Redacción Canal Abierto | El Grupo de Familiares de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz presentó ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py una denuncia penal contra la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y el militante libertario Alfredo “Rino” Gammariello por reivindicar a los vuelos de la muerte perpetrados por la dictadura.
Además, durante el ignoto streaming FDC del sitio Ánima Digital -todo low cost-, también se burlaron de las víctimas de la represión policial y de Santiago Maldonado.
“Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar; y si se tiran por algún lado del sur, también se ahogan”, señaló Gammariello, ante la risa de Lemoine y Sarubbi Benítez.
Pero el despliegue humorístico de nivel molecular no finalizó allí.
“Los kukas no son waterproof”, dijo otra columnista, provocando más carcajadas en la legisladora.
—Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil putas de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó —arrancó Sarubbi Benítez.
—Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata —completó Gammariello, quien, según La Nación, fue custodio privado de Karina Milei.
—Cuarenta años, todavía no los encontraron. No hay que hacerse el pícaro —cerró el conductor.
El hecho se inscribe en una avanzada del Gobierno contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que tiene como uno de sus pilares la aceleración del discurso negacionista y apologista emanado desde las máximas autoridades nacionales. Todo fue relevado en un extenso informe elaborado por organismos de DDHH.
El organismo de derechos humanos que componen, entre otros, familiares y compañeros de víctimas del terrorismo de Estado arrojadas al mar desde los aviones de la Armada, denunciaron que los tres cometieron “el delito de apología del crimen”, en base al artículo 213 del Código Penal. Para los denunciantes, las expresiones se vertieron en un contexto “discriminatorio” como el que está expuesto en el artículo 2 de la ley 23.592
“Cómo es de público conocimiento nuestros familiares fueron secuestrados, torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y asesinados en uno de los vuelos de la muerte, el 14 de diciembre de 1977”, dice el comunicado.
“Con el convencimiento que estos delitos deben ser sancionados con todo el rigor que permite la ley vigente –argumentan-, ya que no son meras expresiones vertidas en un programa, sino que constituyen una incitación a la violencia, al odio y un ataque directo a la convivencia democrática, en la cual hemos decidido vivir la mayoría de los y las argentinas”.
“Estas declaraciones constituyen una reivindicación del terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad y de sus ejecutores”, advierten, y reclaman:
“Los familiares hemos cumplido con nuestra parte, por lo que exigimos que los diputados y diputadas de la Nación, que fueron elegidos para defender la democracia, expulsen a la diputada Lemoine, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones e inhabilidad moral sobreviniente. Su continuidad en esa Cámara constituye la degradación de la misma y una afrenta al pueblo argentino”.
En ese sentido, el mismo espacio y otros organismos presentaron la semana pasada pedidos a la Cámara de Diputados para que expulse a Lemoine del cuerpo legislativo.
“No alcanza con declaraciones de repudio, es momento de poner un límite a tanta impunidad, utilizando las facultades disciplinarias con las que cuenta la Cámara”, dicen Los 12 de la Santa Cruz.
“Seguiremos defendiendo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que supieron ser políticas de Estado en nuestra patria. Esperamos que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias e investigue y sancione de acuerdo a la ley vigente”, finalizan.
En diciembre de 1977, varios grupo de familiares de desaparecidos que se reunía en esa iglesia del barrio porteño de San Nicolás y había sido infiltrado por Alfredo Astiz fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Luego fueron arrojados vivos al mar, que mas tarde devolvió cinco cuerpos en Santa Teresita.
Los secuestrados fueron las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga; los familiares Ángela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila y Patricia Oviedo; los militantes Horacio Elbert, Raquel Bulit y Daniel Horane y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.