Redacción Canal Abierto | Dirigida al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con el título “retrocesos en políticas de protección social hacia las personas con discapacidad en Argentina”, una carta firmada por diversos organismos de la sociedad civil denunció fronteras afuera la emergencia que está atravesando uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“En la presentación realizada el día 23 de mayo, un conjunto de organizaciones denunciamos que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él”, sostienen las asociaciones firmantes.
Con el aporte de documentación que avala el planteo, la carta cuestiona el Decreto 843/24, que viene siendo denunciado desde el sector y que restablece requisitos “que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y objetados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos”.
Como consecuencia, representa un retroceso en materia de derechos, que “reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente”, alegan.
La carta fue firmada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asociación Civil Andar.
Retroceso en derechos
En el mismo sentido, el documento plantea que las auditorías que implementó el gobierno de Javier Milei no ofrecen “garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa”.
“Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos”, detallan.
Todo esto, por otra parte, no fue precedido de un proceso de consulta con los directos afectados por las políticas, ni con sus familias y/o con las organizaciones del área de discapacidad, según lo indica el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que la Argentina suscribe.
Frente a este escenario, la carta solicita al Comité “que inste al Estado argentino a proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados del proceso de auditoría; que exhorte a derogar el Decreto 843/24 y a adecuar su normativa al enfoque de derechos humanos; que requiera la suspensión de las auditorías hasta que se garantice un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad; que asegure la participación efectiva de este grupo en toda reforma legal, política pública o procedimiento que lo afecte; y que exija la adopción de medidas urgentes para proteger su derecho a la protección social”.
En paralelo, este jueves 29 de mayo, a las 10.30 en Plaza Congreso, la Asamblea Discas en Lucha convoca e invita a toda la comunidad a una “ranchada y radio abierta”, en la que personas con discapacidad, trabajadores del área y familiares denunciarán “la alarmante situación del país, consecuencia de las políticas eugenésicas de la ultraderecha en cabeza de Milei”.
Entre estas políticas, mencionan la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su vaciamiento, la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarlas, la “trampa de las auditorías”, la falta de cobertura en prestaciones y medicamentos, y “el corrimiento hacia modelos ya trascendidos que reemplazan derechos por asistencialismo”.