Redacción Canal Abierto | En una audiencia celebrada en la Universidad de Miami, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó durante más de dos horas a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y reporteros gráficos que denunciaron un deterioro serio de las condiciones para ejercer el periodismo en la Argentina. Participaron FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional, sindicatos de prensa como SiPreBA y FATPREN y fotógrafos de ARGRA, entre otros espacios. Las organizaciones señalaron que en el último año se agravaron las agresiones, el hostigamiento digital y la judicialización de trabajadores de prensa.
La presidenta de FOPEA, Paula Moreno, habló de un “deterioro veloz y pronunciado” del clima para el periodismo, con tres factores centrales: el aumento de agresiones (especialmente en redes), el uso de la justicia para amedrentar comunicadores y la violencia física durante protestas.
El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA registró 179 agresiones en 2024, un 53% más que en 2023, y un récord de 257 en lo que va de 2025, superando el máximo histórico.
#194PeríodoCIDH | #CIDHAudiencias | #Argentina: Situación de libertad de expresión
👉🏾 Organizaciones alertaron sobre el grave deterioro del clima para el ejercicio periodístico en Argentina, con reportes de violencia en línea, hostigamiento y estigmatización por parte de altas… pic.twitter.com/7wslC1e2Ia
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 20, 2025También se presentaron casos individuales: Hugo Alconada Mon detalló que, tras revelar un presunto plan de espionaje, sufrió intentos de hackeo y amenazas; Julia Mengolini denunció una campaña de odio y múltiples mensajes públicos en su contra desde la Presidencia, además de acciones penales.
“En mi caso, en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija”, dijo la directora de Futurock.
Desde los sindicatos de prensa y de reporteros gráficos advirtieron sobre la “normalización” de ataques policiales en manifestaciones y recordaron el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un proyectil.
Hugo Wortman Jofré alertó sobre la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública y planteó que la Justicia se usa como herramienta para amedrentar a periodistas, generando “un ambiente de miedo” que incentiva “la autocensura”.
La posición del Estado argentino
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó la existencia de un plan sistemático contra la prensa y sostuvo que se trata de “hechos aislados”. Planteó que las audiencias con la CIDH son espacios temáticos de diálogo y no instancias para presentar casos particulares. También buscó que de avanzar hacia una visita de la CIDH, antes se acuerde una “hoja de ruta” que garantice cooperación y evite que el Estado sea colocado en una posición contradictoria o de exposición injusta.
El polémico funcionario nacional disparó sin sonrojarse ante los especialistas globales:
“Derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”.
La respuesta de la CIDH
La secretaria Ejecutiva del organismo internacional, Tania Reneaum Panszi, respondió que las situaciones denunciadas no son hechos puntuales sino una tendencia marcada por amenazas, criminalización y hostigamiento a periodistas y activistas. El relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, remarcó que la palabra de un gobernante “no es una voz cualquiera” y que el discurso oficial puede tener impacto directo sobre la seguridad de la prensa. El presidente del organismo, José Luis Caballero Ochoa, manifestó el interés de realizar una visita al país para profundizar el monitoreo.
El alto funcionario destacó el historial argentino en materia de derechos humanos y planteó que la visita sería una forma de fortalecer esa tradición.
Las organizaciones sociales, por su parte, consideraron que la presencia del organismo es clave para evitar la naturalización de las agresiones y para contar con un “ojo externo” que contribuya a frenar el deterioro. El Gobierno rechaza la idea de una persecución estructural, pero afirma estar dispuesto a mantener el diálogo.
FOPEA, Poder Ciudadano y otras entidades solicitaron que la CIDH envíe una misión oficial acompañada por el relator de libertad de expresión, que elabore un informe exhaustivo sobre la situación en el país y que inste al Gobierno a revertir medidas que consideran regresivas.
La posible misión de la CIDH se instala así en un clima de máxima preocupación por la situación de la libertad de prensa. Mientras periodistas y organizaciones denuncian un escenario de violencia física, hostigamiento digital y avances judiciales contra quienes informan, el Estado busca sostener que no existe un patrón sistemático. La visita del organismo interamericano podría convertirse en un punto de inflexión para evaluar, con mayor detalle, el grave estado actual de los derechos y garantías para el trabajo periodístico en la Argentina.
Foto principal: Francisco “Paco” Rabini (SiPreBA), atrás Paula Litvachky (CELS), Julia Mengolini (Futurock), y Claudio Jacquelin (FOPEA) en captura de video