Redacción Canal Abierto | La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén emitió un comunicado pidiendo que la Provincia de Buenos Aires intervenga el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén (CGPQ) “ante el inminente riesgo de sufrir treinta y cinco años más de despojos”.
Desde que venció la concesión la organización viene bregando por la creación de una Sociedad del Estado provincial que opere la terminal, propiedad del pueblo bonaerense. Además, la propuesta resalta que de esa manera se podría evitar la evasión y fuga de divisas de las exportadoras transnacionales y recuperar una renta comercial “multimillonaria en dólares, algo imprescindible en una Argentina que sufre una estructural carencia de divisas”.
“El sector agroexportador aporta a la economía argentina 92 de cada 100 dólares logrando un lugar de privilegio en el manejo de divisas y alto poder de fuego político: Definen el rumbo del país, incluyendo la transferencia de la renta agraria a la especulación financiera frenando las actividades productivas, luego fugan sus divisas mediante fraudulentos endeudamientos, ciclo de saqueo que se vuelve a repetir con el gobierno de Milei”, explican.
En julio de 2025 el CGPQ contrató un estudio jurídico privado propuesto por Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) para confeccionar los pliegos que concesionarán nuevamente esta Terminal.
“Más opaca se torna la situación debido a que el Consorcio se ha negado a darnos información sobre el proceso licitatorio, solicitud acompañada y respaldada por más de 400 ciudadanos de reconocidos méritos en defensa de la patria, manteniendo las decisiones del Directorio bajo un “pacto de confidencialidad”. El primer resultado visible de dicha contratación ha sido que el ya abusivo plazo de concesión por treinta años se haya incrementado en cinco más. ¿A cambio de qué?”
“Resulta incompatible que firmas exportadoras privadas operen una Terminal, pues conforman trust que pagan precios sensiblemente inferiores a los productores. Estas maniobras se suman a otras denunciadas por nuestra Asamblea que perjudican a toda la población. Las exportadoras han pasado a ser el poder económico dominante de la región que compran voluntades en la política, sindicatos y medios de difusión, colonizando el pensamiento y los actos de los ciudadanos”.
Entre las anomalías apuntadas, se conoce que el gerente de Terminal Quequén S.A. Daniel Arce, ejerce simultáneamente el cargo de director del CGPQ contrariando lo establecido por la Ley 11.414 y el Régimen de Procedimiento Administrativo, pues posee acceso a información privilegiada y poder de influencia a favor de la actual concesionaria, abiertamente interesada en continuar con la operatoria.
Otro director, Alejandro Pedro Gallego, lo hace en representación de CIARA, corporación que brega a favor de las exportadoras privadas extranjeras, y fue también director de Asuntos Institucionales de la cerealera global Viterra, razones que lo exponen a una manifiesta incompatibilidad.
“Por todo lo expuesto, solicitamos al gobernador la inmediata intervención del CGPQ declarando la nulidad absoluta de todo lo actuado por el directorio en lo concerniente a la licitación para concesionar la terminal e inicie el camino hacia nuestra propuesta en función a los consignado por el art 13 de la ley 24.093 y señalado en el art. 40 de la Constitución de 1949. Usted nos ha llamado a entonar nuevas canciones, el pueblo de su provincia le ha dado el respaldo en las últimas elecciones, iniciemos el “nuevo camino” señalado por usted la noche del 7 de septiembre”, concluye la carta.
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