Redacción Canal Abierto | El próximo 11 de agosto vencen los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón Arroyito, ambos sobre el río Limay, y Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, y el 29 de diciembre el de Piedra del Águila, también sobre el Limay. Las cuatro están emplazadas en la provincia de Neuquén, las del Limay comparten jurisdicción con Río Negro.

Estas centrales, construidas y gestionadas por el Estado nacional a partir de los años 60, fueron privatizadas por Carlos Menem a lo largo de la década del 90 con concesiones a 30 años –en la mayoría de los casos–. Los emprendimientos citados fueron adjudicados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor S.A.). Otras 15 centrales de un total de 19, gestionadas por esta empresa o por Energía Eléctrica S.E. (AYEE S.E.), tuvieron el mismo destino y terminaron en manos de sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

La Secretaría de Energía de la Nación mediante la resolución 574/2023 del 11 de julio, dispuso que una vez vencido el plazo se extiendan las concesiones por 60 días corridos a las concesionarias AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila). También designó a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedora de las centrales hidroeléctricas.

Jonatan Núñez es historiador, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Grupo Geopolítica y Bienes Comunes, que trabaja la cuestión energética. Sobre los intereses que se mueven alrededor de las concesiones, explica a Canal Abierto:

“Las empresas, grandes holdings de energía, grandes actores, extranjeros y grupos intermediarios locales que están multi implantados, son intereses que sin duda tienen capacidad de lobby, incidencia en las agendas programáticas de los partidos que muy probablemente ganen y gobiernen a partir de diciembre de 2023. También hay un interés de parte de las provincias, aduciendo que la Constitución Nacional (tras la reforma de 1994) habla de la tenencia de los recursos como propiedad de las provincias, y del Estado nacional que, como principal inversor de estas hidroeléctricas, pretende volver a tomar control de las mismas”.

Las centrales hidroeléctricas son las responsables de generar un 27% de la electricidad consumida en Argentina. En este grupo de 19 grandes represas que podrían volver a control estatal, no están incluidos los emprendimientos binacionales de Yacyretá-Apipé y Salto Grande que son los de mayor potencia instalada.

“Nuestra apuesta es para que estén bajo control del Estado nacional con una supervisión de los trabajadores y de las poblaciones, porque no hay que dejar de tener en cuenta que hay una incidencia ecológica por el funcionamiento de las centrales. Un control soberano y en clave popular”, señala.

Las represas poseen un promedio de amortización de 30 años. La inversión en el Chocón y Cerros Colorados, por ejemplo, recién hubiera sido recuperada en 2007 y 2010, por solo citar dos casos representativos.

“El Estado invirtió en la construcción de las centrales hidroeléctricas que tienen una amortización de largo plazo, y una vez que esa inversión podía comenzar a generar regalías para el Estado inversor, las centrales fueron concesionadas a privados. El Estado invirtió dinero público y fueron privados quienes hicieron usufructo de esa inversión. Nuestra apuesta teórica y política es que se recuperen las hidroeléctricas a manos del Estado al servicio de las grandes mayorías que fueron las que pusieron el dinero para su construcción”, explica Núñez.

 

Reestatizar es la clave

“En lo que tiene que ver con seguridad energética y con soberanía es clave que haya un control por parte del Estado de las decisiones que se toman sobre estas hidroeléctricas”, explica Núñez.

Las actuales concesionarias son grandes grupos, algunos extranjeros como Enel –empresa privada controlada por el estado italiano que es su accionista mayoritario. Es la multinacional que controla Edesur–, AES (Applied Energy Services) con sede en Virginia, Estados Unidos, y otros con base local como Pampa Energía, controlada por el grupo del empresario Marcelo Mindlin.

En todos estos años, “la renta hidroeléctrica no generó inversiones de peso en torno al desarrollo de nuevas fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. La privatización no contribuyó a la creación de un mercado abierto y a una reducción de tarifas, sino a un oligopolio energético-financiero con una dinámica de comportamiento con tendencias hacia la colocación de divisas en el exterior”, sostiene Núñez junto a Bruno Fornillo y Martín Kazimierski en el informe titulado “Desprivatización hidroeléctrica”. Entonces, una inversión pública termina siendo un factor de fuga de dólares que favoreció el desequilibrio de nuestra balanza de pagos.

Entrevista: Nahuel Croza

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