Redacción Canal Abierto | En respuesta a los pedidos que venían haciendo los grupos económicos interesados, el Gobierno pospuso el cierre de la licitación para la venta de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca del Comahue, que vencía hoy, para después de las elecciones. Ahora la fecha límite para la presentación de ofertas es el 7 de noviembre.
De acuerdo a la resolución 1649/2025, el cambio de fecha tiene como propósito “promover una mayor participación de oferentes en el presente procedimiento licitatorio y, de ese modo, garantizar la obtención de las propuestas más convenientes que permitan maximizar los ingresos del Estado Nacional, resulta procedente prorrogar la fecha de apertura de ofertas”.
La medida se da en respuesta a solicitudes de los grupos económicos interesados, que ante las tensiones políticas y cambiarias en medio del proceso electoral, venían pidiéndole al Ejecutivo que el cierre se pase para después del 26 de octubre. Básicamente, para tener mayores precisones sobre el rumbo político y el precio del dólar, tal como explicaba ayer el periodista especializado, Nicolás Gandini (Econojournal), en diálogo con Pasaron Cosas (Radio con Vos).
Cabe recordar que el camino a las privatizaciones comenzó a allanarse en abril de 2024, con la conformación de las cuatro empresas hoy en venta -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila- como sociedades anónimas. En ese marco, las acciones de las S.A fueron distribuidas entre ENARSA y NASA: 98% para la primera, 2% a la segunda. Luego, mediante el artículo 7 de la ley Bases (27.742) se declaró a ENARSA como “sujeta a privatización” y mediante el decreto 286 se autorizó su privatización total.
Finalmente, el 18 de agosto de este año, mediante el decreto 590, el Ejecutivo autorizó la transferencia de las acciones de las sociedades anómicas a la Secretaría de Energía y la venta de dichas acciones mediante Concurso Público Nacional e Internacional.
¿Quiénes son los grupos interesados?
De acuerdo a Gandini, los grupos que hoy tienen las concesiones -tras dos prórrogas, una con el Gobierno del Frente de Todos y otra este año- son los que más chances tienen de ganar. Estos son: la estadounidense AES –a la que quiere comprar BlackRock– en Alicurá, la italiana ENEL Generación en El Chocón, y Central Puerto en Piedra del Águila. La excepción es Orazul Energy (en manos de Aconcagua desde 2023) en Cerros Colorados, que está en default.
Otro actor que se sumarían es Edison Energía, para intentar hacerse de Cerros Colorados, integrado por empresarios “muy conocidos en el establishment” como Rubén Cherñajovsky, Guillermo Stanley (ex Citi Group, de Inverlat), y el Grupo Neuss, cercano a Santiago Caputo y entre los principales financistas de Fundación Faro. Pampa Energía también suena entre las interesadas.
Lo que se pierde
Las centrales hidroeléctricas en cuestión —ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén— representan alrededor del 15% de la generación hidroeléctrica del país. Fueron construidas entre las décadas del 70 y el 80, en el marco de planes energéticos nacionales, y concesionadas a privados durante los años 90. Esas concesiones vencieron entre 2023 y 2024, momento en el que las represas debieron retornar al Estado.
Sin embargo, en lugar de consolidar una administración pública, federal y transparente, el Gobierno nacional optó por profundizar el modelo privatizador. Esta decisión contrasta de lleno con lo reclamado por sindicatos del sector energético, trabajadores organizados y gobiernos provinciales, que exigían la conformación de un ente público federal para gestionar estas represas de forma soberana, priorizando el interés social y ambiental por encima del lucro privado.
Además, esta ofensiva privatizadora no surgió de un debate democrático ni de una planificación federal. Muy por el contrario -como se vió- fue impuesta desde el Ministerio de Economía en conjunto con la Secretaría de Energía, en una secuencia que comenzó en 2024
El avance del gobierno sobre el patrimonio estatal no se limita a estas represas: también alcanza a Nucleoeléctrica Argentina y a otros activos estratégicos en áreas clave. En este contexto, las políticas de Javier Milei consolidan una lógica de desposesión que afecta no sólo al Estado nacional, sino a millones de argentinos y argentinas que quedarán cada vez más expuestos a un sistema energético guiado por intereses de mercado y no por las necesidades del pueblo.