Redacción Canal Abierto | Un operativo policial de escala bélica en las favelas de Complexo do Alemão y Penha de Rio de Janeiro dejó este martes al menos 132 personas muertas —entre ellas cuatro policías— y más de 80 detenidos
La ofensiva, que movilizó a alrededor de 2.500 agentes, helicópteros y blindados, fue celebrada por sectores del poder local como un “golpe contra el narcotráfico” contra el Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en Brasil.
En cambio, para muchos vecinos, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales se trató del día más sangriento de la política de “exterminio” que lleva años impulsándose desde la órbita del bolsonarismo en el estado.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, aclaró que el gobierno local actuó por su cuenta y sin apoyo de las fuerzas federales. Calificó la acción de “fuerza bruta” y expresó condolencias a las familias de cuatro policías muertos y a los “inocentes que perecieron” durante la redada.
«Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca o por la espalda, y colgadas de los árboles”, denuncian varios medios locales, que informaron también la detención de 81 personas, el decomiso de 90 fusiles y la utilización de granadas por parte del grupo narco.
Desde que asumió como gobernador de Río de Janeiro tras la destitución de Wilson Witzel en 2020, Cláudio Castro consolidó un modelo de poder que combina la estética y el discurso del bolsonarismo con una gestión marcada por la represión policial, el fundamentalismo religioso y la connivencia con las élites económicas y del crimen organizado.
Afiliado al Partido Liberal (PL) —el mismo de Jair Bolsonaro—, Castro se define como “cristiano y conservador”. Músico católico y abogado de profesión, construyó su carrera política desde los despachos municipales cariocas, pero fue la ola de la ultraderecha la que lo catapultó al gobierno del segundo estado más poblado del país. En 2022, ya como delfín directo del expresidente, fue reelecto con casi un 60 % de los votos.
El laboratorio de la represión
Río de Janeiro se ha convertido en el laboratorio más extremo de la política de “mano dura” que el bolsonarismo instaló como respuesta al narcotráfico y la inseguridad. Bajo la gestión de Castro, las incursiones policiales en favelas —especialmente las del BOPE y la Policía Civil— se multiplicaron y alcanzaron niveles récord de letalidad.
Solo en 2024, más de 1.300 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en el estado, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP). Las operaciones suelen dejar un saldo devastador: civiles muertos, viviendas destruidas y un clima de terror permanente en comunidades como Jacarezinho, Maré o Complexo do Alemão.
Lejos de condenar estos hechos, Castro los celebra públicamente como victorias del Estado. Tras la reciente masacre de Río —una de las más sangrientas en los últimos años— el gobernador justificó la acción policial asegurando que “la violencia solo se combate con fuerza”. Su discurso, calcado del de Bolsonaro, refuerza la lógica de guerra interna que criminaliza a la pobreza y legitima el accionar letal de las fuerzas.
En la misma línea, la semana pasada Flávio Bolsonaro -senador federal e hijo del ex mandatario- había sugerido a EE UU que atacara embarcaciones en la bahía de Guanabara frente a Río. Según acusó, aunque sin pruebas, muchas de estas navegarían cargadas de droga.
Fe, poder y negocios
Católico militante, Castro suele acompañar sus discursos con citas bíblicas y referencias a la “misión divina” de gobernar. Esa retórica religiosa se traduce en una agenda moral conservadora: oposición al aborto, ataques a las políticas de diversidad sexual y alianzas con grupos evangelistas y carismáticos católicos, que constituyen una base clave de su poder territorial.
Paralelamente, su gestión se ha alineado con los intereses empresariales que dominan la política fluminense. Promovió la privatización de la empresa estatal de agua y saneamiento (CEDAE) y concesiones viales bajo el argumento de la eficiencia, medidas celebradas por el sector financiero y criticadas por los sindicatos y movimientos sociales.
Continuidad del modelo bolsonarista
Aunque Bolsonaro ya no ocupa el Planalto, su ideario sigue vivo en gobiernos como el de Castro. Su administración es parte del dispositivo territorial que el bolsonarismo conserva en el sudeste brasileño —junto a São Paulo y Espírito Santo— y cumple un rol estratégico en la normalización de la violencia institucional como política de Estado.
Los organismos de derechos humanos locales e internacionales han denunciado que en Río de Janeiro se consolida un régimen de excepción de facto, donde los barrios populares son tratados como zonas enemigas y la policía actúa con impunidad garantizada.
En tierra carioca, la violencia institucional no es un efecto colateral, sino una herramienta de gobierno. Y Cláudio Castro, con su guitarra y su crucifijo, es su ejecutor más devoto.