Redacción Canal Abierto | Dos expolicías policías bonaerenses acusados de haber impedido que se investigue el crimen de una desaparecida cuyo cuerpo apareció en 1976 en la costa del Río de la Plata, víctima de un “vuelo de la muerte”, a la altura del partido bonaerense de Punta Indio, fueron absueltos en un proceso que finalizó ayer.
Los imputados fueron juzgados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, conductas consideradas conexas con crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, en el marco de un juicio correccional que se desarrolló ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata. Llonto calificó el fallo como «una basura», y le pidió a Ramos Padilla que renuncie. Alejo Ramos Padilla, el juez, está vinculado al movimiento de derechos humanos desde su nacimiento. Su padre, Juan Ramos Padilla, acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo desde sus primeras denuncias en dictadura. Él mismo fue abogado de Chicha Marinai en el juicio contra Etchecolatz que marco la reapertura de las causas, en 2006.
Ayer, Ramos Padilla la mencionó a la fundadora de Abuelas al comenzar con sus fundamentos para absolver. Se preguntó qué diría Chicha sobre el fallo. El hecho cobra una tristísima significación en tanto, aunque no se pudo confirmar, existe la posibilidad de que la mujer hubiera estado embarazada al momento de su asesinato. Abuelas de Plaza de Mayo incluye la búsqueda de ese posible nieto en su lista de casos.
Las pruebas
Los absueltos son Moisés Elías D’Elía (82), que a la época de los hechos era el titular de la Subcomisaría de Verónica -ciudad cabecera del distrito de Punta Indio, al sur de La Plata-, y Julio César Morazzo (70), por entonces efectivo del Destacamento Cristino Benavides, dependiente de la subcomisaría, quienes en la investigación fueron señalados por no haber seguido el procedimiento que hubiera permitido identificar a la desaparecida Rosa Eugenia Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció en la costa del río el 6 de diciembre de 1976 y fue inhumado como NN en el cementerio de la localidad de Magdalena.
El proceso correccional -es decir, tiene una pena en expectativa que no supera los 6 años de prisión e intervinieron un juez de instrucción- está a cargo del titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, y participan las partes acusadoras la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la jurisdicción -cuya coordinación está a cargo del fiscal general Gonzalo Miranda-, representada por la auxiliar fiscal Ana Oberlin, y la querella de la familia Novillo Corvalán, a cargo de los abogados Pablo Llonto y Rodrigo Cano.
Declararon cuatro testigos: el hermano de la víctima y querellante, Rodolfo Novillo; el sobreviviente de Campo de Mayo, Eduardo Cagnolo -quien sostuvo que se enteró del paso de la víctima por ese lugar-; el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, quien expuso su investigación sobre el hallazgo de cuerpos en la zona ribereña de Punta Indio; y el director provincial del Registro de Personas Desaparecidas, Alejandro Incháurregui, en su carácter de experito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que halló el cuerpo a partir de una investigación documental, luego verificada en la pesquisa judicial.
La Retaguardia transmitió en vivo
El caso
De acuerdo con la acusación fiscal, el cuerpo de una mujer fue hallado sobre la costa del Río de la Plata el 6 de diciembre de 1976. El entonces policía Morazzo intervino como instructor del sumario sobre el hallazgo del cadáver, en el marco del cual sucedió lo siguiente:
La autopsia del cuerpo indicó que la muerte de la mujer se produjo por “destrucción de masa encefálica como consecuencia de estallido de cráneo por disparo de arma de fuego” y el médico interviniente calculó que el fallecimiento databa de diez días antes del hallazgo. Cuatro días más tarde de su aparición en la costa, el cuerpo fue inhumado como NN en el cementerio de la vecina localidad de Magdalena.
En febrero de 1977, el Departamento de Necropapiloscopía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informó al Jefe del Destacamento Benavides de Punta Indio “que se obtuvieron impresiones papilares de las manos remitidas” y que, luego de enviarlas a distintos gabinetes técnicos, “se determinó que las mismas pertenecían a quien en vida fuera Rosa Eugenia Novillo Corvalán”. Aquellos documentos fueron hallados por el EAAF en 1997.
Sin embargo, la identificación de la víctima no fue registrada en las actuaciones policiales y tampoco se hizo gestión alguna “para rectificar la inscripción que se había efectuado en el Registro de las Personas cuando el cuerpo aún no se había identificado”. La novedad tampoco fue comunicada por los policías a cargo a ningún órgano judicial.
De tal manera, la Unidad Fiscal acusó a Morazzo por su intervención como instructor del sumario policial y a D’Elía como su superior responsable. En el pedido de juicio, la fiscalía sostuvo que “los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público por los que se encuentran procesados los imputados, son delitos perseguibles como crímenes de lesa humanidad, ya que constituyen actos delictivos que, como se dijo, formaron parte del conjunto de acciones constitutivas del plan común de violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas en la última dictadura cívico-militar”.
En tal sentido, la Unidad Fiscal consideró que “la omisión de elevar las actuaciones referidas al hallazgo de los cadáveres NN por parte de los funcionarios policiales Morazzo y D’Elía se enmarca en el tantas veces reiterado proceso de secuestro, torturas y desaparición de personas instaurado por el terrorismo de Estado. En particular, los hechos analizados en esta causa forman parte del último eslabón de esta cadena, a través del cual se ocultaba la muerte de la víctima mediante la supresión de su identidad, arrojando sus cuerpos al mar o al Río de la Plata o enterrando los restos como NN o, como en el caso analizado, haciendo todo ello a la vez”.
El cuerpo de Novillo Corvalán fue identificado fehacientemente en 1998. Según pudo reconstruirse en las investigaciones desarrolladas en los fueros federales de San Martín -donde se investigan los crímenes en Campo de Mayo- y de La Plata, Rosa Eugenia Novillo Corvalán fue secuestrada en abril de 1976 en la zona norte del conurbano bonaerense y permaneció detenida ilegalmente en el centro clandestino de detención “El Campito”, donde fue torturada, hasta que fue asesinada y su cuerpo fue desaparecido a través de su arrojamiento al río desde un avión militar que partió desde la base área que funcionaba en la guarnición donde la habían mantenido cautiva. En 2022 cuatro oficiales militares de Campo de Mayo fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín por su homicidio y el de otras tres personas en los “vuelos de la muerte”.
La localidad de Punta Indio se ve conmocionada hace algunas semanas por el peso del juicio, y se vio sacudida por la declaración del suboficial retirado y presidente de La Libertad Avanza en el distrito, Jorge Pablo Cabrera, quien dijo en FM del Sur 103.7 de Verónica “Mi papá tuvo un Falcon verde cuando yo era chico. Abrías el baúl y todavía olía a justicia”. Referentes de los organismos de derechos humanos de la zona y de todo el país calificaron a las declaraciones reivindicativas de la dictadura como una amenaza por el proceso judicial que acaba de finalizar.