Por Elaine Amorim | Hace algunas semanas la atención de los medios, autoridades de diferentes países, movimientos sociales y ambientalistas se direccionó hacia la Amazonia brasileña, deteniéndose en las quemadas de la floresta amazónica y en sus impactos para el medioambiente. La magnitud de los incendios registrados, sobre todo en el mes de agosto, tuvieron efectos inmediatos no solo en las ciudades de la región, sino también en localidades lejanas, como fue el caso de “la tarde negra” en San Pablo, provocada por partículas del humo que había bajado desde la floresta.

De acuerdo con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), la incidencia de incendios en la floresta amazónica está directamente relacionada con la acción humana, pues el fuego utilizado para limpiar el terreno desforestado sigue el camino de la desforestación. Eso significa que cuánto más derrumbada está la floresta, mayor es el número de focos de calor. Ese cuadro tiende a agravarse cuando hay sequía extrema y prolongada, causada por largos periodos sin lluvia que reducen la humedad del suelo. Sin embargo, si bien la sequía extrema es uno de los factores generalmente asociados a los incendios forestales, como se observó en períodos anteriores en que hubo una reducción de la desforestación, la mayor ocurrencia de incendios en los últimos meses ha sido asociada con el aumento de la desforestación. Eso es lo que indica una nota técnica de IPAM, según la cual, a pesar de que la sequía de este año fue mucho más suave que en otros períodos, la cantidad de focos de incendio registrada hasta julio de 2019 fue mucho más grande que la de los últimos cuatro años. Otro dato importante señalado por el instituto es que las diez municipalidades amazónicas que más registraron focos de incendio fueron también las que sufrieron mayores tasas de desforestación.

Esa situación se contrasta con la reducción de la desforestación observada entre 2004 y 2012. Según datos citados por el economista Ricardo Abramovay, el área desforestada correspondía a 27,7 mil kilómetros cuadrados en 2004, la cual fue reducida a 4,4 mil kilómetros cuadrados en 2012. A partir de este año la tasa de deforestación se invirtió, aumentando el 50% entre 2015 y 2016, en relación al año de 2014. Para se tener una idea, el tamaño del área forestal que Amazonia perdió correspondía, en 2017, al doble de la superficie territorial de Alemania.

¿Por qué ese retroceso y a qué intereses atiende? Para responder a esas preguntas es necesaria una breve caracterización de la propia Amazonia, pues al mismo tiempo que mucho se dice sobre su importancia para la mejoría de las condiciones climáticas del planeta, poco se explicita al respecto de sus características económicas, sociales, culturales, así como sobre quiénes son sus habitantes y bajo qué condiciones viven.

Al contrario de un espacio vacío demográficamente,  Amazonia es habitada por 25 millones de personas, una parte de ellas conocidas como los Pueblos de la Foresta, que corresponden a los ribereños, los indígenas, los “quilombolas” (mayoritariamente negros que habitan asentamientos rurales conocidos como “quilombos”, creados por esclavos fugados durante la esclavitud), entre otras poblaciones originarias. Esa diversidad manifiesta entre las diferentes poblaciones vinculadas original y tradicionalmente a la tierra, se extiende también a cada una de ellas. Eso puede ser confirmado con el siguiente ejemplo: sólo en las Tierras Indígenas de Amazonia viven 170 pueblos, o sea, un total de 450 mil indígenas que hablan lenguas de 14 diferentes troncos lingüísticos. Además, se estima que existan 46 grupos indígenas totalmente aislados, o sea, que tuvieron poco o ningún contacto con otros grupos.

Las Tierras Indígenas es una de las diversas modalidades de áreas territoriales federalmente protegidas (como las reservas extractivitas, parques, forestas nacionales, entre otras) existentes en casi la mitad de la Amazonia. La conservación de esas áreas es fundamental para la protección de los pueblos tradicionales con sus culturas y conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, así como para la preservación de la biodiversidad, de los recursos hídricos, la purificación del aire, entre muchos otros aspectos.

