Redacción Canal Abierto | El pasado viernes 2 de octubre se llevó adelante una Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con el objeto de analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Tendido Eléctrico para conectar a las represas planificadas sobre el río Santa Cruz, Cóndor Cliff y La Barrancosa, al SADI (Sistema Argentino de Interconexión).

La construcción de estos emprendimientos hidroeléctricos, pese a la oposición de organizaciones ambientales, amplios sectores de la comunidad y comunidades mapuche-tehuelches, acabará con la vida del último río glaciario que corre libre en la patagonia argentina, el Santa Cruz.

Estas represas son el proyecto hidroeléctrico de mayor envergadura financiado por capitales chinos fuera de su territorio. Las grandes represas no son consideradas como generadoras de energía renovable por el impacto ambiental que producen. La obra generará un daño irreversible sobre el ecosistema y atentará contra especies en peligro crítico de extinción como el macá tobiano, un ave endémica en la zona.

 

Audiencia “abierta” (para ciudadanos con recurso informáticos y buena conexión a internet)

La audiencia, debido a las restricciones dispuestas por la pandemia, se realizó de forma virtual a través de una aplicación en internet. Por este motivo, las organizaciones de la Coalición por el Río Santa Cruz la cuestionaron y señalaron que es una instancia que debe ser libre y sin restricciones. A pesar de ello, desde el Movimiento Patagonia Libre, “decidimos asistir con el objetivo de que la sociedad conozca nuestros reclamos y la preocupación que el avance de estas obras nos genera”, señalaron en un comunicado.

La audiencia se concretó tres años más tarde de una similar que tuvo lugar en el Senado de la Nación. Pese a los cambios políticos el consenso de los commodities y el extractivismo es el mismo. “De 117 expositores solo 14 personas hablaron a favor del emprendimiento en aquella Audiencia en el Senado”, sostuvo Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, en la ocurrida el viernes.

En esta última, a excepción de las empresas interesadas, el único orador que se manifestó a favor de la obra fue Néstor González, intendente de Puerto Santa Cruz, quien aseveró conocer mucha gente interesada en este proyecto pero que no tuvo recursos para participar, dando razón a las organizaciones sobre las restricciones que imponía el método.

Cabe señalar que el funcionario apareció a último momento, sin estar debidamente inscripto ni informado en el orden del día. “En la audiencia del viernes, todos hablamos en contra de esta obra. Creemos que a González lo llamaron a último momento por lo contundente que estaba siendo la audiencia que duró cinco horas de oposición a las represas y terminó ratificando algo que nosotros dijimos: que la audiencia no era representativa porque mucha gente no podía participar porque no tenía internet”, señaló Sofía Nemenmann de Río Santa Cruz Sin Represas a Canal Abierto.

 

Un proyecto sin fisuras… bueno, sin muchas fisuras

“En este momento, la obra está en marcha. La primera represa, Condor Cliff, está frenada momentáneamente porque hubo varios positivos de Covid-19. Pero en La Barrancosa siguen construyendo”, describe Nemenman. “De todas formas, el 19 de diciembre pasado, tras una falla de cálculos en Condor Cliff hicieron una prueba de fijación y se les abrió una grieta de 20 metros en el muro que habían construido con lo cual tuvieron que reubicar la represa”.

A partir de este hecho, las organizaciones en defensa del río hicieron una nueva presentación judicial, solicitando una medida cautelar para que se detenga la obra hasta tanto se haga un nuevo estudio de impacto ambiental con la reubicación del proyecto. La acción judicial aún no fue contestada por la Justicia.

La Unión Transitorio de Empresas (UTE) Represas Patagonia –conformada por Gezhouba Group Company de la República Popular de China y las firmas argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo– minimizó el evento. Busca así evitar parar la obra hasta realizar los procedimientos adecuados que incluyen un nuevo estudio de impacto y la convocatoria a audiencia pública para debatir los riesgos ambientales y sociales.

La aprobación de la obra se dio a las apuradas. Los organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) no tuvieron tiempo suficiente de analizar los impactos ambientales. “Los “errores” actuales son consecuencia directa de la ausencia de información y la celeridad con la que las autoridades han decidido avanzar con las represas a cualquier costo y con cualquier sacrificio”, señalan desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El macá tobiano, uno de los símbolos de esta lucha por la vida del río y su ambiente.

El megaproyecto estuvo detenido durante bastante tiempo debido a medidas cautelares. La Cámara de Apelaciones rechazó los pedidos realizados por la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Banco de Bosques para frenar la construcción. “Hay otra causa que está manejando Santiago Cané, abogado de FARN, por la obra del tendido eléctrico. Plantean la inconsistencia de separar estas dos obras cuando es claro que son complementarias”, sostuvo Nemenmann sobre la actualidad de los vericuetos judiciales.

 

Dichos de la audiencia

“Hace 20 años se nos reían cuando hablábamos de los peligros del cambio climático y hoy vemos como el planeta se nos incendia. Pero es más fácil tildarnos a los ambientalistas de locos y fanáticos”, sostuvo Hernán Casañas, que desde Aves Argentinas viene advirtiendo que la concreción de la obra acabará con el macá tobiano y pondrá en riesgo a otras especies.

“Para tener derechos, hay que tener wifi. Pido que se declare a esta Audiencia nula de nulidad absoluta”, señaló Cecilia Argañaras del Movimiento Patagonia Libre.

“Dejen de hacer lobby para vendernos trabajo a cambio de destrucción. La gente en el territorio acepta trabajar destruyendo su propio río porque no tiene alternativa, no porque no le interese la calidad del agua que toma su familia”, señaló Sofía Nemenmann.

“Esta obra viola los principios de precaución y prevención de la Ley General del Ambiente. La Corte Constitucional de Colombia reconoció los derechos de sus ríos. Los Derechos del río Santa Cruz también deben ser defendidos”, sostuvo María José Lubertino en nombre de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir.

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