocolo de la 2302 (ley neuquina de Protección Integral del Niño y Adolescente) y pidió que se avanzara con el desalojo de nuestras comunidades”, explica la referente. “Vamos a seguir resistiendo en nuestro territorio”. Por su parte, las comunidades solicitaron que se abra el proceso de juicio político contra el magistrado al que acusan de parcialidad y de defender intereses contrapuestos con la ley. “Lo vamos a responsabilizar de todo lo que pueda llegarnos a suceder si se ejecuta el desalojo”, destacó Amancay.
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“La intención del juez es no acatar ninguna de las leyes vigentes y seguir adelante con este desalojo. No acepta los pedidos de diálogo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, del obispado neuquino, ni del gobierno de la provincia, que cree profundamente que el diálogo, como nosotros les sugerimos, es el camino”, sostiene el logko Lucas Melo.
Esta mañana el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, mediante una nota oficial enviada al juez sostuvo que el proceso de desalojo afecta a niños, niñas, adolescentes y personas mayores en contextos de vulnerabilidad. El funcionario del ejecutivo neuquino argumentó que la ejecución del lanzamiento sin medidas previas de contención violaría la ley provincial 2302 y tratados internacionales de derechos humanos. Ya, previamente, desde el ejecutivo local se habían ofrecido puentes para establecer una negociación que no pusiera en riesgo a las familias y la paz social en la provincia.
La provincia, además, respaldó el argumento de la lof Kinxikew, sostuvo que la comunidad cuenta con personería jurídica y relevamiento territorial concluido, acreditado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23. Es decir, el Estado argentino ya reconoció que las tierras están ocupadas de forma tradicional, actual y pública por la comunidad.
“Pedimos la recusación de este juez nefasto que ha llegado a Villa La Angostura. Seguiremos resistiendo en el territorio y también seguimos llamando a nuestros lamién, a nuestros weñuy (hermanos y amigos), a que sigan acercándose y acompañándonos en esta resistencia”, concluyó esta tarde el logko Melo en un mensaje grabado para las redes sociales.