A pesar de la existencia de esas áreas protegidas, las mismas no fueron acompañadas en los últimos años por políticas públicas que garantizasen su efectiva protección ambiental. Ese es el caso de las Tierras Indígenas que están expuestas al riesgo de ser invadidas o depredadas, lo mismo cuando son demarcadas, o sea, cuando su extensión y límites territoriales están asegurados a los indígenas y no pueden ser ocupados por terceros. El hecho de que sean ricas en maderas y recursos minerales o metálicos, como el oro, es un atractivo para actividades económicas ilegales, como la explotación de madera y  los llamados “garimpos”, que son minerías ilegales construidas en el medio de la foresta, devastando el suelo, los ríos y la naturaleza a su entorno.

De acuerdo con los análisis y relevamientos hechos por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), se estima que solo en la Tierra Indígena Munduruk, en el Estado de Pará, fueron instaladas más de 500 minerías ilegales. Los datos indican que en 2018 hubo un aumento de la explotación ilegal de los recursos naturales y de las invasiones a esas tierras, así como del número de indígenas asesinados.

Llama la atención, según CIMI, la forma por la cual la invasión se ha concretado, pues mientras antes los invasores invadían la tierra, sacaban los recursos naturales deseados y se iban, ellos pasaron a invadirlas con el objetivo de permanecer en ellas, llegando al punto de vender los lotes de terrenos usurpados.

Además de las madereras y minerías ilegales, las tierras de la floresta amazónica han sido ocupadas también por actividades agropecuarias, con especial destaque a la plantación de soja, cuya área ocupada aumentó cuatro veces desde 2006, pasando de 1,4 millones a 4,5 millones de hectáreas en la cosecha de 2016/2017. Lo que se percibe en esas tierras es también el avance de un modelo agrario basado en el uso intensivo de tecnología, que genera impactos ambientales y se diferencia de los modos de organización y producción practicados por los pueblos tradicionales. Se trata justamente del avance del agronegocio sobre la región.

Por último, es importante tener en cuenta los intereses y el poder ejercido por las grandes empresas transnacionales sobre Amazonia, que disputan la explotación de la producción extractivista tradicional, el uso de la potencialidad hídrica y de los suelos, como el control y la expansión de territorio en la región, por medio de la implementación de grandes emprendimientos de infraestructura.

Esos datos explicitan los diferentes intereses presentes en la Amazonia que entran en confrontación con los derechos de los pueblos tradicionales, con la preservación ambiental y con el desarrollo de un modelo económico y social que posibilite mejorías en el padrón de vida del conjunto de la población amazónica. A pesar de ser considerada como la mayor biodiversidad del planeta, la Amazonia siempre estuvo relegada a una posición periférica en el ámbito nacional. Eso se observa, por ejemplo, en el hecho de que su  población tiene las peores condiciones de vida cuando es comparada con las demás regiones. Aspecto relacionado, según menciona Abromovay, a un modelo de desarrollo caracterizado fuertemente por la desforestación, es el uso extensivo de los recursos naturales y los conflictos sociales. Es decir, un modelo que estimula la depredación de la naturaleza.

Para concluir, no es posible pensar el aumento de los incendios registrados en los últimos meses sin relacionarlo con las deforestaciones, con los intereses de clase de diferentes sectores sociales sobre la región y con las políticas direccionadas al área ambiental que, entre otras medidas, redujo a  principio de año el presupuesto destinado al control, combate y fiscalización de los incendios. Detrás del fuego de las quemadas hay un proceso de intensificación de la disputa por el acceso y explotación de la región amazónica que podrá afectar las condiciones climáticas de todo el mundo, pero que ya está impactando de modo más directo a la población de esa región y, en destaque, a los pueblos de la foresta, cuyos derechos a la tierra han sido expuestos a diferentes formas de contestación y violación.

 

Amorim es Socióloga (Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas, Sao Pablo, Brasil), radicada en Buenos Aires, integrante del Laboratorio de Pensamiento Popular-ATE / CTA-Autónoma.

 

Foto:  Nacho Yuchark, para Lavaca.

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