Por Nahuel Croza y Elisa Corzo | El lunes 17, desde el cuartel de la Policía Montada ubicado en el barrio porteño de Palermo, Javier Milei y Patricia Bullrich oficializaron la reforma de la Policía Federal Argentina, aprobada mediante el decreto 383/2025, que presentaron como el lanzamiento de un FBI argentino. El acto contó, incluso, con la presencia del representante argentino de la agencia estadounidense, Rick Hernández.
“Vamos a reformar el perfil de los investigadores, vamos a capacitar en técnicas investigativas. Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI. Vamos a hacer las inversiones que hagan falta. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”, aseguró el Presidente, a tono con la narrativa oficial y los peligrosos alineamientos geopolíticos.
Sin embargo, para la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, la medida es en realidad una reforma “cosmética y chamuyera”, que por un lado busca provocar al progresismo, algo que claramente le da caudal electoral a Patricia Bullrich, y por otro lado, “extorsionar” a una fuerza en la que ya hay mucho malestar, al habilitar al Ministerio de Seguridad a introducir cambios de manera discrecional. “No se autonomiza la policía, es el ministerio”, resumió la especialista.
“Bullrich quiere estar en el candelero todas las semanas, entonces lo que hace es meter en un decreto que solo debería referirse a las misiones y funciones (de la PFA), elementos que están más asociados a lo que establece o no el Código Penal. Cosas que además ya se aprobaron, como las requisas o el ciberpatrullaje”, explicó la también integrante de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, en diálogo con Canal Abierto.
En paralelo, Frederic afirmó que la reforma en la PFA era una medida necesaria, “el problema es cómo se hace”. “Nosotros dejamos un proyecto para introducir cambios, pero por la vía legal, con participación de las autoridades de la Federal, para encauzar la fuerza a la investigación criminal, que no es lo mismo que la inteligencia criminal”, aclaró.
Ahora, “lo preocupante es el efecto que puede tener la reforma sobre una institución a la que básicamente le cambiaron el nombre, y no mucho más”, dijo en relación a una de las disposiciones del decreto 383/2025, que es la creación del Departamento Federal de Investigaciones o “DFI”.
“Gran parte del decreto -subrayó- deja abierta la posibilidad de que el ministerio de Seguridad avance con medidas que no están escritas”. Por ejemplo, “qué pasa con el cuerpo de infantería, cómo va a ser la carrera profesional de los policías, cómo es el plan de eliminación del escalafón de suboficiales”, planteó.
“Hay aspectos que para afuera o para el progresismo no son preocupantes, pero lo son en el mediano plazo, porque es una institución que la están serruchando sin un formato adecuado, dejándolo librado a la discrecionalidad del ministerio de Seguridad”. Esto, además, con la gravedad de que nadie dentro de la PFA le está poniendo un freno a Bullrich, alertó.
Malestar en la fuerza
Para Frederic, los memes que son viralizados por los mismos uniformados dan la pauta de cómo fue recibido el anuncio en la PFA. “Hay mucho malestar”, aseguró, “porque están pésimamente pagos, porque los mandan todas las semanas a reprimir jubilados, cosa que no deberían hacer porque le corresponde a la Policía de la Ciudad. Tienen una deuda del pago de adicionales de 6 meses y le cambian el nombre a la institución pero sin contenido”, detalló.
En esa línea, la titular del instituto “En Foco”, sugirió leer el anuncio en el contexto de otro hecho que se viralizó días atrás: los videos que denuncian a los federales por robar en comercios de La Salada. “La Federal está hambreada y haciendo cosas que son miserables y por supuesto condenables. Entonces, tiendo a creer que esto está destinado a extorsionar a la institución, al dejar tantas cuestiones abiertas, para que siga haciendo el trabajo sucio y mal pago”, afirmó.
Por último, y en relación a las alertas hechas por distintos referentes de Derechos Humanos, sobre el mayor poder de actuación que la reforma le otorga a la Federal para hacer inteligencia interna, ciberpatrullaje, requisas en manifestaciones, detenciones por averiguación de antecedentes sin orden judicial, entre otras, señaló que es importante denunciarlas pero sin dejar afuera otros aspectos.
En ese sentido, “creo que hay leyes peores, como la “antimafia”, que es peligrosísima. Ahí sí se le da mayor poder a las fuerzas de seguridad y a los fiscales, y está totalmente pensada para persecución política”, advirtió. “Otro tema que me parece preocupante es que hoy no hay nada en procedimientos con investigación criminal profunda en las fuerzas federales. Están totalmente abocadas a reprimir”, añadió.
El nuevo estatuto de la PFA
El lunes 17 de junio, mediante el Decreto 383/2025, el Gobierno Nacional estableció un nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), en reemplazo del vigente desde enero de 1958, establecido por el gobierno de facto con la rúbrica de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas -a través del Decreto-Ley N° 333/58, Ley Orgánica para la Policía Federal.
El estatuto establece un nuevo organigrama, con un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), a cargo de tareas administrativas y de apoyo. Según se explica en lo fundamentos del decreto, los fondos para las modificaciones provendrán principalmente del recorte de nuevos ingresos de personal. Para el financiamiento, se crea además el Programa de Modernización de la PFA.
También se le otorgan nuevas funciones a la fuerza que, como señala el Artículo 4, “depende del Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad Nacional”.
A continuación, detallamos algunas de las novedades que generan mayor preocupación:
Más autonomía para el Ministerio de Seguridad
Al describir las atribuciones de la PFA, el Artículo 5, sostiene que una de ella es “prevenir los delitos de su competencia mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal, guiada por la información, de manera proactiva, en el marco de políticas determinadas por el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, y como auxiliar de la Justicia”. Esto habilita a la PFA a realizar investigaciones e inteligencia a solicitud del Ministerio de Seguridad. Hasta ayer, al menos legalmente, la Federal sólo podía hacerlo a requerimiento de la Justicia.
Estado policial
Otra de las atribuciones pasa a ser “colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad, de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL o, en su caso, de las demás autoridades competentes”. Aquí, directamente, el Ministerio de Seguridad se coloca explícitamente por fuera de los dictados constitucionales y de la Justicia, con una fuerza bajo su mando y que funciona a “requerimiento” de la ministra.
Al margen de la ley de Inteligencia
Así lo determina el artículo 6, al referirse a las facultades de la PFA. Una de ellas (la cuarta) es “efectuar análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, salvo disposición expresa de la autoridad competente”. Cabe recordar que la referida Ley de Inteligencia, sancionada en 2001, impide que se realicen tareas de inteligencia interior salvo que expresamente lo disponga un juez federal.
En la misma línea se inscribe otra facultad (la 5), que habilita a la fuerza a “tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En ambos casos, deberán cumplir con la normativa de protección de datos personales.”
Portación de cara
Contrario a fallos que marcaron jurisprudencia en la materia y de la normativa internacional, el estatuto le otorga a la PFA la facultad de detener a las personas sin orden de juez competente y llevarlos a una comisaría hasta por 10 horas, “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
Ciberpatrullaje
El artículo 11 también otorga permisos a la fuerza para actuar en el ámbito digital sin orden judicial. El punto 11 establece que la PFA puede: “Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”.
Requisas
La PFA tiene, a partir de hoy, la facultad de “realizar requisas personales” sin orden judicial ante distinticas circunstancias concurrentes, entre ellas, en operativos de seguridad en la vía pública, como pueden ser manifestaciones o protestas.
Textualmente: si existen “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, si “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”, y en caso de que “se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
En esos casos, la fuerza podrá inspeccionar “los efectos que lleven consigo (las personas), así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”.