Redacción Canal Abierto | Por decreto 435/2023, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el gobierno nacional creó la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy ante “los gravísimos hechos represivos ocurridos” a raíz de la aprobación y tratamiento exprés de la reforma de la Constitución provincial.

“Diversos organismos internacionales de derechos humanos, con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, han expresado su preocupación sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”, expresa entre sus considerandos el texto del decreto. En el mismo se detallan las intervenciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo a lo que establece el decreto, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes. El desempeño de los integrantes tendrá carácter ad-honorem.

Este equipo tendrá a su cargo las tareas de:

  • Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional.
  • Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del ACNUDH, relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas en la provincia.
  • Elaborar un Informe que será puesto en conocimiento del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

La norma establece que la Comisión será coordinada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, cargo que al momento desempeña Mariano Przybylski, e integrada por la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos –Gabriela Laura Kletzel– y por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, que serán designados por el Ministro de Justicia.

Por último, se establece un plazo de 60 días corridos para elevar el informe previamente señalado.

Antecedentes

Esta iniciativa del Ejecutivo surge como propuesta y compromiso del Presidente Alberto Fernández tras la reunión con una delegación del Tercer Malón de la Paz mantenida el viernes 18 de agosto en la Quinta de Olivos. Los representantes de las comunidades originarias jujeñas ya llevan un mes de permanencia en la ciudad de Buenos Aires reclamando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la reforma promovida por Gerardo Morales. Los cortesanos ni siquiera se dignaron a recibirlos.

En dicha reunión, los delegados y delegadas le manifestaron al primer mandatario que la reforma de la constitución provincial no cumplió con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales y que durante el ejercicio de la protesta se han violado derechos fundamentales. También denunciaron el hostigamiento y persecución por parte de la fuerza pública provincial.

El 20 de junio de 2023, en un comunicado la CIDH llamó al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.

Por su parte, el ACNUDH comunicó a las autoridades provinciales su preocupación por las actuaciones de sus fuerzas de seguridad y señaló que algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado no se encuentran en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Foto: Luciano Dico

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