Por Leo Matheos | Durante la mañana de este miércoles un Congreso de la Nación plenamente vallado era testigo de una nueva concentración de docentes, estudiantes y referentes sindicales que agitaban banderas y alzaban la voz para reclamar la recomposición del financiamiento de las casas de estudio, salarios dignos para los trabajadores del sector universitario y la restitución de las paritarias.
Adentro del edificio, concretamente en el anexo de la Cámara de Diputados, legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda, los radicales de Democracia, y hasta dirigentes de la UCR, recibían a un reducido grupo de rectores, gremialistas y representantes de centros estudiantiles que llegaban con un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario bajo el brazo.
Esta nueva iniciativa, cuya base está inspirada en la que Javier Milei vetó en septiembre del 2024, promete “garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”.
Recordemos que el rechazo del Ejecutivo al proyecto anterior fue uno de los principales detonantes para que millones de personas salgan a las calles en todo el país el pasado 2 de octubre para reclamar por la previsibilidad y la sostenibilidad de la educación superior, lo que implicó un golpe directo a la mandíbula de la gestión Milei. Como se dice, entró la bala.
“Es auspicioso que las diputadas y los diputados entiendan la naturaleza del problema pero ahora necesitamos una voluntad política que crezca, porque la ley se defiende con mayorías. Y además se defiende con mayorías cuando posiblemente tenga el veto presidencial lo que va a requerir, otra vez, un esfuerzo público callejero y no solamente de cabildeo para sostenerla”, señalaba Oscar Vallejos, Secretario Adjunto de la CONADU Histórica, al finalizar la cumbre con los legisladores.
En cuanto a la propuesta en concreto, sus impulsores aseguran que puede aplicarse sin poner en riesgo las cuentas públicas del Estado nacional: “Se trata de una respuesta urgente, necesaria y razonable”, sostuvo el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Ante un posible rechazo del gobierno al proyecto, Bertolacci advirtió que “fue la sociedad la que, conmovedoramente, el año pasado dijo que no hay en las universidades ni en el sistema científico un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que tiene la Argentina”.
La intención de los bloques que estuvieron presentes hoy en la reunión es forzar, en la sesión especial pedida para el miércoles próximo, que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación habiliten el tratamiento del nuevo proyecto. Si esto ocurre, se discutiría en comisión el 10 y 11 de junio, y si se logra dictamen, poder votarlo en el recinto el 19 del mismo mes.
Ante ese panorama, los gremios del sector educativo ya avisaron: “Creemos que es necesario reunirnos para una nueva movilización en el momento que la ley finalmente se trate en Diputados”, adelantó la titular de la CONADU Histórica, Francisca Staiti.
Los detalles del nuevo proyecto
La propuesta busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.
En sus 12 artículos, el texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una “proporción universitaria” sobre los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Además, plantea que esto no impactará sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.
También establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
Los gastos operativos de las casas de estudio se actualizarían automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fija una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.
El proyecto contempla, además, la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas -como aquellas vinculadas a la inteligencia artificial-, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar.
Fundamentos sobran
El texto presentando hoy advierte que “más del 70% de trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza” y que el presupuesto 2025 solo cubre “el 50% de lo requerido para su funcionamiento”.
A su vez, ataca el flanco frágil del discurso económico y fiscal del gobierno: “La otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino”.