Redacción Canal Abierto | El reciente anuncio del gobierno bonaerense de no renovar 19 contratos en Radio Provincia —que vencen el 31 de diciembre y expiran a partir de enero— encendió alarmas en el ámbito de los medios públicos.
Se trata de personas que desde hace al menos dos años cumplían funciones de planta: operadores técnicos, locutores, periodistas, operadores de video, community managers.
Oficializada por la dirección del medio -bajo la órbita del Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires-, la decisión implica un “vaciamiento virtual” de la emisora, especialmente de la señal FM 97.1, cuyos equipos sufrirían un fuerte recorte operativo.
Las organizaciones sindicales rápidamente salieron a repudiar la decisión. En un comunicado conjunto, ATE, UPCN y SipreBo anunciaron que se declaraban en “asamblea permanente” y convocaban a un plan de lucha en defensa de la fuente laboral.
Los gremios apuntan no solo al recorte de personal, sino al significado institucional de la medida: cuestionan lo que parece ser un desmantelamiento de un medio público esencial, en tiempos en que otros espacios de comunicación estatal también atraviesan crisis de vaciamiento o ajuste.
Al mismo tiempo, en un momento donde medios privados hegemónicos concentran aún más el mercado comunicacional, un recorte así en un medio estatal debilita una herramienta clave de pluralidad informativa y de acceso a voces diversas, algo que sectores gremiales consideran especialmente preocupante.
En declaraciones recientes, el delegado de ATE y trabajador de la emisora, Sebastián Moyano describió la situación como “un baldazo de agua fría: hasta hace poco hablábamos de expandir el streaming y reforzar equipos. Por eso nadie entiende esta decisión”.