Redacción Canal Abierto | “Para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, reza el Preámbulo de nuestra Constitución, ese breve pero fundamental -y fundacional- texto que desde La Libertad Avanza hacen el esfuerzo por violentar. Esta vez, con la autocelebrada Reforma Migratoria.
A través del Decreto 366/2025, el Gobierno endureció las condiciones para obtener la residencia y facilitó las deportaciones de extranjeros. Además, estableció cambios en la residencia y el cobro de aranceles en el sistema de salud y universidades públicas.
Aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, evitara mencionarlo, instauró la Ciudadanía por Inversión Relevante. En otras palabras, le puso precio a la ciudadanía argentina.
Publicado en el Boletín Oficial de este 29 de mayo, el DNU modificó de un plumazo numerosas normas nacionales, como la Ley de Migraciones N° 25.871, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Ciudadanía N° 346.
Flojo de argumentos, el texto hace mención a los potenciales riesgos que ocasionaría “la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”. Es decir, que la reforma se plantea en respuesta a las consecuencias de la reforma en la que se inspira, impulsada por Donald Trump, ídolo de Javier Milei.
Para entender los alcances del decreto, Canal Abierto dialogó con Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y especialista en la materia: qué cambia, por qué habla de “una política de la crueldad y espíritu xenófobo” y cuáles son las chances de que zafe la catarata de impugnaciones que se espera caigan en la Justicia: “no sólo es injusto, sino claramente inconstitucional”.
Entrevista: Diego Leonoff
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy y Ramiro Lorenzo.